El segundo día de juicio del caso Panamá Papers se inició a las 9:08 a.m. con la presentación del primer testigo: Eduardo Molino Paz, abogado especializado en la creación de sociedades anónimas y estructuras societarias.
El testigo fue requerido por Cheryl Mc Donald, abogada de Jakeline Pérez Barría, una de las investigadas. McDonald lo interrogó sobre la debida diligencia que se debe practicar al momento crear una sociedad anónima.
El testigo explicó que las firmas de abogados dedicadas a la creación de estructuras societarias tienen la obligación de hacer una investigación del cliente para establecer sus antecedentes para luego constituirlas. El responsable de las actividades de la sociedad es el beneficiario final y los abogados que las constituyen no tienen mayor responsabilidad de sus actividades, alegó.
Recordó que no fue hasta que se creó la Ley 23 de 2015, que se establecieron nuevas reglas sobre el tema. Dijo que cualquier persona natural o jurídica puede ser suscriptor de una sociedad anónima y que es una actividad legítima.
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El segundo testigo en subir al estrado fue Eliseo Abrego Peña, perito forense de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), que realizó el informe de actuación financiera en el caso Panamá Papers en agosto de 2019. Él analizó las cuentas bancarias y la trazabilidad de los fondos manejados por diversas sociedades creadas por la firma extinta firma de abogados Mossack & Fonseca.
La declaración de Ábrego fue solicitada por la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada, que lleva el caso.
Ábrego contó en la sala de juicio que elaboró un informe de actuación financiera de la causa con información suministrada por la fiscalía. Analizó cuentas establecidas en Credicorp Bank, Global Bank y Banvivienda.
Según el perito en esas cuentas se recibieron $12 millones, transferidos desde Casa Grande Development S.A. y Equiefera Alliance S.A.. El dinero fue fragmentado en montos de $7.3 millones, $2 millones y otros $2 millones, entre 2008 y 2009. Provenía de Wachovia Bank. La beneficiaria final de estos fondos fue la sociedad Mossfon Escrow.
Según la investigación de la fiscalía estos fondos están vinculados a la caja negra de Panamá. En el primer día de juicio (lunes 8 de abril de 2024) salió al descubierto que en Panamá había una caja negra desde 1976. La misma estaba fuera del balance general de la empresa Siemens AG, lo cual era “un secreto”; por ello, sus estados bancarios eran “destruidos regularmente”.
Abregó también detalló que Mossack & Fonseca tenía un acuerdo con Siemens, para la gestión de sus movimientos de dinero en América Latina. La fiscal Isis Soto detalló que la declaración de Ábrego explica la manera cómo se movieron los fondos producto del soborno internacional, así como la captación ilícita de fondos y la estafa, perpetrados por antiguos empleados de Siemens.
Guillermina Mc Donald, abogada de Sabina Sánchez, le preguntó al perito sobre la procedencia del dinero. Ábrego respondió que venía de Europa y Colombia.
Mc Donald siguió interrogando. Le preguntó si sabía qué eran “cheques cruzados” y “cajas negras”. Abrego respondió que desconocía sobre estos términos.
También le consultó sobre si sabía que los fondos manejados en esas sociedades tenían un origen ilícito. Ábrego contestó que su trabajo se limitó a verificar la trazabilidad de los fondos, las sociedades que los manejaron y su destino final.
El juicio del caso conocido como Panamá Papers se celebra ocho años después de que una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) develara las operaciones de la firma de abogados Mossack & Fonseca para crear sociedades que a su vez se usaban para supuestas prácticas irregulares, entre ellas el lavado de dinero.
