Gustavo Pérez recibe cambio de medida cautelar, pero deberá permanecer en prisión

Gustavo Pérez recibe cambio de medida cautelar, pero deberá permanecer en prisión


En un fallo del pasado 6 de marzo, el Segundo Tribunal Superior declaró legal la detención del exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) Gustavo Pérez, investigado por la interceptación no autorizada de las comunicaciones en el gobierno pasado, pero le sustituyó la medida de detención preventiva por la de arresto domiciliario.

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No obstante, Pérez deberá permanecer detenido, pero por otro proceso que se le sigue: el de la pérdida de la máquina presuntamente utilizada por el Consejo de Seguridad Nacional para interceptar las comunicaciones de al menos 150 empresarios, periodistas, miembros de la sociedad civil organizada y políticos opositores al gobierno de Ricardo Martinelli

En una sentencia del 30 de enero de 2018, el Segundo Tribunal Superior negó un recurso que buscaba la libertad de Pérez en este proceso.

Precisamente, el pasado 1 de abril, el Ministerio Público recordó que han transcurrido dos años y siete meses desde que concluyeron las investigaciones por el caso de las escuchas ilegales y aún no se celebra la audiencia respectiva.

Por este caso, además de Pérez son investigados Martinelli y su consuegro Alejandro Garuz, otro secretario del CSN durante su mandato. No obstante, Martinelli –que está detenido en Miami, a la espera de ser extraditado a Panamá– es procesado por la Corte Suprema de Justicia por su condición de diputado del Parlacen.

#CasoEscuchasilegales Dos años y siete meses en espera de fecha de asignación de audiencia. pic.twitter.com/1DafAMdu4t

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Pérez, quien también fungió como director de la Policía Nacional en el gobierno pasado, permanece en el penal El Renacer.

LAS ARMAS

El exfuncionario fue condenado a cinco años de prisión por posesión ilícita de armas de fuego.

Pero en un fallo del 20 de noviembre de 2017, la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia le sustituyó la detención por la medida de impedimento de salida del país sin autorización judicial.

 

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