Los dirigentes sindicales Saúl Méndez, Jaime Caballero, así como uno de los líderes indígenas Toribio García y el docente Diógenes Sánchez enfrentan un proceso judicial por la presunta comisión del delito contra la libertad y contra el orden económico.
El personero municipal del distrito de David, Chiriquí, Alberto Concepción, solicitó la designación de defensores públicos a estos cuatro dirigentes, quienes participaron de las manifestaciones y bloqueos de vías durante las protestas contra el contrato minero.
Caballero -miembro del Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) junto a Méndez- dijo este jueves 7 de diciembre acudió a la personería para conocer del proceso. “Es una denuncia que se ha interpuesto contra los luchadores sociales de este país”, dijo.
Según el dirigente sindical chiricano, “no hay elementos” suficientes para acusarlos de cometer los delitos señalados.
Durante más de 30 días se registraron duras manifestaciones y cierres de calles en todo el país en rechazo a la Ley 406, que había aprobado el contrato entre el Estado y Minera Panamá, pero que el pasado 28 de noviembre fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia
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