La Fiscalía Auxiliar halló ayer en dos cajas de documentos incautadas a Gustavo Pérez información que lo vincula con la compra de uno de los equipos utilizados para las escuchas telefónicas. La fiscalía decomisó en la residencia de Pérez dos cajas con documentos, y en una de ellas ubicó cotizaciones para la compra de las máquinas para interceptar llamadas telefónicas. Una fuente ligada al proceso detalló que también se encontraron documentos relacionados con operaciones de alto perfil realizadas por la Policía Nacional, así como comunicaciones “muy importantes” cruzadas entre Pérez y funcionarios de la pasada administración gubernamental. Se informó que la fiscalía no concluyó con la diligencia de inspección ocular y que en otra fecha citará a los abogados de las partes involucradas para que estén presentes en la diligencia. Para la próxima semana, la fiscalía tiene previsto continuar con la citación de los testigos víctimas, con el fin de que puedan tomar acciones legales por las escuchas telefónicas realizadas en su contra. La fiscalía también se encuentra tras la pista de Rodny Rodríguez y William Pitty, quienes figuran junto a Garuz y Pérez como implicados en los pinchazos.
La Fiscalía Auxiliar halló ayer en dos cajas de documentos incautadas a Gustavo Pérez información que lo vincula con la compra de uno de los equipos utilizados para las escuchas telefónicas.
La fiscalía decomisó en la residencia de Pérez dos cajas con documentos, y en una de ellas ubicó cotizaciones para la compra de las máquinas para interceptar llamadas telefónicas.
Una fuente ligada al proceso detalló que también se encontraron documentos relacionados con operaciones de alto perfil realizadas por la Policía Nacional, así como comunicaciones “muy importantes” cruzadas entre Pérez y funcionarios de la pasada administración gubernamental.
Se informó que la fiscalía no concluyó con la diligencia de inspección ocular y que en otra fecha citará a los abogados de las partes involucradas para que estén presentes en la diligencia.
Para la próxima semana, la fiscalía tiene previsto continuar con la citación de los testigos víctimas, con el fin de que puedan tomar acciones legales por las escuchas telefónicas realizadas en su contra.
La fiscalía también se encuentra tras la pista de Rodny Rodríguez y William Pitty, quienes figuran junto a Garuz y Pérez como implicados en los pinchazos.
En efecto, la defensa de Garuz y de Pérez interpusieron recursos de hábeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia el pasado 15 de enero, pero pasados ocho días, los magistrados no los han resuelto.
En la sesión ordinaria del Pleno el pasado jueves, los magistrados ni siquiera abordaron el caso.
Tras el reparto de expedientes efectuado la pasada semana en la Secretaría General de la Corte, el magistrado Luis Ramón Fábrega fue designado ponente.
Ese mismo día, el fiscal auxiliar, Marcelino Aguilar, fue notificado de los recursos y según la ley tenía un plazo de dos horas para contestar y poner a los sindicados a órdenes de la Corte.
El pasado lunes, Fábrega puso a circular su proyecto de fallo y para acelerar el proceso dispuso este fuera sometido a lectura simultánea por los restantes ocho miembros del Pleno.
En medio del proceso, el magistrado Víctor Benavides presentó un impedimento para no conocer los recursos, tras confirmar que figura en el listado de 150 personas cuyos teléfonos fueron intervenidos durante el pasado gobierno por el Consejo de Seguridad Nacional, hecho por el que se investiga a Pérez y Garuz.
A última hora de la tarde de ayer, el presidente de la Corte, José Ayú Prado, también presentó un solicitud de impedimento.
El pasado miércoles, Ayú Prado envió a la procuradora Kenia Porcell una nota para que le certificara si aparecía en el listado de las 150 personas víctimas de los pinchazos telefónicos. Esta solicitud confirmaría que sí está en la lista.
Fuentes de la Corte explicaron que ahora los miembros del Pleno deberán calificar si proceden o no los impedimentos de Ayú Prado y Benavides, para lo cual tendrían otros cinco días hábiles de plazo. En caso de que procedan, los impedidos deberán llamar a sus suplentes y estos, a su vez, tendrían cinco días hábiles más para conocer el expediente.
En este contexto, trascendió que los magistrados Oydén Ortega, Jerónimo Mejía y Abel Zamorano presentaron objeciones al proyecto de fallo puesto a circular por Fábrega, lo que, según las fuentes provocaría que el Pleno llame a sesión permanente para discutir dichos cuestionamientos.
El Pleno podría entrar en sesión durante cualquier día de la semana, como ocurrió en 2009 con el caso del exministro de Educación Belgis Castro, cuyo recurso de hábeas corpus fue resuelto un día sábado.
Los abogados de Pérez y Garuz esgrimen la tesis de que la orden de arresto emitida contra sus clientes por la Fiscalía Auxiliar es ilegal, ya que la pena de prisión por el delito contra la inviolabilidad del secreto es de 2 a 4 años de prisión y ello no acarrea la aplicación de una medida cautelar de detención preventiva.
Cristóbal Arboleda, defensor de Alejandro Garuz, denunció que la Corte ha dilatado la resolución de estos recursos y criticó el hecho de que algunos medios de comunicación hicieran público el proyecto de fallo de Fábrega.
Arboleda indicó que hay sectores que intentan presionar a los magistrados para que fallen. “Me parece realmente censurable que funcionarios del Órgano Judicial estén filtrando fallos o proyectos de fallos, para torcer el recto funcionamiento de la justicia”, declaró.
Por su parte, Armando Fuentes, abogado de Gustavo Pérez, también censuró la filtración de los fallos de la Corte a los medios de comunicación.
Tanto Fuentes como Arboleda opinaron que la Corte debe emitir sus decisiones sin presiones, fallar en estricto derecho y evitar las presiones mediáticas que se están produciendo dentro de este proceso judicial.
En tanto, en un comunicado emitido la tarde de ayer la Fiscalía Auxiliar reveló que dentro de la investigación por las escuchas telefónicas han comparecido a declarar 33 de las víctimas a quienes supuestamente se les violaron sus derechos fundamentales.
La nota también señala que hasta el momento se han formalizado cinco querellas por estos delitos, entre las que se encuentran la presentada por la ex candidata presidencial Balbina Herrera, el expresidente Ernesto Pérez Balladares, la diputada Zulay Rodríguez, el catedrático Miguel Antonio Bernal y el dirigente del Partido Revolucionario Democrático Mitchell Doens.
También han anunciado la presentación de querellas criminales el residente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez; el magistrado de la Corte Víctor Benavides; el fiscal de cuentas, Guido Rodríguez; y el magistrado del Tribunal Electoral Erasmo Pinilla.
Asimismo, se han pronunciado José Luis Varela hijo, el ex candidato a diputado Jaime González y el periodista de La Prensa Rubén Polanco. Todos comparecieron esta semana a la Fiscalía Auxiliar y confirmaron haber sido objeto de escuchas telefónicas.
