Federico José Pepe Suárez y Jaime Ford Castro, quienes ejercieron como ministros de Obras Públicas en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), así como personal de la Contraloría General de la República, incumplieron con su labor de fiscalización en el proyecto de diseño, construcción y ensanche de la autopista Arraiján-La Chorrera.
Esa fue la conclusión a la que arribó la jueza primera liquidadora de causas penales Agueda Rentería, al emitir un auto de llamamiento a juicio para nueve personas por la presunta comisión del delito de peculado en la ejecución del citado proyecto.
El fallo de la jueza Rentería señala que el Ministerio Público (MP) acreditó, a través de la presentación de tres informes de auditoría, la existencia de sobreprecios en la ejecución de la obra y que la empresa contratista Transcaribe Trading (TCT) no cumplió con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de cargos. Igualmente, sostiene que los exministros Suárez y Ford incumplieron con su deber de fiscalización de los trabajos. Además, ambos exfuncionarios firmaron adendas para la ejecución de algunos aspectos del proyecto que no se cumplieron.
También detalla que funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y fiscalizadores de la Contraloría incumplieron con el rol de supervisión de los trabajos y permitieron lesiones a los fondos públicos, al pagar por trabajos no realizados.
Entre los elementos aportados por la Fiscalía Anticorrupción que fueron valorados por el juzgado se encuentran tres informes de auditoría: uno elaborado por la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional, otra del MOP y, el tercero, de la Contraloría, en los que se detalla que hubo trabajos que no cumplieron con las especificaciones técnicas del pliego de cargos.
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— OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) May 17, 2023
En el caso de Daniel Ochy, representante legal de TCT, la jueza resaltó que su participación está acreditada con los informes de auditoría presentados por la fiscalía, que revelaron inconsistencias en la obra como trabajos que no se realizaron y actividades que se duplicaron.
Entre los llamados a juicio también figura Marco A. Saavedra Catala, representante legal de la empresa Técnicas y Proyectos, que fue contratada por el MOP para hacer la inspección de la obra adjudicada a TCT..
En la investigación se establece que Técnicas y Proyectos cobró $4 millones de los $7.9 millones que conforman el perjuicio económico total y que la empresa permitió pagos fuera de las especificaciones técnicas del contrato, así como incumplimientos e irregularidades que están reseñados en el informe elaborado por la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional.
En su defensa, Saavedra Catala alega que solo fue contratado como abogado por Técnicas y Proyectos, una empresa que se estableció en Panamá por el proyecto de ampliación del Canal, que fue contratado para tramitar el registro de dicha empresa y que prestó sus servicios profesionales como representante legal nominal para servir de enlace entre la administración pública y la empresa, pero que nunca fue empleado directo.
También figuran entre los llamados a juicio Eddie A. Márquez y Eduardo Rodríguez, ambos inspectores de diseño, construcción y rehabilitación de la obra. Se les atribuye haber permitido el pago por trabajos realizados fuera de las especificaciones contenida en el pliego de cargos y haber entregado informes de que se estaba cumpliendo con lo dispuesto en los planos.
También destaca la participación de los fiscalizadores de la Contraloría Lester Simenon González, Alcides Velásquez y Miguel González, quienes estaban encargados de fiscalizar el avance de la obra.
En la decisión del tribunal se establece que durante el juicio se probará si la actuación de estos funcionarios fue dolosa o no.
Reacciones
Rosendo Miranda, abogado del exministro Suárez, aseguró que el caso seguido a su cliente y otras ocho personas no tiene asidero jurídico, ya que existe un fallo del Tribunal de Cuentas en el que se indica que no hubo lesión patrimonial alguna en el proceso de realización de la autopista Arraiján-La Chorrera.
Miranda aseguró que el señalamiento del Tribunal de Cuentas deja sin sustento el señalamiento de la Fiscalía Anticorrupción de la existencia de un delito de peculado.
Explicó que en el gobierno del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), se rescindió el contrato a la empresa TCT, por lo que se hizo efectiva la fianza de cumplimiento por parte de la aseguradora y la obra fue concluida por otra empresa.
Mientras que Basilio González, abogado del exministro Ford, considera que se trata de un llamamiento a juicio ilegal e inconstitucional.
González aseguró no entender la decisión de enjuiciar a su cliente, cuando este no es mencionado en el proceso abierto por el Tribunal de Cuentas. Agregó que su cliente no malversó fondos y que ni siquiera aparece en el informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República.
Dijo desconocer la razón de los cargos contra su representado, ya que no aparece relacionado en el informe de auditoría de la Contraloría.
