El duodécimo día audiencia preliminar del caso Odebrecht inició con el alegato de Cosme Moreno, abogado defensor de Jaime Lasso, el antiguo lobista y exintegrante del comité de finanzas del Partido Panameñista, quien aseguró que a su cliente se le han violado sus garantías constitucionales al ser sometido al fenómeno del doble juzgamiento.
Moreno solicitó a la juez Baloísa Marquínez declarar nula la acusación de presunto blanqueo de capitales a Lasso, ya que sus actividades económicas han sido objeto de investigación penal en dos ocasiones. Este argumento no es nuevo: Lasso lo ha esgrimido desde el mismo momento en que fue llamado a indagatoria, hace cinco años.
Según la defensa, el Ministerio Público investigó los movimientos de Lasso entre 2008 y 2009, a raíz de un reporte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Insiste en que dichas diligencias fueron cerradas porque se probó que los fondos que recibió Lasso de Odebrecht, a través de su Fundación Don James, fueron para la campaña política de Juan Carlos Varela, vicepresidente (2009-2014) y presidente (2014-2019) de la República. Estos aportes, señala, fueron declarados ante el Tribunal Electoral (TE).
La audiencia preliminar es transmitida en directo por el Órgano Judicial y retransmitida por prensa.com.
Moreno alegó que la Fiscalía Especial Anticorrupción inició una investigación penal contra Lasso por los mismos hechos que ya se habían investigado, generando el fenómeno del doble juzgamiento.
“Jaime Lasso usó los fondos entregados exclusivamente para la campaña del Partido Panameñista y no tenía facilidad para conseguir tratos preferenciales a favor de Odebrecht, porque no era funcionario público”, aseguró el abogado.
La fiscalía vincula a Lasso y la Fundación Don James, a las sociedades V Tech y Poseidon Enterprises, con cuentas en los bancos AOB y Meinl, que fueron alimentadas con fondos de Odebrecht.
‘UN FRANKENSTEIN’
Seguidamente, tocó el turno a Guillermina McDonald, abogada de Navin Mohan Bhakta, a quien la fiscalía lo vincula al caso por la adquisición de un helicóptero marca Airbus color negro, con líneas blancas y matrícula N1626L ligado a Luis Enrique Martinelli Linares. La fiscalía supo de la existencia de ese helicóptero gracias a la declaración de Evelyn Vargas Reynaga, que fue abogada de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014). Vargas, Bhakta, Martinelli Berrocal y sus dos hijos están imputados y con solicitud de llamamiento a juicio, por parte del Ministerio Público.
En aquella época, Martinelli divulgó en su cuenta de Twiter cuatro cheques de gerencia para tratar de justificar la procedencia lícita de los fondos con los que se compró el helicóptero. Uno de esos cheques de gerencia -por la suma de $814 mil 500- era del BAC y estaba a nombre de la sociedad MTI Corporation, S.A, ligada a Bhakta.
McDonald también se quejó por el expediente voluminoso y dijo que era “un Frankenstein”, ya que en el mismo participaron diferentes fiscales, cada uno con un estilo “diferente”.
La abogada cerró su alegato pidiendo un sobreseimiento definitivo para Bhakta.
LOS HIJOS LOBISTAS
Luis Eduardo Camacho González se presentó como abogado de Luis Enrique (Kike) y Ricardo Alberto (Rica) Martinelli Linares, quienes actualmente cumplen condena en Estados Unidos por blanquear al menos $28 millones en coimas de Odebrecht, a través del sistema financiero estadounidense. Ambos le confesaron a un juez de Nueva York que cometieron el delito siguiendo órdenes de su papá. Pese a estos hechos, Camacho González pidió a la juez Marquínez un sobreseimiento para ellos.
En el expediente está el testimonio de André Rabello, antiguo intendente de Odebrecht en Panamá, quien declaró que desde el momento en que Martinelli Berrocal ganó la elección (en mayo de 2009) se le acercaron Kike y Rica para ofrecerle sus servicios de intermediación y así agilizar pagos y adendas a favor de la constructora.
Se refirió al “debate” existente sobre si el delito de soborno internacional está tipificado o no en Panamá. Para Camacho, sí existe y citó varios artículos del Código Penal que lo prueban. No obstante, sostiene que sus defendidos no pueden ser procesados en Panamá por los hechos por los que ya fueron condenados en Estados Unidos y que la acusación de la fiscalía no se encaja dentro del tipo penal descrito en el código.
“El Ministerio Público le está pidiendo que juzgue por juzgar, que condene por condenar”, le dijo Camacho a la juez.
Sobre la declaración de Rabello, señaló que sus clientes, como lobistas de Odebrecht, “prestaron un servicio”. Aquí, Camacho contó a la juez que el gobierno panameño pagó $2 millones a una firma, para que representara al país en el proceso de extradición que se llevó a cabo en Estados Unidos (concretamente, en Miami), entre 2017 y 2018, para traer a Martinelli Berrocal a Panamá. “Esa firma cobró hasta el servicio de masaje en los hoteles... Esa gente sí sabe cómo cobrar”, relató.
