El magistrado Jerónimo Mejía, juez de garantías en el proceso que le sigue a Ricardo Martinelli por la presunta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la administración pública (peculado), negó un incidente de objeción presentado por la defensa contra la formulación de la acusación, por considerar que dicho recurso no cumple con las exigencias procesales.
"No es viable, porque el incidente de objeciones se debe presentar en la fase de investigaciones para cuestionar una decisión del magistrado fiscal [Harry Díaz], y no puede presentarse después del escrito de acusación", indicó Mejía, durante la audiencia oral y pública celebrada este miércoles 27 de junio, a solicitud del magistrado fiscal, para formular la acusación contra el todavía diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen). El acto estaba programado para las 9:00 a.m., pero finalmente inició a las 9:46 a.m. A mediodía hubo un receso, que se extendió hasta las 3:00 p.m. y luego, a las 4:10 p.m., Mejía suspendió el acto, que debe reanudarse este jueves, a las 9:00 a.m.
Mejía indicó que si la defensa tenía intención de objetar, debió hacerlo en la audiencia celebrada el 11 de diciembre de 2015, en la que se tenían que formular los cargos contra Martinelli, pero que no se pudo llevar a cabo precisamente porque éste se encontraba en Miami, Estados Unidos, y no compareció al acto. Aquel día, Mejía declaró al expresidente "en rebeldía" y 10 días después, el pleno de la Corte Suprema ordenó su detención provisional, que culminó con la extradición del expresidente desde Estados Unidos, el pasado 11 de junio.
Magistrado de Garantías rechaza incidente presentado por la defensa de diputado del Parlacen, contra la formulación de la acusación del magistrado fiscal. Se suspende audiencia hasta mañana jueves, 28 de junio, a las 9:00 a.m. pic.twitter.com/2dqboh8KYO
Mejía, apoyado en el Código Procesal Penal, hizo varias explicaciones, a fin de que el público y la defensa entendieran el alcance de su decisión. Igualmente, recordó que el procesado, a través de su esposa, otorgó poder de representación a un equipo de abogados, ya que él -cuando la causa fue admitida- no estaba en el país. "Él no estaba en indefensión, porque sus abogados tuvieron acceso amplio y pleno, desde el día uno, a la carpetilla del fiscal... Así que a mi no me pueden decir que el señor Martinelli no sabía lo que estaba pasando", indicó.
También recordó que el 11 de junio -el mismo día que fue extraditado-, Martinelli acudió a una audiencia de comunicación de derechos, acerca de los hechos que se le atribuyen y la orden de detención provisional en su contra.
El incidente de objeciones fue presentado el 19 de octubre de 2015, por Rogelio Cruz -entonces también abogado defensor-, en el que se alega que Martinelli -según la defensa- es procesado sin la debida imputación.
A las 7:35 a.m. de este miércoles, Martinelli fue trasladado esposado y escoltado desde el centro penitenciario El Renacer, donde se encuentra detenido provisionalmente desde que arribó a Panamá, extraditado de Estados Unidos. Llegó a la Corte a las 8:05 a.m. Ingresó a la sala sosteniendo el libro La Primera Guerra Mundial contada para escépticos, de Juan Eslava Galán. Como lo ha hecho en otras ocasiones, lanzó varias expresiones, a gritos: "soy un perseguido político"; "me están violando todos mis derechos".
Mejía limitó la participación de cada interviniente a 10 minutos.
Según Sidney Sittón, abogado de Martinelli, a su cliente se le han violado sus derechos humanos y citó varias convenciones internacionales para respaldar sus argumentos. "Es el único procesado en la República de Panamá que no ha sido imputado... Nunca me sentiré orgulloso de ver que a mis peores enemigos se le conculquen sus garantías y sus derechos", dijo Sittón.
El magistrado fiscal Díaz, así como varios abogados querellantes coadyuvantes, pidieron a Mejía que el incidente de objeción fuera rechazado. Díaz alegó que el pleno ya ha determinado que en los procesos especiales seguidos a los diputados -de la Asamblea y del Parlacen-, la admisión de la denuncia es equivalente a la imputación.
Pero Ángel Álvarez, quien representa a cinco víctimas -Yadira Pino, Yassir Purcait, Miguel Antonio Bernal, Zulay Rodríguez y Álvaro Testa-, dijo no compartir la posición del magistrado fiscal, aunque dijo que no lo recusará. "No comparto la opinión vertida aquí, que debamos omitir la imputación", indicó.
Se quejó porque se le notificó de la admisión de la querella el 7 de octubre de 2015, y al día siguiente, el fiscal cerró la etapa de investigación. Pidió que la causa sea devuelta a la fase preparatoria, "para evitar nulidades".
Álvarez no se adhirió a la causa de Díaz. Tendría oportunidad de hacerlo, si su solicitud de regresar a la fase de investigación es acogida.
Al respecto, Mejía aclaró que "la víctima no participa como le de la gana [en el proceso]. Para esto debe constituirse en querellante".
"Si quiere presentar pruebas, objetar pruebas, interrogar a testigos... tiene necesariamente que constituirse en querellante y para eso debe cumplir con los requisitos que establece la ley", agregó.
La pretensión de Álvarez no fue del agrado de uno de sus representados, el exdiputado Purcait.
No estoy de acuerdo con la posición de mi abogado Ángel Alvarez. Su posición no me representa. Estaré tomando medidas en las próximas horas
Carlos Herrera, también abogado querellante coadyuvante, dijo a los periodistas que la solicitud de su colega Álvarez debería ser rechazada por Mejía, y que -a su modo de ver- lo actuado por Álvarez va en detrimento de sus propios representados.
Herrera y Balbina Herrera contaron que fueron testigos de cómo Martinelli felicitó a Álvarez por su intervención.
Mientras la parte acusadora intervenía, Martinelli leía el libro de Eslava Galán. Repartidos en la sala se encontraban sus familiares y copartidarios: su esposa, su hija y su yerno, así como Riccardo Francolini, expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros en el pasado gobierno.
LO QUE DICE LA ACUSACIÓN DEL MAGISTRADO FISCAL
En un escrito de acusación presentado el 9 de octubre de 2015, Díaz pide una condena de 21 años de prisión, por la presunta comisión de cuatro delitos: interceptación de las comunicaciones sin autorización judicial; seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial; peculado por malversación o sustracción, y peculado de uso. Estos delitos se habrían cometido utilizando recursos y personal del Consejo de Seguridad Nacional, desde el año 2012 hasta mayo de 2014.
"Para las actividades ilícitas, violatorias de los derechos humanos de un número plural de ciudadanos panameños, se estableció por parte del expresidente de la República y hoy diputado del Parlacen, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, un aparato organizado de poder que actuaba al margen del Estado Social y Democrático de Derecho, y a través de este aparato de poder se daban las instrucciones para que funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional, quienes tenían pleno conocimiento de la ilicitud de estas actividades y sin amparo de orden judicial, realizaron interceptaciones de las comunicaciones electrónicas, en sus distintas modalidades, vigilancia y seguimiento de personas, las causales denominadas objetivos, ciudadanos estos que pertenecían a distintos grupos", señala Díaz en su escrito de acusación.
Díaz presentará la declaración de 71 personas, incluyendo exfuncionarios del Consejo de Seguridad Nacional, así como víctimas de las interceptaciones no autorizadas.
Con información de Juan Manuel Díaz...
