Los fiscales superiores Zuleika Moore y Adecio Mojica (con 32 y 19 años de servicio, respectivamente) rompen el silencio una semana después de su destitución. Moore investigó el caso radares, que mantuvo preso por aproximadamente seis meses al hoy presidente de la República, José Raúl Mulino, y junto con Mojica investigó el caso Odebrecht, que llevará a juicio en los próximos meses a decenas de imputados allegados a este nuevo gobierno. La destitución, que los fiscales aseguran que es injustificada, se dio tres días antes de la toma de posesión de Mulino. Ambos presentaron ya una medida de reconsideración que debe ser resuelta en menos de 30 días.
¿Cómo se enteró de su destitución?
El día jueves 27 de junio a las 3:00 p.m., recibí una llamada de una funcionaria de Recursos Humanos indicándome que la directora de ese departamento, Helen Campos, me citaba para el día viernes a las 3:00 p.m. en su oficina.
¿Qué justificación le dieron?
No ser funcionario reconocido de carrera del Ministerio, por lo que a su juicio era de libre nombramiento y remoción, y su facultad discrecional como autoridad nominadora le permitía separarme del cargo.
¿Se lo esperaba?
En realidad, no me lo esperaba. Lo que pensé fue que la cita de ese viernes 28 de junio en Recursos Humanos era para algún traslado, dado que en días pasados había hablado con la directora de Recursos Humanos para que me consideraran para un puesto en una provincia más cercana a la ciudad de Panamá, ya que tenía un año y dos meses en Chiriquí.
¿El procurador se comunicó alguna vez con usted por alguna investigación o alguna falta?
No.
¿Cuál cree usted que es la verdadera causa de su despido? ¿Y qué tendrían que ver Odebrecht, Fece y otros casos que usted investigó en esta decisión?
Es una respuesta que no tengo, pero como Fiscal Superior en el caso Odebrecht solo participé en las mesas de discusión, y en todos los que estuve como fiscal de descarga siempre apliqué la certeza fiscal que por ley debía cumplir. En 19 años de servicio, estuve al frente de casos emblemáticos como el caso Fece, Prados del Este, Cobranzas del Istmo y varios del Pan, donde se consiguieron condenas y se comisaron millones que retornaron al erario público.
¿Debemos esperar más despidos en el MP?
Desconozco. Pero esperaría que no, porque eso genera inestabilidad en el sistema.
¿Qué amenazas recibió?
Desde 2018, cuando se iniciaron las investigaciones por delitos contra la Administración Pública, he recibido amenazas en las redes sociales. Pero por la certeza fiscal que caracterizó mi trabajo y el juramento que di cuando ingresé al Ministerio Público, esas amenazas no impidieron realizar mi trabajo.
Usted fue investigado por una denuncia hecha por la nueva ministra de Educación, Lucy Molinar. ¿Qué pasó ahí?
Es correcto. Producto de esa denuncia se me envió un mes de vacaciones, luego otro, después otro y finalmente otro mes, y las notificaciones de cada mes se me daban casi a las 5:00 p.m. de la culminación del mes. La decisión final fue el archivo de la carpeta, confirmándose que ningún fiscal intimidó, coaccionó u obligó a nadie a involucrar a otras personas en las investigaciones. Esa denuncia fue producto de amenazas y de la búsqueda de desvirtuar las investigaciones que ya se encontraban en proceso de decisión.
¿De qué otra investigación o proceso fue objeto usted?
Me han interpuesto varias denuncias que catalogo, todas, como una forma de buscar el cambio de mis decisiones dentro de las causas que llevaba. No obstante, puedo decir que no cambiaron mi forma de ver las cosas y la certeza fiscal que debía aplicar. Por esas denuncias nunca me enviaron de vacaciones, salvo en la que me preguntaste.
¿Qué supo de la renuncia de Aurelio Vásquez?
Lo supe posteriormente a nuestro despido, pero no tengo detalles.
El MP debe ser una entidad apolítica. En la práctica, ¿lo es?
En la práctica... debería ser y aplicarse.
¿Qué sigue, en su caso?
Ya presenté la reconsideración escrita ante la Procuraduría de la Nación. De ser mantenida la posición, seguiré con la vía contencioso administrativa y de ese resultado dependerá activar alguna otra jurisdicción al respecto.
Su respuesta a quienes alegan que lo destituyeron por haberse prestado para la persecución del expresidente Juan Carlos Varela.
Nunca formé parte de ningún plan encaminado a iniciar investigaciones tendenciosas o inventadas como algunos, en redes sociales u otros medios, alegan. Eso hubiera ido en contra de la ley, y yo no estuve ni estoy llamado a cometer delitos. Me basé siempre en las pruebas documentales como informes de auditorías, registros bancarios y otros. Sería contradictorio pensar a prima facie que tres auditores de la Contraloría hayan falseado un informe de auditoría sin que nos diéramos cuenta, o que los oficiales de cumplimiento o gerentes de bancos falsearan registros bancarios con motivo de inventar procesos, como algunas personas opinan y repiten erradamente. Y si hubiese sido así, ya para entonces debieron haber presentado denuncias y hubiera procesos penales contra auditores de la Contraloría o gerentes de banco. Y no recuerdo ninguna denuncia de esa categoría, como repetidamente se habla en medios o redes de pruebas inventadas.
¿Qué mensaje reciben los otros fiscales con esta decisión?
A pesar de que la decisión a mi concepto carece de fundamento, no quiero pensar que los fiscales tengan temor de tomar decisiones en el ejercicio de sus funciones. No obstante, no podemos dejar pasar la oportunidad para mandar un mensaje a aquellos compañeros que siguen en la lucha contra la delincuencia, y es que estos eventos no los desvíen a hacer cosas incorrectas o a dejar de cumplir con sus funciones. El ejercicio de la función pública no debe estar supeditado a decisiones superiores, sino a la Constitución y a la Ley. La correcta administración pública está justamente para aplicarla para todos y no utilizarla al antojo de intereses.
El procurador de la Nación dijo que ustedes no eran fiscales de carrera...
En mi opinión hubo una interpretación errada de ese concepto con motivo de decretar nuestra destitución. No obstante, la realidad es que la ley establece cuáles eran los mecanismos para poder separarnos: o a través de procesos disciplinarios o por graves faltas a la ética judicial. Y ninguna de las dos formas se dieron.
El procurador de la Nación habló de la multa que el MP tuvo que pagar por un error de Zuleika Moore. Pero de usted no dijo nada. Su lectura de eso.
Yo debo reiterar que mis decisiones siempre fueron con certeza fiscal, es decir, jurídicamente correctas, y aun cuando fueron escrutadas por los tribunales de alzada y en algunas ocasiones no tuvieron el efecto jurídico que peticionaba, debo decir que se ajustaban a respetar el debido proceso y la ley. Tomando en cuenta lo que escuché del procurador en esas declaraciones, y el hecho de no haber emitido comentario alguno de mi caso, simple y llanamente deja un vacío ante las preguntas de gran parte de la sociedad por la decisión tomada. La sociedad tiene el derecho de saber y escrutar el comportamiento de los servidores públicos, porque sus decisiones deben ser legalmente correctas, materialmente justas, socialmente efectivas e institucionalmente aceptables.
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