El Segundo Tribunal Superior de Justicia dejó sin efecto un fallo del juez Primero Penal, Rolando Quesada Vallespi, que hace 11 meses liberó cuentas bancarias por $35 millones y vehículos de lujo a Cristóbal "Tobín" Salerno, accionista mayoritario de Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA), empresa que en el gobierno pasado tenía el monopolio para cobrar la cartera morosa del Estado.
La decisión del Segundo Tribunal reconoce que la aprehensión ordenada por la fiscal Primera Anticorrupción, Tania Sterling, alude a una facultad discrecional “que debe mantenerse hasta cuando se decida o desate finalmente” la investigación, conforme dicta la Ley 57 de 2013, sobre la administración, mantenimiento y custodia de bienes aprehendidos.
Sterling ordenó la aprehensión de seis vehículos, 31 plazos fijos y 16 cuentas bancarias a nombre de sociedades vinculadas a Salerno y sus familiares, como parte de la investigación seguida a Selerno y el exdirector General de Ingresos, Luis Cucalón Uribe, entre otros, por las irregularidades del contrato otorgado a CISA en agosto de 2010.
El fallo del Segundo Tribunal, fechado el 24 de abril, lleva la firma de los magistrados José A. Hoo Justiniani y Adolfo Mejía.
La desaprensión de los bienes había sido solicitada por José Antonio De Garcia Cadavid y Ángela Maritza Claxton de Salerno.
La fiscal Sterling y el abogado Diógenes de la Rosa, en representación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presentaron una apelación al fallo del juez Quesada Vallespi, que liberó los bienes acogiendo una solicitud presentada por De Gracia Cadavid y Claxton de Salerno. Aunque De Gracia figura como representante legal de varias sociedades que recibieron fondos de CISA. Según la fiscal, se ha acreditado que "el verdadero propietario de dichas sociedades es el imputado Cristóbal Salerno".
La aprehensión de los vehículos había sido ordenada a fin de evitar la venta o traspaso de los mismos.
Una auditoría de la Contraloría General de la República determinó que el contrato a favor de CISA ocasionó un perjuicio económico al Estado por $29.5 millones, "de los cuales el señor Salerno devolvió la suma de $20.6 millones mediante transferencia al Tesoro nacional, por lo que la afectación económica es de $8.8 millones", según el informe de Contraloría remitido a la fiscalía.
