Faltaban pocos minutos para que iniciara la audiencia de lectura de sentencia de los dos hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014). Era un día frío y lluvioso en Nueva York. La sala del juez Raymond Dearie había estado inaccesible para los miembros de la prensa local e internacional, y otros curiosos que merodeaban por el tribunal desde bien temprano. El alguacil encargado de la seguridad de la sala 10 AS de la Corte del Distrito Este de Nueva York dijo tajantemente que nadie entraría hasta que no concluyera la sesión de un juicio con jurado que se desarrollaba en el interior del salón. Había algunas restricciones que no son normales de la sala de ese juez; esta vez el alguacil pedía identificación. Cuando llegó el momento, primero entraron los abogados de la defensa, los fiscales y dos agentes federales. Luego le tocó a la prensa acreditada y las artistas que hacen los dibujos de la corte. También estaban los fiscales de Asuntos Internacionales y Anticorrupción de Panamá, Agustín Almario Castillo y Mahmad Daud Hasan, respectivamente, y un chico que se dijo estaba relacionado con uno de los acusados. La sala quedó atestada de gente.
Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares fueron acusados por el gobierno de Estados Unidos de conspiración para lavar $28 millones entre agosto de 2009 y septiembre de 2015 (lo que coincide con todo el mandato presidencial de Martinelli Berrocal), tras abrir y manejar cuentas bancarias a nombre de sociedades fantasma en jurisdicciones extranjeras, para que a través de estas se pudiera recibir, transferir y entregar sobornos que la constructora Odebrecht hizo para beneficio del “alto funcionario de Panamá” que, además, es “familiar cercano” de los demandados.
Así llegaron
Cuando todo estaba listo para dar inicio a la sesión, los abogados defensores buscaban ordenadamente en sus papeles algunos documentos que iban a requerir en breve. El ambiente era de expectativa. Los presentes en la sala murmuraban sobre los detalles del evento. La decoración de la sala de la corte es bastante formal: paredes de madera pulida, bancas de madera incómodas y un mármol verde como fondo del pedestal donde está el escritorio del juez que decide el futuro de aquellos que han violado las leyes estadounidenses. Cada una de las partes (fiscales y demandantes) se sentó detrás de unas grandes mesas, frente al juez, el reportero judicial y la secretaria de la Corte.
El viejo reloj de la sala marcaba las 3:56 p.m. cuando los alguaciles, vestidos de verde oliva, condujeron primero a Luis Enrique. El hombre, de 40 años de edad, miró ligeramente a los presentes y se sentó. Vestía un uniforme de prisionero color beige, zapatillas deportivas negras y medias blancas. Una mascarilla le cubría parte del rostro. Parecía un joven nerd. Se sentó al lado de su abogado, James McGovern. Seguidamente, apareció su hermano mayor, también con el uniforme de prisionero y mascarilla. Rica Martinelli, de 42 años, estaba mucho más nervioso que Luis. Su abogado, Sean Hecker, trató de confortarlo. Le habló al oído y le entregó una carpeta amarillenta.
El último que ingresó fue el juez Dearie. Todos los presentes se levantaron de sus asientos para recibirle, siguiendo el protocolo de las cortes federales estadounidenses. “Estamos aquí para definir la sentencia de los acusados Martinelli Linares”, dijo Dearie. Al escucharlo, los dos hombres parpadearon y sus miradas se perdieron en el horizonte por unos segundos. La hora había llegado. Rica se aferraba a la carpeta que le había dado su abogado. Era su petición de clemencia al juez.
“The Martinelli brothers used American banks to commit their selfish, greedy fraud – and now it is the American legal system serving justice with today’s sentencing, especially for the people of Panama,” stated United States Attorney Peace. https://t.co/sJ7opzF7HK
— US Attorney EDNY (@EDNYnews) May 20, 2022
La audiencia se desarrolló de una manera regular, aunque un poco más larga que otras de este tipo. Duró exactamente una hora y media.
El primer orador fue Sean Hecker, el abogado de Rica Martinelli. Dijo que su defendido “creció en una familia adinerada, con una madre amorosa, pero con un padre estricto que exigió mucho a sus hijos”. Reconoce que su cliente cometió un delito, pero asumió la responsabilidad y aprendió del error.
Hecker hiló los argumentos para que el juez entendiera el fondo de su planteamiento: el padre de los acusados, el role model de la familia, fue estricto en la formación y educación de sus hijos, los intimidaba. Sus deseos eran órdenes. Todo eso ya se lo contó la defensa al juez el 29 de abril pasado, cuando enviaron notas de clemencia. Las presuntas tensiones en la relación padre-hijos ya ha sido expuesta ampliamente. Pero, de pronto, Hecker hizo una confesión inesperada. “Fue él quien ordenó cometer el delito”, aseguró, refiriéndose al expresidente.
