Antes de que empezara el juicio por el caso Blue Apple, se dio a conocer una noticia: la diligencia empezaría sin la presencia de Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014). A ellos los juzgará el pleno de la Corte Suprema de Justicia, luego de que el pasado jueves, en una jugada estratégica, fueran juramentados como diputados suplentes del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Algo similar ocurrió con Kristelle Getzler, esposa del exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, otra de las imputadas.
El juicio de este proceso, en el que se investigan los sobornos vinculados con la sociedad Blue Apple, se inició ayer martes 22 de agosto a la 9:10 a.m. con una propuesta en el estrado: la petición de algunos abogados defensores para validar acuerdos de pena.
Fue el caso de Federico Suárez, extitular del Ministerio de Obras Públicas (MOP); Jorge Churro Ruiz, exdirector de administración de contratos del MOP; y de María Antonia Lee.
El fiscal anticorrupción Edwin Juárez, expresó que desestimó la petición de Suárez, representado por el abogado Rosendo Miranda, porque no se cumplían con los requerimientos de la fiscalía. En cuanto a los acuerdos de Ruiz y Lee, explicó que estos fueron discutidos previamente, por lo que solicitó a la jueza Baloisa Marquínez que los homologara.
Marquínez decretó un receso de 30 minutos para validar ambos acuerdos.
‘Inocentes’
Cuando se retomó la sesión, Marquínez preguntó a los imputados que se encontraban presentes en la sala, sobre cómo se consideraban ante los delitos imputados. Todos se declararon inocentes. Después de ese paso, empezó la lectura del documento que contiene los argumentos del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales para llamar a juicio. Es decir el auto 4 del 15 de noviembre de 2021.
La mayoría de los imputados estaban presentes. Algunos como Riccardo Francolini, Jaime Ford, César Jaramillo, George Moreno y Juan Girón, se conectaron de forma virtual.
En el auto de llamamiento a juicio, se hace referencia a la declaración de Churro Ruiz, quien el 30 de enero de 2018, relató que Ricardo Alberto Martinelli Linares, le planteó una operación. Le propuso que debía solicitarle dinero a dueños de empresas contratistas que habían ganado licitaciones con el MOP. En la lista de esas compañías están: Constructora Rodsa, Bagatrac S.A., Meco S.A., GS Contractors S.A. y Conalvías S.A. El dinero, según contó Ruiz, era “para que no se le dificultaran las cosas”.
La trama
La declaración de Ruiz también fue confirmada por Juan Alexis Rodríguez, de Rodsa. Además la avalaron Juan Girón, presidente de GS Constructor; Alberto Jurado Rosales, de Bagatrac; Carlos Enrique Cerdas, presidente de Meco; César Jaramillo Gutiérrez, de Conalvías entre otros. La mayoría de ellos se acogieron a acuerdos de pena y revelaron detalles sobre el pago de sobornos a cambio de contratos con el Estado.
Según los contratistas, una vez Ruiz les revelaba el monto de la cuota, los dirigía hacia Joaquín Rodríguez Salcedo, exgerente de factoring del Global Bank. Esta persona los instruía sobre el procedimiento para efectuar los pagos a la sociedad Blue Apple Service Inc.
Los pagos podían alcanzar hasta el 10% del costo de la obra.
Juan Alexis Rodríguez, de Rodsa, también aseguró que Jaime Ford, exministro del MOP, lo citó en su oficina y le pidió pagos relacionados con proyectos que habían sido adjudicados a su empresa, en Coclé y Herrera.
El dinero, según narró Rodríguez, se debía canalizar a través de la sociedad Corporación de Energía del Istmo.
Otras de las sociedades que recibieron fondos en concepto de “ayudas políticas” fueron Dover Agency, Blanch International, Corporación Libuma y Nightmare Oversea, usando los servicios de factoraje de Factor Global.
Los cheques entregados a las empresas contratistas remitieron fondos a la sociedad Blue Apple hasta por la suma de $10 millones 278 mil 669.
A las 12:30 m.d. la juez decretó un receso hasta las 2:00 p.m., pero la intensa lluvia que caía sobre el palacio de justicia Gil Ponce, impidió que algunos abogados abandonaran la sede del tribunal.
La trama de lavado de dinero para el manejo de fondos de Blue Apple, también incluyó la creación de múltiples esquemas para la transferencia de dinero. Esto, con el propósito de justificar la procedencia de los fondos aportados por las empresas beneficiadas con los contratos de infraestructura.
Un escudo fiscal para evadir impuestos
Así lo declaró Federico Barrios, tesorero, firmante y agente residente de Blue Apple, a la fiscalía. Explicó que él y Joaquín Rodríguez Salcedo, elaboraron “un escudo fiscal” a las diferentes empresas contratistas que en su momento mantenían licitaciones con el Estado, los cuales transfirieron dinero a distintas sociedades, como Blue Apple Services Inc, Corporación Libuma, Nightmare Overseas, Dover Agency Services.
Según Barrios, el negocio consistía en constituir un esquema de reducción de impuestos, a favor de contratistas del Estado. Relató que para ello crearon un grupo de empresas, quienes en principio facturaron a los contratistas en concepto de suministros de materiales, alquiler de equipo, manejo de planilla, consultoría, movimiento de tierra y otros.
Añadió que para ejecutar dicho plan, abrió una cuenta bancaria para Blue Apple Services, en la que se recibían todos los pagos producto de las facturas generadas.
A la vez aseguró que en este esquema participaban Octavio Samaniego, como contador, además, Edward Domínguez, quien aseguraba la obtención del dinero en efectivo y él realizaba las declaraciones de renta.
De acuerdo con el auto de llamamiento a juicio, estos esquemas detectados por la fiscalía tipifican el delito de asociación ilícita para delinquir.
Ese mismo documento también detalla que el delito de blanqueo de blanqueo de capitales quedó acreditado tras detectarse que no había concordancia entre los ingresos que se declararon en el expediente, versus el movimiento real de la cuenta Blue Apple. También salió a relucir que dicha cuenta fue reportada a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Como parte de las diligencias de investigación, se recibió una nota suscrita por Ricardo Fernández, superintendente de Bancos entre 2014 y 2019, en la que informa que Banesco realizó un reporte de operación sospechosa en 2012 a la UAF.
El juicio por este caso sigue este miércoles 23 de agosto.
En el proceso se investiga la presunta comisión de los delitos contra la fe pública (falsificación de documentos), contra la seguridad colectiva (asociación ilícita), contra la administración pública (corrupción de servidores públicos) y contra el orden económico (blanqueo de capitales). Están imputados 19 personas, de acuerdo con un comunicado del Órgano Judicial.
