La audiencia preliminar de Odebrecht se reanudó este viernes 23 de septiembre, a las 9:02 a.m., con la intervención de Pedro Meilán, abogado de Javier Díaz Torres y Rodrigo Díaz Paredes, dos de los 50 imputados para quienes la Fiscalía Especial Anticorrupción pide llamamiento a juicio por presunto blanqueo de capitales.
Lo primero que hizo Meilán fue protestar por las expresiones de Carlos Muñoz Pope, abogado del Ministerio de Seguridad Pública, querellante en esta causa. Múñoz Pope dijo que los abogados defensores que habían solicitado acogerse a un proceso abreviado habían “hundido” a sus clientes, ya que -para Muñoz Pope- esa petición era prácticamente una admisión de culpabilidad.
“Prácticamente nos llamó chambones”, dijo Meilán y agregó que, con la solicitud de celebrar un proceso abreviado solo se pretende lograr algún “beneficio”, si son hallados culpables. Insistió ante la juez Baloísa Marquínez que el caso ya prescribió y solicitó sobreseimiento definitivo para sus dos representados.
Acto seguido, Meilán describió que su cliente Díaz Torres es un banquero español que trabajó como asistente en la Banca Privada de Andorra (BPA), ligado a la constitución de sociedades y fundaciones desde BPA Serveis. En BPA, tenían cuenta Aeon Group, Klienfield Services, Ltd., Mengil International, Pachira y Ralford Limitde, entre otras, todas sociedades que recibieron dineros de Odebrecht, como parte del esquema de sobornos.
Meilán indicó que las sociedades fueron creadas por una firma de abogados, que además designó a los dignatarios, sin participación alguna de su cliente. No obstante, para la fiscalía, Díaz Torres era “conocedor de las estructuras mercantiles ideadas y constituidas a través de esta filial de la entidad bancaria”.
‘ROD NO SE HA IDO’
Precisamente, de una de esas sociedades (Klienfield Services) se habrían hecho pagos que beneficiaron a Rodrigo Díaz Paredes, entre 2007 y 2008, según la investigación. Meilán señala que a su cliente no se le puede acusar de soborno internacional, ya que esta figura es delito en Panamá desde agosto de 2008 y la última transferencia que recibió Rodrigo Díaz fue en febrero de ese año.
Meilán señaló que la fiscalía no ha especificado cuál es el delito precedente del blanqueo de capitales y que no está acreditado que los dineros transferidos a su cliente tuviesen una procedencia ilícita. Agregó que Díaz Paredes “no se ha ido de Panamá”, que ocurre que ahora vive y trabaja en Estados Unidos, que una vez acudió a rendir indagatoria pero en la fiscalía estaban muy “ocupados” en ese momento y que luego no quisieron que su cliente compareciera virtualmente (como sí lo hizo Javier Díaz Torres).
LOS BANQUEROS DE ANDORRA
Enseguida empezó la intervención de Alexander Allard, abogado de Norberto Sanguinetti, y Frances Xavier Pérez Giménez, exbanqueros de la Banca Privada de Andorra (BPA). Habló sobre el delito de blanqueo de capitales, y aseguró que para que este exista es necesario “un informe financiero”. “Yo no sé cuál es la lesión patrimonial, ¿dónde está? no lo se”, manifestó.
El abogado alegó “doble juzgamiento” por el caso de Sanguinetti, pero enseguida reconoció que la jueza había negado un incidente donde se alegaba esa figura. A Sanguinetti se le relaciona con la sociedad Aeon Group que transfirió millonarios fondos a varios de los investigados en el proceso. Aseguró que Sanguinetti, trabajaba con Cristina Lozano quien era la que abría las cuentas. “Él es un gestor, no aperturador de cuentas, ni mucho menos trabajaba en la banca privada de Odebrecht”, añadió.
“Esta audiencia es una mentira”, aseguró el abogado en momentos en que sustentaba la defensa de Frances Xavier Pérez Giménez, de quien aseguró solo se limitaba a venir a Panamá a prestar servicios de asesoría. Era, dijo, “un estructurador financiero”. Dijo que su cliente venía a Panamá a hacer debida diligencia y captar clientes. “¿A qué ha faltado él? A absolutamente nada. Cuál es el dinero ilícito”, insistió.
“Estas personas no han sido vinculadas, no han recibido dinero, no se les ha encontrado dinero, en la trazabilidad financiera no están”, explicó en la parte final de su alegato, por lo que solicitó para ambos “un sobreseimiento definitivo”.
‘SIMPLE MEDIADOR’
Después le correspondió el turno a Marco Aurelio Vásquez, abogado de Alejandro Stanziola. El defensor empezó su intervención señalando “una serie de errores e inconsistencias en la vista fiscal”. Entonces narró la relación de su cliente con Odebrecht. En 2012, contó, cuando Stanziola era gerente general de Banesco Seguro, un director de ese banco le pidió que atendiera a gerentes de proyectos de Odebrecht. Estos le hablaron de la necesidad de analizar ciertos riesgos para un programa de seguro. En 2014, su representado fue contactado por un gerente de proyecto quien le solicitó que le prestara los servicios de corredor de seguro. Entonces, explicó el abogado, su cliente a través de la empresa Prevenza, le brinda servicios de corretaje a Odebrecht.
