El Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad Pública y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) efectuaron ayer martes una primera reunión para establecer un marco de acción que conduzca a la aplicación de estrategias conjuntas de combate a la corrupción.
La reunión es resultado del memorando de entendimiento que firmaron dichas instituciones el pasado 21 de abril y en el que acordaron ejecutar acciones conjuntas con la sociedad civil para erradicar la corrupción de la administración pública.
El procurador de la Nación encargado, Javier Caraballo, explicó que pretenden articular acciones conjuntas en las instituciones y crear planes para asegurar el manejo transparente de la cosa pública.
Así mismo, crear iniciativas que se conviertan en leyes para frenar el avance de la corrupción. Caraballo admitió que la corrupción, definida como el uso de los poderes públicos con el fin de obtener beneficios ilegítimos, se ha convertido en una actividad relevante en Panamá.
Además, reconoció que la persecución de este tipo de acciones delictivas es cada vez más difícil, debido a la complejidad y diversificación de dichas conductas delictivas, por lo que es imperante aplicar mecanismos para erradicar dichas prácticas.
Entre las iniciativas bajo análisis para enfrentar la corrupción están la presentación de iniciativas legislativas y la implementación de códigos de ética para los funcionarios.
El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, insistió en la aprobación de la ley de extinción de dominio como una herramienta para desalentar las actividades del crimen organizado.
Pino opinó que la corrupción frena el avance económico del país al sustraer fondos públicos para intereses privados.
Admitió que la corrupción ha penetrado las instituciones públicas y las ha debilitado, junto con el Estado de derecho.
Por su parte, Chris Davis, de la Oficina Antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, quien estuvo presente en la reunión, dijo que la corrupción es un plaga que no conoce fronteras, por lo que solo se puede enfrentar a través de un esfuerzo conjunto de las instituciones y la sociedad, a través del establecimiento de políticas de prevención y represión del delito.
A su vez, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, dijo que de nada vale que la ciudadanía denuncie los hechos de corrupción si no hay una efectiva respuesta de la justicia.
Advirtió que si no hay una efectiva respuesta de la justicia sobre aquellos hechos de corrupción denunciados e investigados, es muy difícil erradicarla.
