El magistrado fiscal Harry Díaz solicitó se rechacen los argumentos de nulidad absoluta planteados por la defensa de Ricardo Martinelli, dentro del proceso que se le sigue al expresidente por la presunta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la administración pública (peculado).
Díaz hizo su petición este lunes 2 de julio, en la audiencia de acusación ante el magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía. La audiencia oral y pública es transmitida en directo por www.prensa.com. La audiencia está en la fase de alegaciones previas.
El pasado jueves, la defensa sustentó por qué Martinelli supuestamente no puede ser investigado por esta causa: doble juzgamiento, fuero electoral penal e inmunidad.
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El magistrado fiscal replicó este lunes que el 29 de julio de 2015, el Tribunal Electoral (TE) certificó, mediante una resolución, el levantamiento del fuero electoral penal de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. Dicha resolución fue apelada por la defensa en su momento, pero el TE ratificó su decisión en resolución del 7 de agosto de 2015. Cinco días después -el 12 de agosto- el tribunal comunicó sobre la suspensión del fuero al pleno de la Corte. El pleno, a su vez, informó a Díaz y Mejía -ya desde entonces asignados como fiscal y juez de garantías de la causa- para que ejercieran sus funciones a partir del día siguiente hábil -es decir, 13 de agosto-.
Igualmente, advirtió que si la defensa consideraba que se había violado el fuero de su cliente, debió advertirlo en los 10 días hábiles siguientes a la admisión de la causa, "y no ahora, después de tres años".
El Código Electoral habla sobre la renuncia tácita al fuero electoral, "cuando el amparado no la invoca en los primera comparecencia ante la autoridad o en los 10 primeros días hábiles siguientes a la fecha".
Al respecto, el fiscal presentó un cuadro con todos los recursos y acciones ejercidos por la defensa en el año 2011: solicitudes de copia, recursos de nulidad, de archivo del expediente... En ellos no se invoca fuero alguno. Igualmente, se aportó copia de una entrevista de Martinelli a CNN En Español, en el año 2015, en el que admite tener "pleno conocimiento" de los casos abiertos en Panamá. "Dijo que tenía abogados que lo representaban en Panamá", advirtió Díaz.
Sobre el doble juzgamiento, el magistrado fiscal indicó que no se trata de los mismos hechos y el mismo delito investigado, y que no hay sentencia en firme (ya sea condena o sobreseimiento definitivo), dado que las tres oportunidades que la Asamblea recibió denuncias contra Martinelli por supuesto espionaje, las acciones no fueron admitidas. Igualmente, las denuncias fueron presentadas y archivadas entre los años 2011 y 2013, y los hechos investigados por la Corte ocurrieron entre 2012 y mayo de 2014.
"Así que ninguno de los requisitos [para invocar doble juzgamiento], con excepción de la misma persona procesada, se cumple", señaló.
En cuanto a la supuesta inmunidad que tiene Martinelli por haber sido diputado del Parlacen, mencionó que el tratado constitutivo de dicho organismo regional señala que los parlamentarios centroamericanos tendrán los mismos privilegios que los diputados de la Asamblea Nacional.
"Inmunidad es para no ser perseguido en el cumplimiento de sus funciones, no por causas penales", remarcó.
Respecto al incidente de nulidad absoluta por supuesta falta de imputación, el magistrado fiscal indicó que ese tema ya ha sido ampliamente discutido por el juez de garantías y el pleno de la Corte Suprema. "Con esta situación, la defensa está incurriendo en desacato", señaló.
Rodolfo Pinzón, Carlos Herrera Morán y Nicomedes Castillo, abogados de Balbina Herrera, Juan Carlos Navarro y Mauro Zúñiga, respectivamente, -ambos querellantes coadyuvantes del proceso-, se unieron a la solicitud del magistrado fiscal para pedir al juez que rechace las pretensiones de la defensa, al igual que David Cuevas, en calidad de querellante autónomo.
"Estas peticiones tienen un fin dilatorio del proceso", indicó Pinzón. "Todos los incidentes carecen de asidero y fundamento legal".
Herrera se quejó porque para algunas situaciones Martinelli es miembro del Parlacen y para otras, no. "Palo porque bogas y palo porque no bogas", señaló. Expuso que el expresidente nunca actuó como parlamentario centroamericano ni participó en las plenarias. Solo acudió a juramentarse, "y luego huir a Miami".
El abogado Herrera también se refirió al argumento del equipo legal de Martinelli, que sostiene que al expresidente no se le puede responsabilizar por los delitos que habría cometido en el ejercicio del cargo.
"Eso colocaría al presidente de la República por encima de la ley", remarcó.
Tanto el fiscal como los querellantes recordaron que Panamá no es miembro de la Corte Centroamericana de Justicia, por lo que sus normas "no son vinculantes".
Martinelli llegó a las 9:09 a.m., escoltado y esposado desde El Renacer, donde cumple detención provisional desde que fue extraditado por Estados Unidos hace tres semanas.
En la sala hay copartidarios como José Raúl Mulino y Riccardo Francolini, ambos aspirantes a la candidatura a presidente de la República por el partido Cambio Democrático, fundado por Martinelli. También están varias víctimas del espionaje practicado desde el Consejo de Seguridad Nacional, como Yassir Purcait, Jaime Abad, Balbina Herrera, Rosendo Rivera y Mitchell Doens.
Antes de anunciar la suspensión de la audiencia por lo que resta del día, Mejía solicitó a los querellantes que escogieran un representante común. Igualmente, dijo que la audiencia se interrumpía porque Martinelli informó que tenía diarrea y la doctora que lo examinó indicó que solo podía acudir a esta diligencia "por un par de horas". La audiencia de este lunes se celebró desde las 10:46 a.m. hasta la 1:28 p.m.
"Me interesa que el señor Martinelli tome sus medicinas, se alimente, se hidrate", dijo Mejía.
Holanda Polo, abogada defensora, indicó que su cliente se realizará un procedimiento médico -la colocación de una electrocardiografía ambulatoria o holter- el próximo miércoles. De no llevarse a cabo dicha intervención, la audiencia se reanudará ese día, a las 9:00 a.m.
¿EN QUÉ CONSISTE LA ACUSACIÓN?
En un escrito de acusación, presentado el 9 de octubre de 2015, Díaz pide una condena de 21 años de prisión, por la presunta comisión de cuatro delitos: interceptación de las comunicaciones sin autorización judicial; seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial; peculado por malversación o sustracción, y peculado de uso. Estos delitos se habrían cometido utilizando recursos y personal del Consejo de Seguridad Nacional, desde el año 2012 hasta mayo de 2014.
"Para las actividades ilícitas, violatorias de los derechos humanos de un número plural de ciudadanos panameños, se estableció por parte del expresidente de la República y hoy diputado del Parlacen, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, un aparato organizado de poder que actuaba al margen del Estado Social y Democrático de Derecho, y a través de este aparato de poder se daban las instrucciones para que funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional, quienes tenían pleno conocimiento de la ilicitud de estas actividades y sin amparado de orden judicial, realizaron interceptaciones de las comunicaciones electrónicas, en sus distintas modalidades, vigilancia y seguimiento de personas, las causales denominadas objetivos, ciudadanos estos que pertenecían a distintos grupos", señala Díaz en su escrito de acusación.
Díaz presentará la declaración de 71 personas, incluyendo exfuncionarios del Consejo de Seguridad Nacional, así como víctimas de las interceptaciones no autorizadas.
Con información de Juan Manuel Díaz...
