Javier Pariente, sin ser funcionario del Ministerio de la Presidencia ni de ninguna otra institución en el gobierno pasado, actuó como intermediario para que la empresa Lerkshore International Limited se adjudicara el contrato por $14.5 millones para el suministro de comida deshidratada en las escuelas de difícil acceso del país en 2010.
Lo anterior se desprende de la ampliación de indagatoria que rindió el 10 de junio pasado ante la Fiscalía Primera Anticorrupción, el exdirector de los extintos Fondo de Inversión Social (FIS) y hasta 2015 Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli, en la investigación relacionada con el referido contrato para la comida deshidratada.
A la interrogante de la fiscal sobre las supuestas injerencias de Javier Pariente y Amado Arjona en la adjudicación del citado contrato, Tamburrelli respondió: “de Javier Pariente sí puedo hablarle, pero a Amado Arjona ni lo conozco”.
Tamburrelli, quien tiene medida cautelar de casa por cárcel por esta investigación, ratificó que Pariente fue en todo momento el intermediario para que Lerkshore International Limited, propiedad de Rubén De Ycaza, lograra el contrato.
El exjefe del PAN se ratificó de la versión que dio a la fiscalía en octubre pasado sobre este proceso.
Sus declaraciones se usarían como argumento legal del Ministerio Público para volver a llamar a Pariente al proceso, ya que el 27 de mayo de 2016, el Segundo Tribunal Superior Penal dejó sin efecto la orden emitida desde noviembre de 2015 por la Fiscalía Primera Anticorrupción, de formular cargos de peculado e indagar al empresario en este proceso.
Pariente, exvicepresidente de Importadora Ricamar, S.A., ligada al expresidente Ricardo Martinelli, está fuera del país desde agosto de 2015.
A pesar de que el exjefe del PAN dijo no saber nada de Amado Arjona, a este abogado se le menciona en el proceso ya que supuestamente parte de las ganancias por este contrato se depositaron en cuentas de sociedades offshore ligadas a él.
Arjona, quien está imputado por este caso, también había firmado seis meses antes de la “licitación” (noviembre de 2009) un acuerdo para cobrar una comisión de $4.4 millones con la “ganadora” del contrato, Lerkshore International Limited. La “comisión” equivalía al 30% del contrato.
A la interrogante de la fiscalía para que manifestara todo lo relacionado a la empresa ganadora del contrato, Tamburrelli dijo: “para la contratación recuerdo que el señor Chichi De Obarrio me mandó en un papelito a puño y letra sugiriéndome ciertos nombres de empresas que se dedicaban a la distribución, me atrevo a asegurar que ese papel reposa dentro de las fojas del informe, no sé exactamente en qué fojas. En estos momentos no recuerdo las empresas que fueron, de lo que recuerdo es que una era del señor Carlos Araúz...”.
Adolfo Chichi de Obarrio era el secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli, quien está fuera del país y la fiscalía ha pedido una alerta roja a Interpol para arrestarlo y obligarlo a comparecer en el proceso.
El exdirectivo del antiguo PAN ratificó lo que declaró ante la Fiscalía Segunda Anticorrupción, que lleva la investigación por el contrato de comida deshidratada por $44.9 millones, en el sentido de que Pariente era intermediario también en este contrato entre Lerkshore International Limited y el expresidente Ricardo Martinelli. Inclusive dijo que Pariente le llevaba mensajes de Martinelli a su oficina.
Recordó que una vez Pariente le manifestó: “dice el ‘boss’ que te muevas y aceleres lo más rápido la licitación del proyecto nutri-escuela, porque era una campaña política de Martinelli”.
LOS PAGOS A LERKSHORE
La fiscalía también hizo interrogantes a Tamburrelli sobre supuestos señalamientos en su contra, con relación a la autorización de los pagos que se hicieron a Lerkshore International Limited.
Por ejemplo, la fiscalía lo indagó con respecto a las declaraciones que dio Carlos Núñez, funcionario del Banco Nacional, quien indicó que todas las discrepancias en relación al contrato le eran comunicadas a Tamburrelli antes de autorizar los pagos.
Núñez se refirió a una nota en la que se hizo constar una discrepancia con relación a que el nombre del beneficiario difería con el que estaba estipulado en la carta de crédito. En la carta de crédito se indicaba el nombre de Lerkshore International Limited, mientras el embarque vino a nombre de Lerrkshore Prativita de Alimentos Nutricionals Ltd.
También la nota señaló que en la factura comercial la dirección del beneficiario Lerkshore indicaba BVI y en la carta de crédito señalaba una dirección física en Panamá.
