La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que en Panamá se mantiene el acoso judicial a través de demandas civiles contra los medios de comunicación, y mostró su inquietud por el Decreto 7 de 23 de enero de 2024 emitido por el Tribunal Electoral (TE), en el que se listaron 20 conductas punibles con prisión.
En su informe de medio año, la SIP subrayó que en el ámbito judicial, ha habido “avances negativos” para la libertad de prensa en este país. De hecho, el organismo internacional enumeró varios casos que enfrentan medios de comunicación actualmente.
Por ejemplo, se refirió a que un tribunal revocó en segunda instancia un fallo favorable a Corporación La Prensa (Corprensa) en la demanda civil por presuntos daños y perjuicios por $5.5 millones interpuesta por el expresidente Ernesto Pérez Balladares en 2012. El tribunal condenó a Corprensa a pagar $5,000 dólares por concepto de daño moral. El fallo de primera instancia había sido calificado como un “precedente importante” debido al uso del principio de real malicia para exonerar al medio. El caso se encuentra en apelación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Por otra parte, recordó que la CSJ no admitió un recurso de casación para apelar la condena contra Corprensa que ordena pagar $3,000 por concepto de daño moral, tras una demanda civil por presuntos daños y perjuicios por $1 millón presentada por la ex primera dama Marta Linares de Martinelli.
🔵📣 #ReunióndeMedioAño - Aprobación de informes, resoluciones y conclusiones, a cargo de Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
— SIP • IAPA (@sip_oficial) April 19, 2024
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También mencionó que el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares presentó una denuncia penal contra el periódico La Estrella de Panamá y dos de sus periodistas por presuntos daños contra el honor y la seguridad económica. La denuncia fue motivada por la publicación de una noticia en la cual se informaba sobre el cierre de cuentas bancarias del sindicato por parte del banco estatal Caja de Ahorros.
Entre otros casos, se menciona, por ejemplo, la sentencia contra el comentarista Eduardo Narváez a cinco años por el delito de violencia de género en perjuicio de la exprocuradora general de la Nación, Kenia Porcell.
Las cifras
En el caso de Corprensa se mencionó que enfrenta 15 casos de demandas civiles: siete en primera instancia que pretenden hasta $4.2 millones; cuatro con fallos a favor en primera o segunda instancia que pretendían $33.5 millones, pero en los que se ha ordenado pagar a favor del medio $817,000, y cuatro fallos en contra en los que se pretendían $12 millones, pero que se le ha ordenado pagar al medio $566,476.
Además, el medio digital Foco tiene abiertas dos causas penales y dos demandas civiles por $746,000. En el proceso interpuesto por el expresidente Martinelli por presuntos daños y perjuicios por calumnia e injuria, se mantiene el secuestro de $4,500.
Diego Quijano, presidente del Consejo Nacional de Periodismo, dijo que la continuidad e intensidad del acoso judicial a través de demandas civiles con “pretensiones desproporcionadas” contra medios y periodistas fue una de las principales preocupaciones de la SIP sobre la situación en Panamá.
Decreto electoral
El también vicepresidente regional por Panamá de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP subrayó que hubo inquietud sobre el alcance de un decreto del Tribunal Electoral (TE) en el que ha establecido 20 actos punibles basados en conceptos amplios, de diversa materia, imprecisos y vagos que se pueden prestar para arbitrariedades y subjetividad de parte de los jueces electorales.
El decreto al que hace mención Quijano es el número de 7 de 23 de enero del 2024, que contempla 20 conductas punibles con prisión por afectar la “integridad del proceso electoral”. Aunque varias de las conductas de esta normativa están delimitadas y son específicas, otras hacen referencia a “noticias falsas”, “historias falsas”, “información engañosa”, “contenido falso o engañoso”, sin definir con precisión qué se consideraría un contenido falso o engañoso.
Como consecuencia de esto, la Dirección Nacional de Organización Electoral del TE sancionó al medio digital Foco por una denuncia presentada por el expresidente Ricardo Martinelli. Otro caso en contra del periodista Álvaro Alvarado fue archivado.
Lo positivo
En su informe, la SIP detalló que en la comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, hay tres anteproyectos de ley que atañen a las libertades de prensa y de expresión, ninguno de los cuales se ha debatido.
Con “posibles efectos positivos”, señaló que se encuentra el proyecto para regular el gasto estatal en publicidad con el fin de hacerla “más transparente, eficiente y equitativa”. También se espera tratamiento sobre un proyecto para establecer protecciones contra el acoso judicial y procesal. Los dos fueron presentados por el diputado independiente Gabriel Silva.
De hecho, una de las denuncias de varios medios continúa es la distribución discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno central e instituciones estatales autónomas.
