Eduardo Jaén, exadministrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) tenía pleno conocimiento de que no existía amenaza a la seguridad de las comunicaciones panameñas, aspecto que justificó el contrato con la empresa Innovative Venture para instalar una plataforma en dispositivos de personal de los estamentos de seguridad, y por el que el Gobierno pagó $211 mil 850.
Jaén, incluso dio la orden de proceder para el pago del contrato sin siquiera haber instalado las licencias pactadas en la transacción. Así consta en la vista fiscal de este caso, documento que la Fiscalía Primera Anticorrupción envió al Órgano Judicial el 30 de septiembre pasado.
La fiscalía también advierte que Innovative Venture no fue la que llevó a cabo la instalación de Criptext. Este proceso lo hizo Adonay Ortega, consultor de la AIG. Además, se afirma que la instalación se hizo un mes después de que a Mayer Mizrachi Matalon, presidente de la empresa, se le pagó lo pactado en el contrato.
Mizrachi fue detenido en Colombia el 29 de diciembre pasado a raíz de una alerta roja de Interpol, solicitada por el Ministerio Público de Panamá. A Mizrachi, al igual que Jaén, Adonay Ortega, Eduardo Briceño, y Edgar Rodríguez, exfuncionarios de la AIG, se les formuló cargos por la supuesta comisión del delito de peculado por esta causa.
Tania Sterling, fiscal a cargo de la investigación, también advierte que la herramienta fue dispuesta en dispositivos “privados” de funcionarios de la AIG, que de paso no sabían de la existencia de ese contrato. En entrevista con este medio, el administrador de la AIG, Irvin Halman, reiteró que Criptext no fue instalada en celulares de funcionarios de la Policía Nacional, del Ministerio de Seguridad, Ministerio Público y del Ministerio de la Presidencia, tal como lo estipulaba el contrato, sino a 96 servidores de la AIG, y que solo el 23% de estos la utilizó.
Sterling advierte en su informe que durante una inspección ocular al Servicio Nacional de Migración se les informó que Mizrachi salió de Panamá el 25 de julio de 2015 y “no tiene registro de entrada al país”. “Vemos que Mizrachi está en desatención al proceso y se encuentra en fuga, razón por la cual este despacho mediante providencia de detención 199 del 24 de septiembre de 2015 se dispuso su detención”.
También se establece que la participación de este empresario en el caso, se define como el de la persona que recibió el dinero “que lesionó patrimonialmente al Estado, sin haber concretado sus responsabilidades derivadas de la instalación de la plataforma de mensajería Criptext”. Y agrega: “una vez ingresa el dinero a la empresa Innovative Venture del total del contrato ejecutado [...] procede a sacarlo inmediatamente de la cuenta y empieza a distribuirlo, por ende se deriva su interés de no reembolsar a pesar de saber que recibió el fondo total de un contrato que no había terminado de cumplir”.
Otro de los aspectos que pone en evidencia Sterling, es el hecho de que la compañía en su sitio web ofrecía un plan de prueba gratuito por 30 días, con precios de acuerdo con el número de abonados. Si eran 50, cada usuario costaba $10 mensuales, y se cobraban otros $10 adicionales por instalación, por usuario. “La adquisición e instalación de la aplicación Criptext para una cantidad de 100 usuarios, no debió costar más de $10 mil por los nueve meses del contrato, incluyendo la instalación [...]”, advierten.
VERSIÓN DE LA DEFENSA
Silvio Guerra, abogado defensor de Mizrachi, ha dicho que su defendido “entregó o cumplió cabalmente” con la entrega de las licencias de Criptext a la AIG. Y en un recurso ante el Órgano Judicial, en el que apeló la decisión del Juzgado Decimotercero de negarle una fianza de excarcelación a su cliente, hizo relación a correos en los que Mizrachi se pone en contacto con Halman y a disposición “para lo que fuere” respecto al contrato.
Argumenta también que “en un período de prueba o de adecuación las licencias fueron primeramente instaladas a 104 funcionarios de la AIG, por determinación de la antigua administración y no por voluntad propia de nuestro demandante”.
Con respecto al argumento de la fiscal de que Mizrachi desantendió el proceso, Guerra alega en el recurso que él mismo lo llevó a la fiscalía, donde se notificó del proceso, y preguntó si lo requerían para algo más porque tenía que viajar a Estados Unidos. Guerra asegura que le dijeron “que no, que no había problema alguno”. “Destaco el hecho de que aún no había orden de detención”, alega el jurista.
La Cancillería por estos días hace los trámites para traer a Mizrachi al país. “La solicitud [de extradición] ya fue enviada a nuestra sede diplomática en Colombia [...] con fundamento en el Tratado Bilateral de Extradición entre Panamá y Colombia”.
