El Segundo Tribunal Superior de Justicia aumentó de 80 mil a 200 mil dólares el monto de la fianza a favor de Manuel Antonio Morales Diez, para no ser detenido como parte del proceso instruido en su contra por el préstamo de $9 millones que otorgó la Caja de Ahorros (CA) para la supuesta construcción de un centro de convenciones en Amador.
En un fallo del 9 de mayo pasado, los magistrados María de Lourdes Estrada y Adolfo Mejía modifican una decisión del Juzgado Decimocuarto Penal, que en abril pasado otorgó la fianza solicitada por Morales, pese a que éste nunca ha comparecido personalmente al proceso.
Sucede que en noviembre pasado, cuando el caso estaba radicado en otro juzgado -el Decimotercero Penal-, la titular de ese despacho, Alina Hubiedo, negó una solicitud de fianza presentada por la defensa, al considerar que el delito y la vinculación de Morales con el hecho investigado estaban debidamente acreditados en el expediente. Posteriormente, Hubiedo fue recusada por una de las partes, perdió competencia y el proceso fue trasladado al juzgado Decimocuarto Penal, a cargo de Vilma Urieta.
El 3 de abril de 2017, Urieta benefició a Morales con una fianza de $80 mil, la cual fue apelada por Adecio Mojica, fiscal Primero Anticorrupción.
En su escrito de apelación, Mojica alega que Morales gestionó las líneas de crédito, "sabiendo de antemano que los fines o el propósito principal eran la aprobación de los $9 millones que fueron desviados a terceras personas".
Los $9 millones facilitados por la CA fueron distribuidos entre Summer Venture Inc., Ilkston Asociates Inc. y Langton International Holding Ltd., sociedades a nombre de Cristóbal Salerno.
Salerno declaró bajo juramento que los dineros se los entregó Morales, "los cuales a su vez representaban un abono para una deuda que mantenía el señor West Valdés [fundador de la casa de valores Financial Pacific-FP], comprobándose que los dineros propiedad del Estado fueron utilizados para fines distintos para los cuales fue solicitado".
Morales, en representación del consorcio HPC-Contratas-P&V, negoció con la CA el préstamo para construir el fallido centro de convenciones, una obra adjudicada en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014). Por este caso el fiscal Mojica investiga la presunta comisión del delito contra la administración pública en perjuicio de la CA.
Con Morales, son investigados la junta directiva de la CA en el quinquenio pasado, integrada por Riccardo Franccolini (presidente), Ricardo Chanis, Anastacio Ruiz De León, Ricardo Arango Pezet y Fernando Correa, así como el exvicepresidente de la República Felipe Pipo Virzi, Tobías Garrido Nicolau y Ricardo Ricki Calvo. También Valdés y su socio en FP, Iván Clare, y Jayson Pastor y Rodrigo Arosemena Pino, gerente y subgerente general de la CA –respectivamente- en el gobierno pasado.
Francolini, Pastor y Valdés están detenidos preventivamente.
