A partir del 24 de noviembre, el pleno de la Corte analizará demandas contra el contrato minero

A partir del 24 de noviembre, el pleno de la Corte analizará demandas contra el contrato minero
Corte Suprema.


El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se reunirá a partir del próximo viernes 24 de noviembre, para atender y decidir dos de las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 406, que adoptó el contrato entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá, S.A.

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Corte Suprema admite décima demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 406

Esta reunión del pleno, en sesión permanente, será hasta emitir una decisión respecto a la Ley 406, “en el menor tiempo posible”, informó la noche de este jueves 16 de noviembre el secretario general de la Corte, Manuel José Calvo Castillo.

Explicó que este jueves, después del juicio a la diputada suplente del Parlacen, Kristelle Getzler, por el caso Blue Apple, los magistrados se reunieron para decidir cuál sería la mejor forma de atender las 10 demandas que han sido presentadas ante el Órgano Judicial, contra el contrato minero.

Reiteró que el compromiso que han acogido es dar prioridad a estos recursos. Indicó que los días 22 y 23 de noviembre concluye la fase de alegatos en dos de las causas que mantienen en trámite: una presentada por el abogado Juan Ramón Sevillano y otra presentada por la abogada Martita Cornejo. Esas son las dos demandas que, para empezar, serán atendidas en el pleno convocado para el 24 de noviembre.

Como parte de estas demandas, los procuradores de la Administración y de la Nación, Rigoberto González y Javier Caraballo, respectivamente, emitieron concepto. Ambos opinaron que la Ley 406 es inconstitucional.

A la fecha, la Corte ha admitido 10 recursos de inconstitucionalidad contra la ley. La más reciente fue admitida el 15 de noviembre.

El contrato con Minera Panamá fue autorizado por el Consejo de Gabinete el 10 de octubre de 2023; refrendado por el contralor general de la República Gerardo Solís el 13 de octubre; presentado a la Asamblea Nacional el 16 de octubre, y, finalmente, aprobado en tercer debate, sancionado por el presidente Laurentino Cortizo y promulgado en Gaceta Oficial el 20 de octubre, todo el mismo día.

Desde entonces, el país vive en una crisis social debido a las masivas protestas que se han registrado en en el país, por parte de organizaciones y sindicatos que exigen la derogación de la norma . Desde hace más 25 días las manifestaciones y cierres de vías se han recrudecido: ya van 4 muertos y mil 200 personas aprehendidas.


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