Luego se sumergió en un análisis del papel de las aseguradoras. Citó la ley del ramo, y ahondó una y otra vez sobre el rol de los corredores de seguro.
“Mi representado es un simple mediador, no porque lo diga él, es porque la ley lo describe así”, le planteó a la jueza. Más adelante, solicitó el sobreseimiento definitivo para su cliente.
LA DEFENSA DE JUAN ANTONIO NIÑO
Aníbal Salas Céspedes, defensor de Juan Antonio Niño, fue el siguiente en pasar al estrado. Manifestó que “han identificado una serie de aseveraciones (en el expediente) que no son ciertas”. Insistió en que su defendido “no cometió delito alguno”.
Según la teoría de la fiscalía, Niño está ligado al caso porque Active Capital Holdings, empresa que preside habría hecho transferencias a Sherkson, una sociedad desde la cual el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, transfirió millones de dólares, producto del pago de sobornos. Información proporcionada por Suiza al Ministerio Público de Panamá, permite establecer que el 7 de julio de 2014 Active realizó una transferencia de de 488 mil 457 dólares, desde la cuenta 10012110945 en Multibank, a favor de otra cuenta en el PKB Privatbank, a nombre de la sociedad Sherkson.
Active también hizo otro depósito por $1 millón 229 mil 538 dólares, desde su cuenta en Multibank, a una entidad financiera con fuertes vínculos con Odebrecht: el Meinl Bank.
Pero en su larga intervención, Salas Céspedes, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, aseguró una y otra vez que se trataron de transacciones lícitas. “Y si el dinero es lícito, las fases del blanqueo de capitales, es irrelevante”, sustentó.
Al igual que el abogado antecesor, profundizó sobre el mundo de los seguros y reaseguros, y sus complejidades. Añadió que la relación de su cliente con las sociedades ligadas a Odebrecht, “son normales y legales”.
“Ha habido una ausencia de una investigación objetiva especializada en el ámbito de los seguros y reaseguros”, manifestó.
Dijo que de manera sorprendente pudo leer en la vista fiscal que se le habían hecho cargos con aspectos que no están relacionados con la indagatoria. “Uno de los detalles más asombrosos es que se cuestionan transacciones realizadas con la empresa Berkeley, y solamente entrando en internet se puede ver enseguida que se trata de una cámara de compensación estadounidense. Es absurdo”, manifestó.
“Hay ausencia de vinculación penal”, manifestó. Y como era de esperarse pidió sobreseimiento definitivo para su cliente.
ROSAS & ROSAS
Mientras que Gustavo Pereira, sustentó la defensa de los abogados Juan Carlos Rosa, y Rosa Mary Molino, socios de la firma de abogados Rosas & Rosas. Dijo que sus clientes, se han enfocado en el servicio al cliente de “manera honesta”.
De acuerdo con la fiscalía, la cuenta de Rosas & Rosas en Banistmo, habría recibido transferencias de sociedades de Odebrecht, desde las que se distribuían sobornos, entre ellas, Constructora Internacional del Sur, Innovation Research, y Klienfeld Services.
Pereira leyó extractos del expediente para explicar su versión de los hechos. Llamó “imprecisiones” a lo sustentado por el Ministerio Público.
“La firma desempeñó un servicio profesional para Odebrecht’', argumentó, para luego manifestar que sus clientes hicieron la “debida diligencia” en su relación con la constructora.
Añadió que la firma no estructuró ninguna estructura financiera ni societaria para recibir dinero de Odebrecht, pues utilizó su “propia cuenta” para prestar el servicio. La firma, insistió, le prestó un “servicio profesional y regulado” a la Constructora.
MIMITO ARIAS
Fernando Morales Magallón, abogado de José Domingo Mimito Arias, empezó sus argumentos teorizando sobre la prueba.
Recordó los elementos que ligan a su cliente el proceso: un contrato de publicidad entre Polis América, de los publicistas Joao Santana, y Mónica Maura, con el partido Cambio Democrático (CD). Arias fue el candidato presidencial de CD en las elecciones generales de 2014, periodo en que Ricardo Martinelli era presidente de la República. De acuerdo con el expediente, Maura fue contactada por André Rabello, intendente de Odebrecht en el país, para gestionar la campaña publicitaria de Arias. El costo: $21 millones que pagaría Odebrecht.
Magallón dijo que cuando se celebró uno de los contratos, su representado no era candidato.
Citó palabras de Mónica Moura en el sentido de que su cliente no realizó ningún ilícito. Moura también dijo que fue Martinelli quien personalmente negoció todo.
“La sociedad ya ha condenado a José Domingo Arias”, manifestó.
Manifestó que no todos los pagos de la caja dos de Odebrecht, eran pagos de coimas. “En el 2013 no había manera de prever, que esa empresa realizaba actividades ilícitas. Era una empresa que contaba con solvencia moral”, sustentó
‘UN ATRACO’
Más temprano, la fiscalía celebró que la audiencia preliminar fuera transmitida en directo a todo el país.
“Ustedes han sido testigos. La vinculación está clara, el hecho punible está debidamente acreditado. Lógico, la defensa tiene que hacer su trabajo. Eso es algo normal, sucede en cualquier audiencia”, indicó el fiscal superior Mahmad Daud Hasan.
“Esto fue un atraco a los fondos del Estado y, como todo delito, merece una sanción ejemplar... Están todos los elementos para que se llame a juicio a estas personas”, agregó.
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