Cuando le llegó el turno, el abogado de Luis siguió esa misma estela. McGovern remarcó que el padre era “una figura excesivamente dominante” y que sus hijos eran “dos niños asustados” que hacían lo que él ordenaba, sin cuestionar.
Las revelaciones de los abogados sobre el rol del padre de los acusados impactaron la narrativa que hasta ahora había sostenido la fiscalía, porque desde el inicio del caso se habían negado a revelar —inclusive a través de una petición de información que realizó La Prensa, a través de la Ley de Libertad de Acceso a la Información (FOIA, por sus siglas en inglés), que provee a cualquier persona el derecho a acceder a cualquier expediente del gobierno federal, salvo excepciones— el nombre del “alto funcionario”, pariente “cercano”.
.@TheJusticeDept: Los Hnos. Martinelli Linares fueron sentenciados a 36 meses de prisión por lavado de $28 millones en un esquema internacional de sobornos involucrando a la constructora Odebrecht S.A., un conglomerado de construcción en Brasil ⬇️ https://t.co/t07N8N7CXq
— U.S. Embassy Panama (@USEmbPAN) May 21, 2022
La defensa insistió en el rol de Martinelli Berrocal, asegurando que él estaba al tanto de los sobornos de Odebrecht y daba las órdenes a sus hijos para que lavaran los fondos y les dieran legitimidad. Así, los abogados apostaban a una condena menos severa para los dos acusados, que se enfrentaban —según la guía de sentencias del Congreso de Estados Unidos, que calculaba en nivel 35 la falta— a una pena mínima de 5 años de prisión y máxima de 20 años. En estos casos, usualmente hay otros factores atenuantes, como la recomendación que acompaña el informe de conducta del Buró Federal de Prisiones y la carta enviada al tribunal por los demandados, en la que comunican haber aportado todas las pruebas sustanciales.
Los fiscales, que pedían de 9 a 11 años de prisión, se empeñaron en recalcar que si bien la información fue útil, los dos acusados inicialmente no se involucraron en el proceso de cooperación, no revelaron información clave e intentaron usar sus privilegios para frustrar la investigación.
El juez planteó varios aspectos que llamaron su atención. Por ejemplo, ¿cómo obtuvieron las credenciales como miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen) si no habían sido juramentados? ¿Es esto normal?, preguntó. La defensa quiso restar importancia al asunto, pero los fiscales aclararon de inmediato que aquello era otro reflejo del poder de los Martinelli, pues quien los postuló a esos cargos fue el propio padre, ejerciendo influencia en su partido político de aquel momento (Cambio Democrático), porque como parlamentarios adquieren inmunidad, lo que daría al traste cualquier investigación judicial contra ellos. De hecho, cuando fueron detenidos en Guatemala, a solicitud de Estados Unidos, el primer documento que mostraron fue la credencial del Parlacen. Afortunadamente, Guatemala no reconoció las credenciales y extraditó a los autoproclamados diplomáticos.
Los Martinelli Linares no son los primeros que llegan donde Dearie por estar ligados a las trampas de Odebrecht. El juez contó que desde que la constructora se declaró culpable, en diciembre de 2016, ha presidido muchos casos y encontrado que todos tienen algo en común: el pago de coimas como un instrumento más para hacer negocios en Latinoamérica. De Rica y Luis dijo que eran unos jóvenes “arrogantes”.
El abogado McGovern ripostó. “No son arrogantes... Son niños asustados” que hacían lo que su padre les pedía, sin contradecirlo.
Sollozos
Cuando el juez le preguntó a Rica Martinelli si quería hablar, el acusado tomó la palabra, pero la mascarilla dificultaba entender lo que decía. El juez, que no tenía mascarilla, le pidió que se la quitara y con ello se pudo observar, más aún, los nervios del demandado. Leyó en perfecto inglés su solicitud de clemencia; pidió perdón a su familia, allegados, amigos, al pueblo panameño y a Estados Unidos. “Asumo mi responsabilidad”, dijo. Se le quebró la voz cuando habló del daño que su “equivocacion” causó a sus seres queridos.
Luis también habló sin mascarilla, más sereno que su hermano. También pidió perdón y describió brevemente el dolor que sentía cuando hablaba con sus hijas y les explicaba por qué no estaba presente en sus vidas. Como pasó con Rica, se le quebró la voz. Asomaron las lágrimas, pero su abogado lo animó a continuar leyendo la nota, lo que hizo pausada y diligentemente.
