La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un amparo de garantías constitucionales presentado por el director de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), Edward Mosley Ibarra, contra la decisión de la Procuraduría de la Administración de iniciar una investigación por los supuestos desvíos de fondos millonarios a juntas comunales controladas por miembros del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD).
En el reparto de expedientes celebrado el 29 de mayo pasado, el amparo quedó en el despacho de la magistrada Ariadne Maribel García Angulo.
La acción frena la investigación que conduce el procurador Rigoberto González, hasta que la Corte Suprema resuelva el amparo, explicó el abogado Ernesto Cedeño, quien presentó la denuncia por las supuestas irregularidades en el uso de fondos públicos.
”Quedó suspendida. Fue admitido [el amparo] y el procurador respondió. A balazo lo admitieron”, añadió Cedeño.
En su denuncia, Cedeño solicitó que se investigue la conducta de los funcionarios que hicieron viable el uso de dichos fondos, que se reparten al margen de los mecanismos dispuestos en la ley de descentralización.
El reparto de fondos coincide con las campañas políticas internas de varios partidos.
El colmo. La investigación que está llevando la Procuraduria de la Administración @ProcuadmonPma de el uso de los fondos públicos de la descentralización quedó suspendida, hasta que la corte resuelva un amparo que presentó la Autoridad de Descentralización. @OJudicialPanama pic.twitter.com/RjY5Uh7n7r
— ERNESTO CEDEÑO A. (@ernestocedeno) June 1, 2023
Mosley Ibarra señala en el amparo -presentado a través del abogado Ángel Álvarez- que la Procuraduría de la Administración “carece de competencia para gestionar o iniciar investigaciones preliminares y exigir informes explicativos sobre quejas y denuncias contra funcionarios públicos”.
En su descargo, el procurador González señaló que múltiples fallos del Pleno y la Sala Tercera de la Corte Suprema han reconocido tanto la atribución constitucional como la atribución legal que mantiene la Procuraduría de la Administración para investigar, en el ámbito administrativo, a los funcionarios con mando y jurisdicción.
“Queda claro que no estamos ejerciendo facultades de juzgamiento ni sancionatorios, como se intenta afirmar en el escrito presentado [es decir, el amparo], pues el propósito de la Resolución amparada es el esclarecimiento de los hechos para luego remitir los mismos a la autoridad competente”, señaló González.
Adjuntos
Amparo de descentralizacion.pdfLa semana pasada, el procurador González se disponía a iniciar las pesquisas solicitando los respectivos “informes explicativos” a las autoridades, en concreto, a Mosley Ibarra, director de la AND; al contralor Gerardo Solís, y a los ministros Héctor Alexander (del Ministerio de Economía y Finanzas) y José Simpson (de la Presidencia).
Una investigación publicada por La Prensa reveló que en los últimos tres años, la Autoridad de Descentralización ordenó pagos por $202.4 millones a 475 de las 679 juntas comunales del país, fuera del esquema establecido por la ley, siendo los corregimientos con representantes del gobernante PRD quienes se llevan la mayor parte del dinero, aumentando así los fondos en 2022 y 2023, en tiempos de campaña.
Ibarra se ha negado a informar cuáles son los gobiernos locales a los que se les ha transferido recursos, cuántos millones son y cuál es el criterio para entregar los millones. Lo que hasta ahora se sabe es precisamente por la investigación periodística de este medio.
