El Tribunal de Apelaciones y Consultas del Primer Circuito Judicial de Panamá dictó un sobreseimiento definitivo a favor de cinco trabajadores de Transcaribe Trading, S.A. (TCT) –principal contratista local del Estado en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014)– que utilizaron camiones de la empresa para impedir la circulación de los periódicos La Prensa y Mi Diario, la noche del 2 y la madrugada del 3 de agosto de 2012.
El Tribunal de Apelaciones confirmó así una orden del 27 de agosto de 2014, del juez municipal Leslie Loaiza, que ordenó el archivo definitivo del proceso, sin siquiera realizar juicio.
Félix Aguilar Miranda, Ceferino Espino Moreno, Juventino Antonio Frías García, Bacilio Ríos Alberto y Ariel Antonio Garay Pineda estaban sindicados por los delitos contra la libertad de prensa, en perjuicio de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa).
El bloqueo a Corprensa duró más de tres horas y afectó la circulación de ambos diarios porque los vehículos que debían cargar los ejemplares para su posterior circulación a nivel nacional no podían acceder a las instalaciones.
Finalmente, los periódicos pudieron salir porque el personal de la corporación, junto a miembros de la sociedad civil organizada y gremios profesionales, hicieron una cadena humana para pasar los bultos de mano en mano. Al lugar también llegaron Martinelli; el entonces presidente de la Asamblea, Sergio Gálvez, y el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino. Ni uno de ellos tomó parte de la cadena humana. Martinelli y Gálvez, al observar la turba, se retiraron pronto del lugar.
Según el fallo, los trabajadores rodearon la sede de La Prensa y Mi Diario, en avenida 12 de Octubre, “ejerciendo su derecho a protesta pacífica en dichas inmediaciones, producto que días anteriores dicho diario [La Prensa] había emitido publicaciones referentes a la empresa TCT, indicando un presunto contubernio ilegal para licitación de varios proyectos por intermedio del Ministerio de Obras Públicas [MOP]”.
A criterio del Tribunal, no se estableció que la intención de los quejosos era impedir la publicación de los diarios "de manera ilícita".
No obstante, en el expediente consta la declaración jurada de Samuel Long, quien identificó a David Marco Ochy Diez, presidente y representante legal de TCT, como "la persona que dio la orden de ejecutar el delito querellado y estuvo presente al momento que el mismo se ejecutaba". También está el testimonio del subcomisionado Nonato López, presente el día de los hechos, quien declaró que "un colaborador de TCT le manifestó que su intención era la de evitar la salida del periódico de estos edificios".
El Tribunal desacreditó a Long, a quien consideró un testigo "sospechoso", ya que éste "se entrevistó primero con los abogados de la Corporación La Prensa".
La decisión del Tribunal no fue unánime: contó con el aval de los jueces Agustín Ortiz y Luzmila Jaramillo, y el salvamento de voto de Enrique Paniza.
Paniza, en su salvamento de voto, recalcó que los trabajadores de TCT tenían "sin duda alguna" la intención de impedir la circulación de los rotativos.
"La edición del diario La Prensa del día 2 de agosto de 2012 logra salir a la luz pública una vez intervienen las autoridades correspondientes y no por la voluntad de los colaboradores de TCT", señala Paniza en su escrito de salvamento.
El caso inició el 7 de agosto de 2012, fecha en la que el entonces procuradora de la Nación, José Ayú Prado, decidió iniciar una investigación de oficio por el presunto delito contra la libertad de prensa.