Posteriormente, Hecker lanzó una frase que causó gran impacto entre los presentes: “Los pecados del padre están siendo pagados por los hijos”.
Los dos abogados recalcaron que el crimen lo cometieron “porque su padre pidió que lo hicieran”. No eximen de culpa a sus clientes, pero estos han confesado, cooperado “en cierta forma” con los fiscales y enmendado su comportamiento.
“Su señoría, ¿puede imaginarse lo difícil que es para un hijo acusar a un padre ante las autoridades?”, preguntó Hecker.
La sentencia
Después de escuchar a las partes, la sala guardó silencio. El juez escribía y revisaba sus apuntes. Los hermanos lucían expectantes. Dearie dijo que no estaba de acuerdo con lo planteado por la defensa —que pidió que se les reconociera que ya habían cumplido la condena, por haber estado 23 meses en prisión preventiva—, porque no se ajustaba a la gravedad del delito. Pero dijo que tampoco apoyaba a la fiscalía. Echó una última mirada a sus apuntes y anunció: “Ordeno que sean 36 meses de cárcel, una multa de $250 mil y 2 años de libertad supervisada”. Los dos acusados respiraron profundo. Luis cerró los ojos. Rica bajó la cabeza y luego cruzó la mirada con un hombre joven que estaba presente en la sala.
Entre las quejas elevadas por los abogados de los dos convictos está la situación de los reclusos del centro de detención metropolitano (MDC) de Brooklyn, un lugar terrible, “inhumano”. “Permanecen encerrados en sus celdas 24/7, no pueden salir ni siquiera para hacer ejercicios”, alegan.
La situación empeoró por una pelea entre pandillas que llevó a que las autoridades de la prisión obligaran a los reclusos a permanecer en sus aposentos. “Hoy es la primera vez que salen de sus celdas desde que llegaron a ese lugar”, advirtió la defensa.
El futuro
En las próximas semanas, la defensa realizará las acciones pertinentes para solicitar el traslado de ambos, según la orden de la corte, a una cárcel de mínima seguridad en Florida.
En la nueva prisión pasarán pocos meses, ya que se les acreditarán los 23 meses que llevan detenidos (primero en Guatemala y ahora en Brooklyn) y los 13 meses restantes podrían reducirse aún más (tal vez a la mitad), debido a que el informe del Buró de Prisiones del Departamento de Justicia señala que ambos han tenido buena conducta en el tiempo que llevan en el MDC.
La sentencia incluye dos años de libertad supervisada, una vez salgan de prisión.
Si no son deportados de inmediato, los Martinelli Linares serán asistidos por un oficial del Departamento de Probatoria, que los guiará en el proceso de transición a la comunidad y vigilará que los dos convictos cumplan con las condiciones establecidas por el juez. Una violación a la libertad supervisada usualmente conlleva consecuencias, incluso nuevas penas de prisión.
Los Martinelli Linares no podrían permanecer en Estados Unidos, porque, además de convictos, no poseen estatus migratorio. Luis dijo en una de las audiencias que él y su familia habían recibido una carta del Servicio de Inmigración para ser deportados a Panamá y que ese había sido uno de los motivos por los que habían decidido escapar, en junio de 2020.
Comunicado al país. ⤵️ pic.twitter.com/8g0ZPxrZ7x
— Ministerio Público (@PGN_PANAMA) May 20, 2022
Los representantes del Ministerio Público de Panamá, presentes en la audiencia, y que se encuentran haciendo diligencias para recuperar el dinero decomisado a los Martinelli Linares, al incluir una moción para que la República de Panamá sea considera como víctima, no explicaron si una vez concluya el caso en Estados Unidos, serán procesados en Panamá.
El decomiso
Según los documentos federales, a los Martinelli Linares se les decomisará casi $18.9 millones, parte de los cuales está depositado en Bank Vontobel AG, en Suiza. También se hará efectiva la fianza migratoria de $1 millon que ambos consignaron en diciembre de 2018, luego de ser detenidos por agentes migratorios en Miami.
La multa conjunta de $250 mil todavía debe ser abonada.
Luis y Rica Martinelli fueron arrestados en el aeropuerto La Aurora de Guatemala el 6 de julio de 2020, cuando se disponían a abordar un avión privado rumbo a Panamá.
Luis fue extraditado el 15 de noviembre de 2021. Su hermano llegó el 10 de diciembre de 2021. En audiencias celebradas el 2 y el 14 de diciembre, respectivamente, se declararon culpables del delito de conspiración para cometer lavado de dinero.
