Cuentas raquíticas y en muchos casos vacías es lo que ha encontrado el Tribunal de Cuentas al emprender el secuestro de bienes ligados a procesos por supuestos actos de corrupción en el gobierno pasado.
Hasta la fecha, y de acuerdo con documentos oficiales de ese tribunal, este se ha incautado de 20 vehículos, $143 mil 430, 13 propiedades y 3 helicópteros, como parte de seis de las ocho investigaciones que instruye la Fiscalía de Cuentas.
Lo cautelado está relacionado con los procesos judiciales por supuesta corrupción que adelanta el Ministerio Público por la compra de comida deshidratada, mochilas escolares, llantas y bolsas de comida a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN); el alquiler de helicópteros; y el cobro de impuestos morosos por intermedio de la empresa Cobranzas del Istmo.
ALGUNOS CASOS
Por ejemplo, en las pesquisas por la compra de comida deshidratada, cuya lesión patrimonial fue calculada en $44.9 millones, según una auditoría de la Contraloría General de la República, el Tribunal secuestró una cuenta a la empresa Lerkshore International Limited, proveedora de los alimentos, con $1,331; mientras que a la exministra de Educación Lucy Molinar, una de las imputadas en el proceso, se le decomisaron dos cuentas bancarias: una con $19 mil 156 y otra con $448.58, así como 10 propiedades y 4 vehículos.
En el caso del alquiler de helicópteros, el Tribunal decomisó tres helicópteros a la empresa Heliflight Panamá, S.A., propiedad del empresario Fotis Lymberópulos, amigo personal del exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino. También se le aprehendió una cuenta bancaria con $59 mil 315.
A otra empresa señalada en este caso, Cabin Corp., ligada al empresario Gabriel Btesh, se le cauteló una cuenta con $796.17. Y al exministro Ferrufino se le secuestraron dos cuentas: una con $31 mil 658 y otra con $542, además de una oficina en La Chorrera, y una moto.
El fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez, explicó que tiene la facultad de investigar el rastro del dinero en las cuentas bancarias que posiblemente fueron “vaciadas” antes de la orden de cautelación. “Estamos en contacto con varias empresas especializadas en rastreo de bienes mal habidos en Panamá o en el extranjero”, explicó.
De lo que detecten esas empresas, dijo, se le informará al Tribunal de Cuentas “para que cautele esas cuentas donde estén”. También informó que llamarán a abogados de los procesados. “Vamos a citarlos a declarar para que revelen lo que saben”, afirmó.
EL PAPEL DEL TRIBUNAL
Alberto Cigarruista, magistrado presidente del Tribunal de Cuentas, explicó a este medio que tienen una desventaja frente al Ministerio Público, porque esa institución puede cautelar de oficio y no tiene que esperar a que la Contraloría le envíe una auditoría, como sucede con la Fiscalía de Cuentas.
Explicó que la Fiscalía de Cuentas no puede actuar de oficio, solo actúa cuando la Contraloría le envía el informe de auditoría. Luego, dijo, el fiscal solicita al Tribunal de Cuentas cautelar los bienes.
Una vez que el fiscal de Cuentas emite la vista fiscal del caso con llamamiento a juicio o sobreseimiento, el Tribunal de Cuentas evalúa la petición.La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, dijo en octubre pasado que hasta ese momento el Ministerio Público se había incautado de $140 millones vinculados a personas y empresas señaladas en procesos de corrupción.
