El abogado Jorge Camarena narró que un cliente suyo –contratista del Estado desde 2021– fue contactado por la que hoy es una exfuncionaria de la Contraloría General de la República, para pedirle una coima del 10% del monto que le adeudaba el Estado por un contrato.
Él piensa que no ha podido cobrar por sus servicios al Estado, precisamente por negarse a pagar aquel soborno.
Camarena hizo estos señalamientos en la mañana de este lunes 15 de abril, en el programa radial Noticias en 180 minutos, con el periodista Álvaro Alvarado.
De acuerdo con Camarena, hay varios contratistas en la misma situación, luego de haberse negado a pagar para que la Contraloría agilice los cheques adeudados por el Gobierno.
En su relato en el espacio radial, el abogado contó que a uno de sus clientes se le hizo llegar un mensaje para que participara en una reunión, en una oficina particular, ubicada en aquel entonces en el edificio conocido como El Tornillo, en calle 50, aunque ahora dice que dicha oficina está en Costa del Este.
“Cuando llegó a ese lugar, lo primero que se le exigió [a su cliente] fue que dejara su teléfono fuera de la oficina donde se iba a llevar a cabo la reunión”, contó el abogado.
Camarena dijo entonces que las personas que citaron a su representado le dijeron que ellos estaban en conocimiento de que él tenía un contrato con el Estado y que la Contralaría debía pagar varios cheques por el trabajo realizado. Camarena identificó a esa persona como una exfuncionaria de la Contraloría, aunque se mantiene o mantuvo como asesora en la Contraloría.
Si su cliente “no pagaba un 10% de la cantidad del monto total, se iban a retener los pagos. Eso fue en 2021 y ese cliente, al negarse a pagar, hasta la fecha no se la brindado el pago. Siempre se le han puesto excusas y más excusas y no le han pagado”, indicó Camarena.
El abogado añadió que estaba autorizado para revelar que en esa oficina privada donde se celebró la reunión “se contaba con el expediente físico del contrato”, a pesar de que no era una oficina de la Contraloría, que es donde debe reposar el expediente del contrato en cuestión.
Camarena reveló que durante este tiempo ha estado investigando el tema de los sobornos y son varios empresarios –nacionales y extranjeros– que ha sufrido este acoso para que paguen coimas –que van del 10% al 15%– a cambio de recibir los pagos adeudados.
“Si se investiga bien, podrán corroborar que este es un hecho cierto, y que hay personas que, de no tener nada, ahora son millonarios”, afirmó el denunciante.
Cuando se le preguntó a Camarena cuánto dinero representaba el 10% de la coima que estaban pidiendo, dijo que son miles y miles de dólares, “son cifras altas”, sostuvo, pero que sus clientes no pagaron.
“No accedieron porque las personas no quieren estar envueltas en corrupción y no van a aceptar una situación como esta porque mañana o pasado pudieran quedar vinculadas en un proceso penal”.
Camarena dijo que sus clientes están dispuestos a cooperar en una investigación, que debe ser seria, porque históricamente, aquellos que denuncian un acto de corrupción siempre terminan perjudicados, “porque aquí no tenemos certeza de justicia, una justicia que realmente sea ciega… Aquí la justicia sí tiene los ojos abiertos y por lo tanto siempre va por el eslabón más débil y me duele tener que decirlo como abogado, pero es la realidad”.
“Hay temor, mucho temor, porque estamos hablando de personas con mucho poder… es tanto el poder, que se eliminan evidencias y hechos, y las personas tienen miedo. Nosotros estamos secuestrados por la clase policía panameña”, Ese temor, dijo el abogado, también se extiende a él: “Yo en este momento tengo miedo”.
Camarena dijo que desconfían hasta del Ministerio Público, cuyos fiscales aceptan abrir las investigaciones por las denuncias que interponen las personas, pero que, en muchas ocasiones, permiten que las causas penales prescriban. “Y estas situaciones le traen otras situaciones negativas a las personas que realmente quisieron dar auxilios en estas investigaciones”.
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