La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias, reveló que como parte del plan de contingencia para acelerar los procesos judiciales en fases de audiencias de garantías y de juicio oral, se establecerá un programa agresivo de celebración de audiencias en los centros penitenciarios.
Además, se implementará de forma permanente el programa de brazaletes electrónicos que adelantaba desde finales de 2021, en forma de plan piloto, la Dirección General del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobierno, con unos 100 detenidos a los que se le colocó el dispositivo electrónico y así fueron excarcelados. Los beneficiados son personas enfermas, con penas de prisión cortas o que se encuentran en la fase final del cumplimiento de sus condenas.
López se reunió la semana pasada con el ministro de Gobierno, Roger Tejada, para coordinar estos programas en los que ha trabajado un equipo del Órgano Judicial, del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Seguridad, del Ministerio Público, de la Policía Nacional y del Servicio Nacional de Migración.
En el encuentro también se acordó instalar cabinas en las cárceles de manera que los privados de libertad puedan participar en las audiencias sin interrupciones, además de maximizar el uso de los espacios acondicionados en la cárcel La Joya para hacer video-audiencias.
Los brazaletes electrónicos también se aplicarán a las mujeres condenadas que estén embarazadas o que sean madres lactantes, y a los condenados beneficiados con la medida de libertad vigilada.
La implementación del brazalete también se utilizará en los casos de violencia doméstica, en los que se requiera mantener un monitoreo de los agresores a quienes se les dictan medidas de alejamiento de las víctimas.
Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo denunció que el Estado panameño vulnera los derechos humanos debido principalmente al hacinamiento en los centros carcelarios, ya que hay 21 mil 308 privados de libertad en un sistema con capacidad para acoger a 14 mil 591.
En la mesa técnica del brazalete electrónico participaron el coordinador y el secretario técnico del despacho de presidencia de la Corte, Etéreo Armando Medina y Jorge Antonio García Arias, respectivamente; el director del Instituto de la Defensa Pública, Danilo Montenegro; la defensora pública Yadira López; el juez de garantías Adrián Hernández, y los jueces de cumplimiento James Corro y Roberto Sánchez.
En representación del Ministerio Público, estuvo el subsecretario general Azael Samaniego; por parte del Ministerio de Seguridad Pública, el secretario general Jonathan Riggs; en representación de la Policía Nacional, el teniente Julio Méndez, y por el Servicio Nacional de Migración, la subdirectora nacional María Isabel Saravia. Además, el director general del Sistema Penitenciario, Euclides Castillo.
