Otros ocho aspirantes al cargo de magistrado del Tribunal Electoral (TE) que quedará vacante el próximo 14 de noviembre, fueron entrevistados ayer viernes por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
En la mayoría de sus intervenciones, los aspirantes se refirieron a la importancia de fiscalizar los fondos de las campañas políticas, eliminar el fuero electoral penal y aumentar el número de magistrados que conforman el TE.
En la sesión de ayer, que se inició a las 8:40 a.m., los aspirantes también expusieron su visión sobre los cambios que se deben introducir en la legislación electoral, como la creación de un Código Procesal Penal Electoral, para darle celeridad a los procesos penales; y una carrera electoral.
Fue el caso de Ingrid Grissella Murgas Torraza, quien se desempeña como jueza electoral en la provincia de Veraguas. La candidata dijo que la adaptación del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en materia penal es insuficiente, ya que existen lagunas procesales no cubiertas por esta figura. Detalló que se hace imperioso la creación de un procedimiento especial para la esfera penal electoral, así como la creación de una “defensoría pública electoral”.
Mientras que Isis Omaris Joseph, jueza de circuito penal, abogó por una mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión del TE. Además, propuso una mayor participación de los jóvenes en los procesos electorales, a través de mecanismos de formación comunitarios en materia de ética y en valores democráticos.
Por su parte, el delegado electoral Gustavo Adolfo Paredes recalcó que el combate a la corrupción en términos generales debe ser uno de los factores primordiales para lograr un mejoramiento de la democracia.
Paredes, quien fue miembro de la desaparecida Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (Clicac), se mostró partidario en introducir reformas a la figura del fuero electoral penal para evitar que sea usada para evadir procesos judiciales.
Mientras que Andrés Sue González, que se desempeña como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, planteó la necesidad de transparentar el manejo del subsidio electoral para darle “tranquilidad” a la población sobre el uso de estos fondos.
En tanto, Yariela Conrada Melo Murillo de Pierre, quien destacó haber sido docente y abogada litigante, abogó por fomentar la paridad de género en todos los cargos de elección popular. Destacó que si bien se ha legislado en ese sentido, en la actualidad esa participación es muy escasa. La candidata planteó que es necesario establecer cifras específicas en la ley electoral para asegurar una efectiva participación de la mujer en los cargos de elección popular.
El exfiscal Giovanni Olmos, otro de los entrevistados, puntualizó sobre la necesidad de realizar una mayor fiscalización de los fondos a las campañas políticas, para evitar que el crimen organizado las utilice como una herramienta para el blanqueo de capitales.
Olmos reconoció que si bien existen reglamentos y normas sobre este tópico, se debe redoblar la vigilancia sobre los fondos entregados a los aspirantes a cargos de elección popular.
También insistió en introducir el modelo de gestión del (SPA) en la jurisdicción electoral, para mejorar el tiempo de resolución de conflictos en esa esfera.
Luego correspondió el turno al exjuez Rubén Darío Royo Bermúdez, quien coincidió con Olmos en extrapolar el SPA al sistema de administración de justicia penal electoral.
A la vez insistió en que se le debe otorgar al TE un porcentaje fijo del presupuesto general del Estado, como ocurre con el Órgano Judicial, y procurar los fondos para que pueda atender con solvencia la celebración de las elecciones generales, así como el resto de los servicios que brinda.
En tanto que el exfiscal electoral suplente Rolando Eliécer Mejía dijo que solo aspira a ser magistrado suplente, ya que, a su juicio, en el cargo principal se debe nombrar a una mujer. Planteó que el TE debe hacer mayores esfuerzos para lograr la participación activa de los jóvenes.
Mejía estimó prudente aumentar a cinco el número de magistrados del TE, para que en la resolución de los conflictos en materia electoral se produzcan debates más amplios. Consideró que tres magistrados se ponen de acuerdo muy fácilmente y que con cinco se podría llegar a consensos más amplios.
Las entrevistas para escoger al reemplazo del magistrado Heriberto Araúz continuarán el próximo lunes en horario de 1:00 a.m. a 4:00 p.m. Hay 55 abogados interesados en el puesto.
