El expresidente Ricardo Martinelli no puede ser procesado por los "pinchazos" cometidos en su gobierno, porque supuestamente esos mismos hechos ya fueron investigados y archivados, hasta en tres ocasiones por la Asamblea Nacional, entre los años 2011 y 2013.
Tampoco es responsable de los delitos que podría haber cometido en el ejercicio del cargo.
Eso es lo que alegó la defensa del exmandatario, en una audiencia celebrada este jueves 28 de junio ante el magistrado juez de garantías, Jerónimo Mejía, dentro del proceso que le sigue por la presunta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la administración pública (peculado).
Martinelli llegó a la Corte Suprema de Justicia a las 9:04 a.m., esposado, custodiado y vistiendo una camiseta roja, en apoyo a la selección de fútbol de Panamá. El acto inició a las 11:00 a.m. Es la quinta ocasión que comparece personalmente ante Mejía, la tercera en lo que va de la semana.
La defensa presentó varias solicitudes de nulidad "absoluta", por supuestos vicios y violaciones al debido proceso, incluyendo la teoría de un presunto doble juzgamiento.
Carlos Carrillo, abogado de Martinelli, informó que su cliente fue investigado en tres ocasiones por la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional, por presunto espionaje durante su gobierno. Dos de esas denuncias -indicó Carrillo- fueron archivadas el mismo día -el 5 de enero de 2011-, y corresponden a las presentadas por Juan Jované, Alberto Quirós Guardia, Rafael Benavides y otros, y otra interpuesta por Carlos Ernesto González de la Lastra y José Ramos, entonces presidente y secretario general del Partido Popular, respectivamente.
La tercera denuncia -según Carrillo- fue presentada por Luis Ernesto Carles -actual ministro de Trabajo y viceministro de esa misma cartera en el gobierno de Martinelli- por la difusión, a través de internet, de grabaciones en las que presuntamente se escucha su voz. "Carles advierte señalamientos contra el Consejo de Seguridad Nacional", dijo Carrillo. Este expediente fue archivado por la Comisión de Credenciales el 18 de abril de 2013.
"Son los mismos hechos por los cuales hoy se acusa a Ricardo Martinelli", dijo Carrillo, y citó el artículo 32 de la Constitución, que establece que nadie puede ser juzgado más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria.
Dimas Guevara, otro abogado del expresidente, señala que Martinelli no puede ser castigado por delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, ya que la Constitución, en su artículo 191, indica que el presidente de la República solo será responsable de delitos contra la personalidad internacional del Estado o contra la administración pública. Guevara ignoró en su alegato que uno de los ilícitos que se le endilgan a su cliente tiene precisamente que ver contra la administración pública, en la modalidad de peculado.
La defensa también alega que a Martinelli se le violó el fuero penal electoral del que gozaba cuando la Corte admitió la causa, el 8 de junio de 2015. Tampoco se pidió autorización al Parlamento Centroamericano (Parlacen), lo que -según la defensa- era un requisito para poder investigar al entonces diputado de ese organismo regional.
"La Corte Centroamericana de Justicia ha reconocido que el señor Martinelli tiene una prerrogativa especial solamente por su condición de diputado del Parlacen", remarcó el abogado defensor Luis Eduardo Camacho González.
Después de escuchar las intervenciones de los abogados Carrillo, Guevara y Camacho González, el magistrado juez suspendió la audiencia hasta el próximo lunes 2 de julio, a las 9:00 a.m., para que así las partes tengan oportunidad de examinar la documentación aportada por la defensa para sustentar sus señalamientos.
Poco antes de terminar el acto, Mejía ordenó la expulsión del abogado Alejandro Pérez, por aplaudir a los defensores, pese a que se le advirtió que en la sala no estaban permitidas expresiones de aprobación o desaprobación.
Mejía también se mostró sorprendido cuando la defensa le comunicó que el expresidente está "incomunicado" en el centro penitenciario El Renacer, donde se encuentra detenido provisionalmente desde que fue extraditado por Estados Unidos.
"¿Incomunicado? Esto es muy serio", dijo Mejía.
Entonces, Camacho González precisó que la referida incomunicación ocurre después de las 5:00 p.m.
"Miren, los centros carcelarios tienen sus reglas, yo no puedo romperlas…. Planteen su asunto en el centro penitenciario", respondió el juez.
La audiencia oral y pública fue solicitada por el magistrado fiscal Harry Díaz, para formular la acusación contra el ya exdiputado. La audiencia está en la fase de alegaciones previas. Este miércoles, Mejía negó un incidente de objeción presentado por la defensa contra la formulación de la acusación, por considerar que dicho recurso no cumple con las exigencias procesales.
¿EN QUÉ CONSISTE LA ACUSACIÓN?
En un escrito de acusación, presentado el 9 de octubre de 2015, Díaz pide una condena de 21 años de prisión, por la presunta comisión de cuatro delitos: interceptación de las comunicaciones sin autorización judicial; seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial; peculado por malversación o sustracción, y peculado de uso. Estos delitos se habrían cometido utilizando recursos y personal del Consejo de Seguridad Nacional, desde el año 2012 hasta mayo de 2014.
"Para las actividades ilícitas, violatorias de los derechos humanos de un número plural de ciudadanos panameños, se estableció por parte del expresidente de la República y hoy diputado del Parlacen, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, un aparato organizado de poder que actuaba al margen del Estado Social y Democrático de Derecho, y a través de este aparato de poder se daban las instrucciones para que funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional, quienes tenían pleno conocimiento de la ilicitud de estas actividades y sin amparado de orden judicial, realizaron interceptaciones de las comunicaciones electrónicas, en sus distintas modalidades, vigilancia y seguimiento de personas, las causales denominadas objetivos, ciudadanos éstos que pertenecían a distintos grupos", señala Díaz en su escrito de acusación.
Díaz presentará la declaración de 71 personas, incluyendo exfuncionarios del Consejo de Seguridad Nacional, así como víctimas de las interceptaciones no autorizadas.
Con información de Juan Manuel Díaz...
