La sociedad civil organizada volvió a alzar su voz por la justicia: la reelección del magistrado José Ayú Prado como presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el bienio 2016-2017 representa “un total contrasentido” y no contribuye a restaurar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
La Alianza Ciudadana Pro Justicia va más allá y este martes solicitó públicamente la renuncia de Ayú Prado a la presidencia de la CSJ, “como primer paso para enmendar el error cometido y poder generar algún nivel de tranquilidad en la opinión pública”.
La Alianza –que representa a una veintena de gremios cívicos y profesionales- hace un repaso a la trayectoria más visible de Ayú Prado: fue designado procurador de la Nación cuando Giuseppe Bonissi renunció tras descubrirse una red de funcionarios vinculados al narcotráfico, “lo que luego no se investigó”; fue acusado de coacción por el florista César Segura y el exjuez penal Alexis Ballesteros; estuvo “vinculado públicamente” al escándalo de la casa de valores Financial Pacific –hoy en proceso de liquidación–, “y que luego se dice que recibió como pago su nombramiento como magistrado por parte de Martinelli”.
La sociedad civil no pasa por alto la actuación de Ángela Russo y Cecilio Cedalise a pocas horas de ser juramentos como magistrados de las salas Civil y de lo Contencioso Administrativo respectivamente, el pasado 3 de enero. Ese día, Ayú Prado se reeligió con los votos de Russo y Cedalise; este último, pese a su condición de recién llegado, fue quien propuso su nominación al resto del pleno. Este hecho “es la muestra más evidente de que los dos últimos nombramientos en la Corte Suprema no representan ningún cambio hacia una política, transparencia e independencia”.
Russo y Cedalise fueron designados por Varela, luego de someterse a un proceso –hasta ahora inédito- de consultas y evaluaciones ciudadanas que incluyó al Pacto Ciudadano Pro Justicia y otras organizaciones de la sociedad civil. “Sin embargo, los parámetros de selección de 10 candidatos y de los dos nominados y confirmados como nuevos magistrados solo los conoce quien los escogió: el Consejo de Gabinete, por lo tanto, la calidad de las actuaciones de estos reflejará, quiéralo o no, su decisión”, señala el Movimiento Independiente (Movin), en una nota de prensa divulgada este martes.
“Lamentablemente, la primera actuación de los nuevos magistrados ha puesto en duda su independencia de criterio, su liderazgo, abonando con ello la desconfianza ciudadana”, remarca Movin.
El Consejo de Gabinete tiene pendiente cuatro designaciones en la Corte: la de un magistrado principal en la Sala Contenciosa Administrativa –que ocupará el puesto que dejó el destituido Alejandro Moncada Luna el año pasado– y de tres suplentes: los de Russo, Cedalise y Ayú Prado. Varela ha dicho que esta selección la hará sin participación ciudadana. Movin insiste en que es importante que se divulguen los parámetros de selección y que se garantice “que serán personas con independencia de criterio, firmeza de carácter y sin ningún tipo de conflicto de interés que ponga en duda la legitimidad de sus actuaciones”.
