La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha manifestado este martes 6 de agosto su preocupación por la grave situación que enfrenta la Corporación La Prensa en Panamá, advirtiendo que la posible consumación de alguna de las numerosas demandas judiciales contra esta empresa de medios podría golpear su capacidad de subsistencia.
Este escenario tendría un “impacto negativo significativo” en la libertad de expresión en el país, según la SIP, que subraya la importancia de proteger a los medios independientes frente a la presión judicial y las demandas excesivas que buscan silenciarlos.
Actualmente, la empresa afronta 15 procesos civiles y 5 demandas penales por parte de exfuncionarios, excontratistas del Estado, diputados y otras figuras públicas, entre ellos el exjefe de Estado Ernesto Pérez Balladares y la esposa del expresidente Ricardo Martinelli, por una suma total superior a $60 millones en concepto de multas e indemnizaciones.
A fines de noviembre, un tribunal revocó en segunda instancia el fallo a favor de Corporación La Prensa (Corprensa) en la demanda civil por presuntos daños y perjuicios por $5.5 millones interpuesta por el expresidente Pérez Balladares en 2012, tal como registró la SIP en abril, en su informe de medio año.
🔴📣 Preocupa a la SIP eventual desenlace de demandas contra @prensacom en #Panamá.
— SIP • IAPA (@sip_oficial) August 6, 2024
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El tribunal condenó a Corprensa a pagar $5 mil en concepto de daño moral. El fallo de primera instancia había sido calificado como un precedente importante a favor de la libertad de prensa, debido al uso del principio de real malicia para exonerar al medio. El caso se encuentra en apelación ante la Corte Suprema de Justicia.
Estos datos fueron dados a conocer a la SIP por Annette Planells, presidenta de la junta directiva de Corporación La Prensa.
Acoso judicial
Por su parte, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Roberto Rock, expresó su inquietud ante la posibilidad de que un medio independiente pueda ver comprometido su futuro debido a una avalancha de procesos judiciales relacionados con su labor periodística.
Rock, quien también es director del portal digital mexicano La Silla Rota, destacó que “el acoso judicial propicia una cultura de la autocensura que, además de afectar la labor periodística, lesiona el derecho del público a la información y dificulta el control ciudadano al poder, vital en democracia”.
Sobre este tema, también se pronunció Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, hizo un llamado a Panamá para que adecue su legislación a los estándares internacionales y así evitar que figuras públicas, incluidos funcionarios y líderes políticos, presenten demandas exorbitantes y acumulativas con el objetivo de ahogar financieramente a los medios.
Respecto a Panamá: "La Sociedad Interamericana de Prensa denunció el continuo abuso de las demandas por difamación contra medios y periodistas panameños y el secuestro preventivo de sus bienes como mecanismos de intimidación y mordaza para frenar el periodismo crítico." https://t.co/mZ7XlwlmQ5 pic.twitter.com/7X4tR9YoLV
— Claudia Alvarez T. (@ClaudiaAlvarezT) February 14, 2023
Jornet, quien también es director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, instó a los líderes de la Asamblea Nacional a impulsar una reforma que impida las demandas estratégicas contra la participación pública, conocidas como SLAPP por sus siglas en inglés, y evite que personas con poder abusen del sistema judicial para silenciar a quienes expresan disenso.
Antecedentes
El expresidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) presentó una demanda por difamación contra el diario La Prensa, alegando haber sido injuriado y desprestigiado en una serie de artículos publicados en marzo de 2011.
En dichos artículos, el periódico, al igual que otros medios de comunicación, reportó instancias judiciales que señalaban la presunta vinculación de Pérez Balladares con un caso de blanqueo de capitales, según lo documentado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
La SIP ya había advertido sobre la laxitud del sistema judicial en Panamá, cuya legislación permite que un demandante solicite el congelamiento de activos de un medio durante el transcurso de un proceso judicial, incluso sin una sentencia definitiva.
Esta normativa permite que se presenten demandas con pretensiones desorbitadas, generando altísimos costos en concepto de costas judiciales, lo cual puede asfixiar financieramente a los medios, independientemente de que la causa termine siendo desechada.
