Los empleados del municipio de San Miguelito podrán volver a acceder a servicios de salud, según informó la Caja de Seguro Social (CSS). Tras al menos un mes sin recibir atención médica porque el municipio no había pagado las cuotas patronales, llegó un convenio de pago que normaliza otra vez las prestaciones.
“A partir de la fecha, todos los funcionarios del Municipio de San Miguelito quedan habilitados mediante la ficha digital, para hacer uso de los servicios y prestaciones de la Caja de Seguro Social de Panamá”, dijo la CSS en un comunicado.
En noviembre pasado, varios funcionarios municipales denunciaron que no podían hacer uso de los servicios de la CSS, a pesar de que se les descontaba la cuota obrero patronal mes a mes. El alcalde Héctor Valdés Carrasquilla admitió la mora y culpó a la crisis financiera producto de la pandemia respiratoria.
Información a la que accedió La Prensa daba cuenta de que la mora se remontaba a octubre de 2022 y la deuda asciende a más de un millón de dólares. La CSS informó ahora que el municipio canceló el mes de la cuota regular correspondiente a octubre pasado.
Esta no fue la primera vez que la gestión de Valdés Carrasquilla dejó de abonar la asignación, aunque fuera retenida a los funcionarios, desafiando a la ley de la CSS y al Código Penal. Y es una más de las complicaciones por las que pasan los asegurados. La situación motivó al abogado Ernesto Cedeño a pedir a la Contraloría General de la República que se realice una auditoría al municipio.
‘Hay que investigar’
El lunes pasado Cedeño, presentó una solicitud en la Contraloría, donde pidió formalmente que se audite al Municipio de San Miguelito, para identificar el paradero de las cuotas descontadas a los funcionarios. Si no fueron depositadas a la CSS, entonces, ¿dónde están?
La petición está fundamentada en el artículo 41 de la Constitución, en el que se precisa que “toda persona tiene derecho a presentar peticiones y quejas respetuosas a los funcionarios públicos por motivos de interés social”.
Tras conocer el acuerdo alcanzado entre la CSS y el municipio, Cedeño enfatizó que “el hecho de que exista un acuerdo de pago no significa que esos fondos descontados a los funcionarios vayan inmediatamente a la CSS”. Y volvió a calificar de “bochornoso que una entidad del Estado le recorte a los trabajadores el dinero y haga acuerdos de pago”.
Piden auditoría a la Contraloría
El abogado Ernesto Cedeño presentó una solicitud en la Contraloría, donde pidió formalmente que se audite al Municipio de San Miguelito, para identificar el paradero de las cuotas descontadas a los funcionarios. Si no fueron depositadas a la CSS, entonces, ¿dónde están?
La petición fue presentada el lunes 5 de octubre, fundamentada en el derecho de todo ciudadano a “presentar peticiones y quejas”.
“Hay una deuda existente y la Contraloría debe investigar a dónde ha ido a parar el dinero que se les descontó a los funcionarios”, agregó Cedeño. A su juicio, es necesaria una auditoría para conocer las circunstancias en las que el Municipio de San Miguelito no entregó esos fondos a la CSS, qué pasó con ellos y cómo se administraron.
La Ley 51 de 2005, que es la ley orgánica de la CSS, dispone sanciones a los empleadores que no cancelan las cuotas obrero patronales. Mientras que los artículo 241 y 242 del Código Penal penan con prisión a quienes las retengan cuando la suma supere los mil dólares.
Trillado
No es la primera vez que el alcalde Valdés Carrasquilla es cuestionado por el mal manejo de los recursos del municipio.
En noviembre de 2009, la Fiscalía Segunda Anticorrupción lo investigó por la presunta comisión del delito contra la administración pública. En ese entonces se le acusó de retener los fondos de las recaudaciones de tesorería entre 2006 y 2008. Ello causó un perjuicio de 65 mil dólares a la entidad, según dijo en su momento la Contraloría.
Ahora, cuando se conocieron las denuncias que indicaron que la gestión no pagó las cuotas, lo justificó con el latiguillo de la crisis por la pandemia.
“La economía de los municipios, del gobierno y la empresa privada, se vio impactada y como, buenos administradores, estamos haciendo los convenios y arreglos de pago que requieren las condiciones”, dijo Valdés Carrasquilla en TVN, el pasado 28 de noviembre.
Sin embargo, los municipios cuentan con una herramienta para cumplir: la Ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública, y que fue modificada en octubre para que los gobiernos locales puedan usar el 25% de los fondos del Impuesto Único sobre Bienes Inmuebles (un mínimo de $500 mil, al año) para gastos de funcionamiento.
Eso podría haber evitado los problemas a los funcionarios que no lograron recibir las atenciones médicas y de salud de la CSS.
