El Tribunal Superior de Apelaciones del Cuarto Distrito Judicial (Herrera y Los Santos) mantuvo las medidas de detención provisional y depósito domiciliario impuesto a los cuatro comerciantes de origen asiático imputados por el supuesto delito de trata de personas por explotación laboral en Chitré. Así lo decidieron de forma unánime esta tarde los tres magistrados del Tribunal.
Los imputados son Rong Lua Wu (Carlitos NG, 43 años), Zhooxuan Mu (Chayane, 30 años), Guojie Wu (Leo, 35 años) y Hulian Wu (Sophia, 39 años).
El pasado 12 de septiembre, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia desmanteló una red criminal supuestamente dedicada a la trata de personas para la explotación laboral dentro de la empresa Importadora y Exportadora El Límite S.A.
En el operativo se logró la recuperación de 23 personas, entre ellos seis venezolanos, tres chinos, dos nicaragüenses, en la barriada Renacimiento de la ciudad de Chitré.
Los magistrados Waldo Batista, Naida Cáceres y Alcides Zambrano llevaron a cabo esta tarde la audiencia de apelación, luego que los abogados querellantes apelarán la medida cautelar impuesta por la jueza de Garantías de Herrera, Julissa Saturno, de detención provisional impuesta a tres de los imputados y arresto domiciliario y prohibición de salida del país, para una cuarta imputada, también de origen asiático.
Al sustentar lo actuado, el magistrado Zambrano dijo que ha quedado acreditado el hecho punible y que como tal quedan pendientes los peligros procesales.
Plantea que el delito de trata de personas es muy grave con condenas de 15 a 20 años de prisión y si existe agravante oscila de 20 a 30 años.
Isaura Mejía, de la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada, dijo que como Ministerio Público continuarán con las investigaciones en el término de seis meses por el momento. Pero que es una causa que se puede verificar desde ya como compleja, por la pluralidad de víctimas e imputados que hay.
Sobre la existencia de una quinta persona involucrada en el hecho punible informó que está por verificarse, ya que recién el 14 de septiembre se generaron las imputaciones y reiteró que se tienen los seis meses para verificar todo lo que les queda pendiente en la investigación
Roberto Moreno, abogado de la defensa sostuvo que en este caso no existe conducta penal sino que se trata de un tema de índole administrativo.
“Nosotros tendremos que evaluar qué otras opciones tenemos para seguir planteando que esto no es un delito sino un tema que se resuelve ante el Ministerio de Trabajo”.
