El presidente de la República, José Raúl Mulino, dijo que desconoce las investigaciones judiciales sobre posibles casos de “corrupción pública” y extorsión que involucran a la exasesora de la Contraloría General de la República, Odila Castillo, pero mostró su inconformidad con la aplicación del principio del equilibrio contractual contenido en la Ley de Contrataciones Públicas.
“Le digo sinceramente: a mí no me gustan los equilibrios contractuales. No de ahora, de siempre, porque salvo ocasiones, se presta para mucho de lo que usted dice o más”, dijo Mulino este jueves, en su conferencia de prensa semanal, cuando la periodista Eliana Morales, de La Prensa, le preguntó si su gobierno ha adoptado alguna medida para evitar que se den más casos de solicitudes de equilibrio contractual sin apariencia de legitimidad.
“En muchas ocasiones, estas benditas cláusulas para lo único que sirven es para afectar la transparencia del acto público y para ajustar, más adelante en el tiempo, el equilibrio contractual, so pretexto de que no alcanza la plata, de que subió el cemento, el acero… Pero está en la ley. Yo no puedo hacer otra cosa. Y por supuesto se benefician”, dijo Mulino.
Por eso, anunció que el próximo año presentará a la Asamblea Nacional un proyecto para “cambiar integralmente” la Ley de Contrataciones Públicas de 2006, “porque no sirve y facilita la corrupción y cláusulas como esta, que no abundan en la buena contratación pública”.
En junio pasado, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos envió una nota al procurador Javier Caraballo, en la que informó los siguiente:
“Por este medio le informo que el FBI ha identificado un posible caso de corrupción pública. De acuerdo con información obtenida mediante fuentes humanas y abiertas, la licenciada Castillo de [la firma] Castillo, Guardia & Asociados, extorsiona a empresarios solicitando que les paguen un porcentaje a cambio de lograr que se suscriban contratos con el gobierno y se logre la aprobación y emisión de pagos de parte de distintas agencias del gobierno”.
La nota del FBI llegó por conducto de la embajada de Estados Unidos en Panamá.
Mulino reconoció que no ha recibido ninguna comunicación de la embajada sobre “este personaje” y advirtió que no tiene injerencia en temas judiciales.
“Si hay una investigación abierta, eso no me toca a mí. El 2 de enero tenemos un contralor nuevo”, señaló, en referencia a que el mandato de Gerardo Solís en la Contraloría termina el 31 de diciembre de 2024.
Solís será reemplazado por Anel Flores.