Núñez declaró: “todas las discrepancias se les comunicaban al licenciado Giacomo Tamburrelli con la finalidad de que aceptara las discrepancias o las negara. Quiero aclarar que si los encargados del Fondo de Inversión Social no estaban de acuerdo no se procedía con el pago al beneficiario, en este caso Lerkshore International Limited. En este caso, aceptaron todas las discrepancias”.
Ante estos señalamientos, Tamburrelli respondió que Núñez estaba asumiendo esas declaraciones solo porque la nota iba dirigida a su persona.
Tamburrelli indicó que esa nota de discrepancias fue recibida por Ángel Famiglietti, quien era director del Programa de Nutrición de los extintos FIS y PAN.
“Si en algún momento el señor Carlos Núñez recibió una carta mía de autorización de discrepancias es porque ya había pasado por el Departamento de Nutrición y el Departamento Legal, que era dirigido por Xenia Rodríguez”, agregó.
En sus descargos, Tamburrelli vincula a Famiglietti y a Carlos Núñez con Rubén De Ycaza, propietario de Lerkshore International Limited.
“Recordemos que en su hoja de vida Ángel Famiglietti tiene de referencia a Rubén De Icaza, y el señor Carlos Núñez, del Banco Nacional, conoce perfectamente a Rubén De Ycaza”.
“Quiero resaltar que a través del memorándum M10247 de fecha del 21 de julio de 2010 del Licenciado Ángel Famiglietti, como jefe de Nutrición me lo envía dirigido a mi persona, con copia al carbón a la licenciada Xenia Rodríguez, de Asesoría Legal, y al licenciado Riley Puga, de la Dirección de Desarrollo, del cual el jefe del citado departamento nos certifica que se puede autorizar el pago al Banco Nacional y el pago de los documentos negociables”, declaró Tamburrelli.
Por esta investigación, la fiscalía ha imputado cargos a Giacomo Tamburrelli, Adolfo De Obarrio, Ángel Famiglietti, Amado Arjona y a Rubén De Icaza.
IBA A SER POR $30 MILLONES
En su declaración, Tamburrelli revela que el presupuesto inicial para este contrato de la comida deshidratada en 2010 iba a ser de $30 millones, cantidad que sería sometida a consideración de la junta directiva del PAN.
Recordó que en compañía del ex director administrativo de la Presidencia Carlos Orillac, acudió a la Asamblea Nacional a sustentar el crédito extraordinario por $30 millones para el programa de nutre-escuelas.
Señala que recibió una llamada a su despacho del expresidente Martinelli, quien le ordenó rebajar a $15 millones el contrato porque se trataba de un plan piloto y para ver los resultados inmediatos.
Posteriormente, en 2011, el entonces PAN adjudicó a Lerkshore International Limited otro contrato para distribuir comida deshidratada en las escuelas públicas por $44.9 millones.
Por esta investigación, el Juzgado Decimoquinto Penal llamó a juicio a Giacomo Tamburrelli, Adolfo De Obarrio, Rubén De Icaza, Ángel Famiglietti y a Gioconda Torres de Bianchini, excontralora de la República.
LOS AUDITORES SE RATIFICAN
Ese mismo día que Tamburrelli amplió su indagatoria también fueron citados a la fiscalía los auditores forenses de la Contraloría, quienes se ratificaron en su informe de auditoría por esta investigación y en la que estiman un perjuicio al Estado de $14.5 millones.
En una contestación de común acuerdo, los funcionarios de la Contraloría Luis Alberto Olmedo y Oldemar Guerra señalaron que “el perjuicio económico determinado en esta auditoría va más allá de si la empresa contratista cumplió o no con la entrega de la comida deshidratada tal y como indicamos en párrafos anteriores el perjuicio proviene de que no había necesidad de esta contratación, toda vez que ya existía un programa de nutrición escolar que durante 18 años tuvo un desenvolvimiento aceptado por la población estudiantil, docentes y padres de familia (...).”
Detallaron que el perjuicio “deviene del hecho que se efectuó un acto público cuyo resultado era de conocimiento de la empresa a la que se le adjudicaría, seis meses antes que ese acto se efectuara, razón por la cual la empresa celebró un ‘contrato de agente’ con una firma de abogados, contrato este que tiene como fecha el mes de noviembre del año anterior al que se efectuaría este acto público(...).
Los auditores concluyeron que en el acto público “no hubo una real competencia, ya que las otras dos empresas no presentaron los documentos necesarios para calificar”.