Camacho no entiende por qué ese servicio de lobby que pagó Panamá “está bien”, pero el que hicieron sus clientes a favor de Odebrecht, “está mal”.
“Queremos que a los hermanos Martinelli se les juzgue por haber hecho lobismo, pero aquí se le pagó a una firma para que hiciera lobismo en Estados Unidos”, remarcó.
RICAMAR Y OTRA PERIQUITA
Más tarde le correspondió a Alma Cortés presentar los alegatos a favor de Importadora Ricamar y Linda Gesto. Para ambos solicitó un sobreseimiento definitivo. Para la empresa también pidió un incidente de nulidad por falta de competencia.
Cuestionó que Importadora Ricamar sea la única persona jurídica imputada por el delito de blanqueo de capitales, dentro de la presente causa y anunció que presentará un recurso de prescripción de la acción penal, ya que a una sociedad no se le podía aplicar el mismo término de prescripción que a una persona natural, ya que -según ella- no tiene un tipo penal específico.
También explicó que la fiscalía inició la investigación a Importadora Ricamar sin que existiera una alerta de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), como lo establece el artículo 51 del Código Penal. La UAF estaba bajo el control de Martinelli, en la Presidencia de la República. Recalcó que Importadora Ricamar se limitó a recibir o realizar pagos por parte de Cambio Democrático (CD), colectivo que fundó y presidió (en aquel momento) Ricardo Martinelli Berrocal.
Contó que a Odebrecht sí le pidieron coimas, pero en el gobierno anterior, el de Martín Torrijos (2004-2009).
“Cuando nosotros llegamos al Gobierno en el 2009, ya el presupuesto estaba aprobado por el gobierno de Martín Torrijos. ¿Qué pagaron de coima? Simplemente se le pagó a una empresa $50 millones que el gobierno anterior no les había pagado, porque ellos sí le estaban pidiendo coimas a la empresa, y eso no lo investigó el Ministerio Público. Oor eso no le soltaban el pago a Odebrecht”, contó.
Aceptó que Importadora Ricamar recibió $2.6 millones de la sociedad Caribbean Holding (de Aaron Mizrachi, cuñado de Martinelli) y que esos dineros eran cuentas por cobrar de Importadora Ricamar relacionadas a la campaña de CD y que fueron reportadas al Tribunal Electoral (TE). Por tanto, la competencia para investigar estos hechos sería, según Cortés, del TE.
En cuanto a Linda Gesto, uno de los “periquitos” que recibió plata de Odebrecht, según el sistema Drousys, dijo que no hay pruebas que el dinero era producto de alguna actividad ilícita, como lo aseguró el testigo protegido Rodrigo Tacla Durán.
Según la investigación, Gesto, junto a tres mujeres más, recibió pagos en carácter de apoyo familiar, a través del Banco PKB, en Antigua y Barbuda. Los pagos los solicitó Martinelli a Odebrecht.
EL EXMINISTRO Y SU MADRE
La exprocuradora Ana Belfon se presentó ante la juez Marquínez, como abogada de María Bagatelas de Papadimitriu, madre del exministro de la Presidencia, Demetrio Jimmy Papadimitriu. Los dos están imputados.
Belfon señaló que existen exámenes forenses que certifican que su defendida no tiene capacidad física, emocional y legal para comparecer en esta causa. Tampoco era conocedora de muchas cosas que ocurrían con sus sociedades, ya que en la cultura griega es costumbre que la mujer tenga “una total dependencia” a su esposo Diamantis Papadimitriu. María Bagatela enviudó en 2015. “El señor Papadimitriu no puede dar respuestas”, se lamentó Belfon.
Según la declaración de Rabello, el padre del exministro Jimmy Papadimitriu le pidió los dineros, que son la razón por la que madre e hijo están ahora imputados.
El abogado del exministro, Nicolás Brea, alegó que existe el Decreto Ejecutivo de 2 de julio de 2009, que delegó la planificación y ejecución la línea uno del metro a una secretaría (adscrita entonces al Ministerio de la Presidencia) a cargo de Roberto Roy, quien no está imputado en esta causa. Según Brea, esto excluye a su cliente de cualquier vinculación con el hecho ilícito, ya que él no guardaba relación con ese proyecto, que construyó Odebrecht.
Alegó también que el exministro no tiene relación con las cuentas que manejó Diamantis Papadimitriu, aunque reconoce que el padre sí mantuvo contratos para el suministro de artículos de construcción de la autopista Maden Colón y otros proyectos. No obstante, no hubo dolo en esas actuaciones y toda la participación fue lícita. Además, el hijo no estaba al tanto de los negocios que hacía el padre.
A las 6:06 p.m., la juez cerró la sesión. La audiencia se reanudará el miércoles 28 de septiembre, a las 9:00 a.m.
