A finales del presente mes, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López Arias, deberá ascender la escalinata del edificio neoclásico que alberga a la Corte Suprema de Estados Unidos.
Allí, será recibida por el magistrado presidente John Roberts y la magistrada Sonia Sotomayor, única hispana que forma parte de este tribunal. Después de muchos años, el máximo tribunal de justicia de Estados Unidos recibirá como invitada a la persona que encabeza el máximo tribunal panameño.
La visita de cortesía antes descrita podría ser cancelada, si se concretan las maniobras que, dentro de la Comisión de Credenciales, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional (AN), se llevan a cabo para adelantar el trámite de una denuncia interpuesta por el expresidente Ricardo Martinelli contra la magistrada López.
Esta parece ser una temporada en la que se presenta una epidemia de denuncias, ya que también el periodista Álvaro Alvarado y los medios digitales Claramente y Foco fueron denunciados por el expresidente ante el Tribunal Electoral (TE), por el uso de su imagen y las afectaciones que esto tendría sobre su popularidad en las encuestas de intención de voto.
La denuncia
El 7 de abril de 2022, el abogado Alejandro Pérez, actuando en representación de Martinelli, interpuso una denuncia penal contra la magistrada López ante la Comisión de Credenciales. En la denuncia de 13 páginas se señala a la magistrada por la posible comisión de los delitos contenidos en los artículos 329 (asociación ilícita), 355 y 356 (abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos), 360 (contra los servidores públicos) y 388 (contra la administración de justicia), contenidos en el Código Penal.
Según este libelo, López desarrolló una serie de conductas “...con la finalidad de ejercer presiones, alterar fechas de audiencias, acelerar fases procesales, saltarse etapas de los procedimientos y normativas y afectar cualquier cosa en el afán de continuar la persecución política forzando algún fallo judicial y afectar las posibilidades electorales del señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, para que este no llegue a la presidencia de la República en el año 2024″.
El meollo
El núcleo del señalamiento contra la magistrada se fundamenta en la tramitación de una demanda de inconstitucionalidad contra la Resolución del 22 de marzo de 2022, del pleno de los magistrados del TE, que le concedió fuero electoral penal al exmandatario en medio de la audiencia preliminar del caso New Business.
El 29 y 30 de marzo de ese año, los abogados Linda Guevara, Mitchell Doens y Héctor Herrera interpusieron sendas demandas de inconstitucionalidad contra la resolución del TE. Por las reglas del reparto en el pleno de la CSJ, las dos primeras demandas fueron asignadas a la magistrada Maribel Cornejo y la tercera a López. Los abogados Guevara y Doens retiraron sus demandas, mientras que Herrera mantuvo la suya, por lo que López la admitió.
En su denuncia, Alejandro Pérez afirma que el Código Judicial establece que las demandas de inconstitucionalidad no pueden ser desistidas y que esto impedía que la magistrada Cornejo perdiera el conocimiento de la controversia. Luego, según afirma Pérez, en un término descrito como “menor a 24 horas”, López admitió la demanda de Herrera y le refirió el caso al procurador Javier Caraballo, para que emitiera su vista fiscal. Caraballo remitió su opinión de 43 páginas al Órgano Judicial al día siguiente de haber recibido el traslado de la demanda.
Como fuente de las noticias criminales de la supuesta conducta lesiva de la magistrada López se aportan varias publicaciones del diario Panamá América, que como se recordará es parte del grupo Epasa, cuya compra con fondos provenientes del supuesto blanqueo de dinero producto de actos de corrupción es el objeto del caso New Business.
Las trampas procesales
Casi 18 meses después de haber sido interpuesta la denuncia, el 3 de octubre de 2023, la Comisión de Credenciales, presidida por el diputado Raúl Pineda, decidió “estudiarla”. Solo se necesitan cinco votos de esta comisión, dominada por el PRD y el Molirena, para enviar este caso al pleno legislativo. Allí se tendría que designar a un diputado como fiscal de esta causa y a otros tres como jueces de garantías. Bastaría que dos de esos jueces imputaran a la magistrada López para separarla de su cargo por el término de todo el proceso.
Con esta medida, se lograría intimidar a toda la Corte y así enfriar el ímpetu de hacer justicia en los mayores casos de corrupción que ha conocido este país.
Este plan tiene un gran defecto, ya que se fundamenta en las arbitrarias reglas del Código Procesal Penal referentes a los procesos que tienen lugar en la AN en contra del presidente y vicepresidente de la República y los magistrados de la CSJ. Mientras que todos los demás procesos tienen términos y criterios muy estrictos, las causas penales que se desarrollan en la AN pueden ser archivadas por años sin que reciban atención y lo usual es que se dejen pasar los periodos presidenciales o los términos de servicio de un magistrado para descartar el caso. En ocasiones, si el funcionario afecta otros intereses, la denuncia en su contra despierta luego de un largo sueño.
En este caso, es muy obvio lo que se quiere lograr. Desde el momento que la Comisión de Credenciales anunció que tiene que acordar la definición de la metodología para tratar las denuncias contra los magistrados, se demuestra la arbitrariedad. Solo se necesita un amparo de garantías constitucionales en el momento adecuado o una advertencia de inconstitucionalidad para desbaratar este proceso.
En el fondo, la denuncia penal contra María Eugenia López Arias es por la celeridad de la justicia en cuanto al proceso New Business. Entre la argumentación que pretende fundamentar la denuncia está el famoso principio de especialidad, y por supuesto la afectación a la trayectoria electoral del expresidente.
Por razones que es posible sospechar, los diputados del PRD han tomado un súbito interés en el caso. Es como si su candidato presidencial no fuera José Gabriel Carrizo, sino otro, por el que están dispuestos a enfrentar las más duras críticas y reacciones por parte de sus conciudadanos y de la comunidad internacional.
