Luego de que el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales condenara a 18 integrantes de una red, incluyendo funcionarios del Segundo Tribunal de Justicia y jurados de conciencia, que recibieron dinero para favorecer a personas acusadas de homicidio, el Órgano Judicial todavía no ha decidido si se revisará dichos veredictos.
En la Sentencia Mixta 1 del pasado 11 de mayo del 2023, que lleva la firma del juez primero liquidador adjunto Fernando Basurto, se establece que en al menos dos juicios por homicidio, los jurados de conciencia que recibieron dinero dieron un veredicto absolutorio a favor de alguno de los sindicados.
Tal es el caso del proceso por homicidio de Gabriel Fuentes, en el cual los jurados Chenene Rosales Dogirama, Evangelina Martínez y José Rodríguez aceptaron dinero a cambio de emitir un fallo absolutorio del procesado. El fallo se produjo el 9 de noviembre de 2015, en un juicio celebrado en la sala de audiencias del Segundo Tribunal Superior de Justicia.
En la investigación, originada a raíz de una denuncia presentada por el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, se determinó que los conductores asignados al Segundo Tribunal, Gabriel De León y Javier De Gracia, quienes tenían entre sus labores recoger a los jurados, ofrecían dinero con la condición de favorecer al imputado.
Condenan a 23 personas por corrupción de servidores públicos (Leer más https://t.co/l2iah0hpFX ) pic.twitter.com/JgZ0wCTfON
— OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) May 12, 2023
También en el fallo del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales se menciona el homicidio de Víctor Melgarejo. En el juicio celebrado el 7 de octubre del 2015, uno de los imputados fue absuelto.
La investigación del Ministerio Público reveló que en el juicio por la muerte de Juan Miguel Ramos Atencio, el 3 de septiembre de 2015, uno de los tres imputados fue declarado inocente luego que algunos miembros del jurado recibieran dinero.
En este caso, los jurados de conciencia también fueron contactados por los conductores asignados por el Segundo Tribunal de Justicia y estos habrían entregado pagos por la suma de $125, $140 y $150 para cada jurado.
Uno de los investigados confesó, incluso, que en una ocasión le escuchó decir a un funcionario del Segundo Tribunal que un reo procesado por robo y homicidio ofreció hasta $50 mil para que se le adelantara la audiencia y lograr un veredicto favorable.
Estos hechos fueron confirmados por Blas Macre, quien laboró como funcionario de la Oficina de Descongestión Judicial, quien alcanzó un acuerdo de pena de 60 meses de prisión, a cambio de dar detalles del mecanismo usado por la red para burlar a la justicia.
Macre implicó a Ana Ángelica Barsallo, escribiente en el Segundo Tribunal, y al notificador Jerrel Ashby, como parte de la estructura, que llegó a cobrar hasta $4 mil por un sobreseimiento.
En su indagatoria del 14 de noviembre de 2015, Macre confesó que participó “dos o tres veces” como enlace entre imputados y funcionarios del Órgano Judicial, para facilitar la compra de jurados. No obstante, dijo desconocer cómo era que funcionaba la red en su totalidad.
También contó que recibía de cada imputado entre $5 mil y $7 mil para llevar a cabo la logística de la operación. Relató, por ejemplo, que en una ocasión se negoció con un jurado, pero que a la hora del veredicto el procesado salió culpable y luego este exigió la devolución de los $3 mil que había pagado.
Explicó que el esquema consistía en que los funcionarios del Segundo Tribunal de Justicia acudían al lugar donde laboraba el jurado, le hablaban del caso y, si este aceptaba participar, el funcionario se ponía en contacto con el conductor del autobús del Órgano Judicial encargado de trasladar a los jurados, para que participara en la audiencia.
A los jurados se les convencía con toda clase de argumentos. A veces se les decía que el procesado tenía ya muchos años en prisión, que merecía recuperar la libertad... En otras oportunidades se les contaba que era familiar de un funcionario del Órgano Judicial que había sido detenido por error. Y así.
Pero la compra de jurados no era la única fuente de ingresos de la red. También cobraban por entregar copias de expedientes y notificaciones.
Las autoridades piensan que hay más procesos judiciales radicados en el Segundo Tribunal pudieron haber sido manejados de manera irregular y haber desembocado en decisiones judiciales no apegadas a derecho.
Hay que recordar que la lista de jurados la deciden los tribunales superiores y se publica cada año en diciembre en Gaceta Oficial o en el Registro Judicial electrónico. Son personas entre 21 y 60 años de edad y, de acuerdo con el Código Judicial, la designación es obligatoria y gratis: no hay salario para aquel que ejerza como jurado.
En base a lista de jurados se hace un sorteo público, aleatorio y transparente y se confeccionan las boletas de citación para las personas que resulten seleccionadas. Teóricamente, en los días que hay audiencia, los jurados están incomunicados y por ello no pueden hablar por teléfono, leer periódicos, oír radio, ver televisión, hablar con ninguna persona a excepción del presidente de la audiencia o tener acceso a otro medio de comunicación.
