“A [Alejandro] Moncada Luna el poder lo obnubiló. No lo supo manejar”.
La frase es de Ana Bouche, la mujer que trabajó al lado del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) durante 19 años.
Bouche conoce cada uno de los capítulos de la vida jurídica del exmagistrado; fue su asistente, su confidente.
Tanto así que su declaración fue la prueba sumaria que dio paso a la investigación que adelantó la Asamblea Nacional, luego de que se diera a conocer que Moncada Luna adquirió, por $1.7 millón, dos apartamentos en Coco del Mar, uno de ellos al contado.
Los resultados ya se conocen: el exmagistrado purga una condena de cinco años de cárcel por enriquecimiento injustificado y falsedad.
Esta vez, Bouche acudió a la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, que adelanta una investigación por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, en la que están señaladas, al menos, 12 personas, una docena de sociedades, y 16 cuentas bancarias.
Las secuelas del caso que se inició en la Asamblea. En declaración jurada, Bouche le contó a la fiscalía cómo surgieron algunas de las empresas que están bajo la lupa por este caso.
Corporación Cubemu, S.A., en cuya cuenta fueron depositados $400 mil luego de que el Órgano Judicial otorgara un contrato por $8.9 millones a Conceptos y Espacios, S.A. para construir el Tribunal Marítimo, nació a solicitud del propio Moncada Luna. “Fue una sociedad que constituyó el licenciado
Felipe Rodríguez Guardia –con detención preventiva– a solicitud de Moncada Luna ...”, narró.
Cubemu, S.A. también está ligada al comerciante Felipe Pipo Virzi y a Ricardo Ricky Calvo.
Mientras que Sarelan Corporation, a la que se le cautelaron $125 mil en medio de las pesquisas, surgió de la misma manera. Bouche reveló que Moncada Luna le pidió que lo apoyara, poniendo a un familiar suyo como presidente y representante legal de la sociedad.
“Tenía la intención de utilizarla para construir un patrimonio a favor de su hijo menor, José Alejandro Moncada Luna Marín”, dijo.
La misma operación aplicó para Luxol, S.A., en la que el exmagistrado depositó un plazo fijo de $1 millón.
“El señor Moncada Luna nos solicitó que levantáramos el pacto social de la misma y lo remitiéramos a la Notaría Segunda para que lo elevara a escritura pública y se inscribiera en el Registro Público esta sociedad”, afirmó.
“ (...) un día me dice que necesita con urgencia una sociedad, y me da los nombres de las personas que aparecerían en la misma como miembros de la junta directiva para que confeccionara el pacto, pero no me da mayores explicaciones de para qué la quería”, sostuvo la exasistente del hombre que un día llegó a dirigir la máxima corporación de justicia del país.
“Nunca supe con qué propósitos se constituyeron”, agregó.
Todas las cuentas y transferencias de estas sociedades fueron detectadas en el Banco Universal, en el que Pipo Virzi es uno de los principales accionistas. De hecho, la fiscalía indagará hoy a Alberto Ortega, exgerente de este banco.
De acuerdo con las investigaciones, Ortega era el encargado de documentar los depósitos de las cuentas investigadas.
Mientras que el empresario y directivo de la Autoridad del Canal de Panamá Nicolás Corcione Pérez-Balladares tendrá que presentarse ante el fiscal Nahaniel Murgas, el próximo jueves.
La diligencia, que inicialmente estaba prevista para el 29 de julio, tuvo que aplazarse en vista de que Corcione se encuentra fuera del país.
Corcione es otra de las piezas clave de esta trama, luego de que los empresarios Julián París y Jorge Espino, dueños de Conceptos y Espacios, S.A. –detenidos preventivamente por este caso– lo ligaran al proceso.
Espino, declaró que Corcione le solicitó $600 mil a cambio de obtener el contrato para la construcción del Tribunal Marítimo.
Precisó que por instrucción de Corcione depositó $400 mil en una cuenta de Cubemu, S.A., y $200 mil a Cobros GC, ligado a Corcione. El Grupo Corcione ha negado estos señalamientos.
