La Fiscalía Anticorrupción de Descarga investiga la vinculación de al menos 11 personas, entre ellos el actual alcalde de Balboa, José Irene Lasprilla, y varios concejales de este distrito insular, con la presunta venta irregular de tierras en las islas Casaya, Casayeta y Bolaños, ubicadas en el archipiélago de Las Perlas.
Además, están implicados funcionarios de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), del Registro Público, abogados y empresarios extranjeros, así como el exalcalde Jesús Manuel Olivarren.
Las pesquisas se iniciaron en 2018 a raíz de una denuncia presentada por los isleños, quienes se percataron de que no podían ingresar a las islas para realizar labores de agricultura y pesca para su sustento, ya que dichos terrenos habían sido vendidos por el Municipio de Balboa a un empresario estadounidense para el desarrollo de un proyecto turístico. En ocasiones, algunos de los lugareños fueron arrestados por funcionarios del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) por la supuesta invasión de tierras privadas.
Ante esta situación, el abogado Alex Martínez interpuso una denuncia penal por la presunta apropiación ilegal de tierras pertenecientes al Estado. Según la denuncia, el Municipio de Balboa no podía vender ni traspasar dichos terrenos, ya que en 1996 el Estado, a través del Ministerio de Hacienda y Tesoro (hoy Ministerio de Economía y Finanzas), traspasó al Municipio de Balboa las fincas No. 1492, 1489 y 141510, correspondientes a las islas Casaya, Casayeta y Bolaños, con el compromiso de tramitar los derechos de propiedad de los residentes del lugar. Sin embargo, si en un término de cinco años dichos trámites no se habían cumplido, las autoridades municipales debían devolver al Estado la totalidad de las tierras.
A través de la escritura pública No. 1804 de 1996, firmada por el entonces Ministro de Hacienda y Tesoro, Olmedo David Miranda, y el alcalde de Balboa de ese período, Tirson Gudiño Aldeano, se protocolizó el acuerdo. La gestión se canalizó a través del Club Rotario de Panamá y contó con la colaboración de entidades como el Ministerio de Vivienda, el Instituto Panameño de Turismo y Hacienda y Tesoro. Se parcelaron tierras y se inició el proceso de entrega de los derechos posesorios.
El acuerdo suscrito entre Hacienda y Tesoro y el Municipio de Balboa sobre los terrenos establecía que la finca 141510 sería parcelada en lotes usados para vivienda, y las fincas 1489 y 1492 serían usadas para el desarrollo de proyectos agrícolas y artesanales, en coordinación con los moradores del lugar y la Dirección de Catastro.
Sin embargo, en 2018 el Municipio de Balboa, a través del acuerdo No. 31 del 11 de junio de ese año, autorizó el uso de una superficie de 28,967 metros a la empresa Sea Las Perlas por el término de seis meses, los cuales podían ser prorrogables. Luego, el Consejo Municipal, a través del acuerdo No. 006-2021 del 5 de febrero de 2021, decidió cambiar la categoría de agropecuaria a turística y de desarrollo turístico a Isla Bolaños. Asimismo, en 2021 el Municipio de Balboa, a través del acuerdo No. 010 del 16 de abril de 2021, aprobó no reconocer los derechos posesorios en las fincas 1492 en Isla Bolaños y 1489 en Isla Casaya.
Ante esta realidad, los residentes de las islas, por medio del abogado Martínez, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, lo que motivó una serie de diligencias.
Informe de auditoría
A petición de la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, la Contraloría General de la República realizó una auditoría que evidenció serias irregularidades en la tramitación de la venta de las tierras en las islas Casaya, Casayeta y Bolaños. El citado informe detalla el incumplimiento en el proceso de adjudicación y venta de terrenos por parte del Consejo Municipal de Balboa, ya que no cumplieron con los parámetros establecidos en la escritura pública No. 1004 de febrero de 1996.
Entre las anomalías detectadas se identificaron terrenos de uso privado en la isla Casaya asignados a las empresas Arco, S.A. y Dinamon Company, Inc. En el caso de Isla Bolaños, el Consejo Municipal de Balboa autorizó el uso de una parcela de 10,000 metros a una empresa con fines de recreación y esparcimiento. Mientras que en Isla Casayeta, el Concejo Municipal autorizó la venta de cuatro lotes de tierra para uso privado. Según el informe, los ingresos obtenidos por el Municipio de Balboa alcanzaron la cifra de $170,774, que fueron depositados a la cuenta de la Tesorería Municipal de Balboa.
Los acuerdos municipales que conllevaron a la venta de los lotes en las islas Casaya y Casayeta no fueron publicados en la Gaceta Oficial.
La Defensoría del Pueblo se pronuncia
La Defensoría del Pueblo también realizó una investigación sobre la venta de las tierras en las islas y determinó, en un informe de julio de 2023, que hubo una clara violación de los derechos humanos, concerniente al derecho a la vivienda y al debido proceso.
La institución dirigida por Eduardo Leblanc estableció que existe una responsabilidad del Estado, a través de las instituciones que no garantizaron mínimamente las garantías fundamentales de los residentes de las islas. Atribuyó una responsabilidad directa en la vulneración de los derechos al Municipio de Balboa, al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Anati, al Registro Público, a la Contraloría y al Ministerio de Salud.
