El Segundo Tribunal Superior de Justicia validó una decisión del Juzgado Decimosegundo Penal que acogió como querellante a la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) en un proceso que adelanta contra el exdirector de esa entidad Salomón 'Salo' Shamah y otras siete personas acusadas de la presunta comisión del delito de peculado por supuestas irregularidades en un contrato para la construcción de un atracadero turístico valorado en $135 mil, en Río de Jesús, Veraguas.
En un fallo del pasado 22 de octubre, el Segundo Tribunal alegó que el artículo 171 del Código Judicial señala que "en los procesos por delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública o delitos contra la administración pública, que generen perjuicios económicos, será obligatorio la constitución de parte a cargo de la entidad afectada para los efectos de reclamar la indemnización correspondiente".
Destaca que a la luz de esta norma resulta una obligación para la ATP ser parte dentro de este proceso, a causa de las afectaciones económicas que resulten en esta causa penal.
La Fiscalía Anticorrupción de Descarga formuló cargos a Shamah, Tamara Ponce, Yadira González, Adalberto Aguero, Jaime Cornejo, Tania Achurra, Graciela Lorenzo y Mario Borrel por la presunta comisión del delito de peculado, tras la firma del contrato No.53/10 firmado el 23 de octubre de 2010 suscrito con la empresa Building Services Corporation para la construcción de un atracadero turístico en Puerto Cabimo, corregimiento de Utira, en el Distrito de Río de Jesús, Veraguas.
Esta obra no se hizo efectiva en tiempo acordado y no tenía un Estudio de Impacto Ambiental para su desarrollo.
