Hay un nuevo imputado en la causa seguida por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través del cobro irregular de servicios médicos a militares veteranos estadounidenses.
Este jueves 17 de octubre, en una audiencia celebrada en el Primer Distrito Judicial de Panamá, un juez de garantías comunicó la imputación de cargos a Marianela Martínez de Alvarado., esposa del médico Javier Alvarado Castrellón.
Alvarado y su socio, el doctor Walter Kravcio Guardia, también enfrentan cargos en este proceso.
La audiencia de este jueves fue convocada para informar a las partes de un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que dio por presentada la imputación a Martínez.
De ese modo, la CSJ revocó la decisión de otra juez de garantías, llamada Marisol Ortiz, que el 10 de agosto del 2023 decidió que no había mérito para formularle cargos a Martínez.
La Corte -en un fallo con fecha del 28 de mayo de 2024- opinó que la juez Ortiz se equivocó: violó el debido proceso y dictó una decisión “con sentido arbitrario”, desconociendo elementos de evaluación importantes para la causa.
El fallo explica que el artículo 280 del Código de Procedimiento Penal precisa que la solicitud de imputación debe contener la individualización de los investigados, los hechos relevantes y las evidencias que la componen. Agrega que esta formalidad es tanto para el fiscal como para el juez de garantías y que, cuando se decide de manera distinta, se irrumpe con la convergencia procesal.
De ese modo, la Corte considera que la decisión de la juez Ortiz violenta el orden procedimental, puesto que emite juicios que no son propios de la fase en la que actualmente se encuentra la investigación.
El amparo de garantías contra la decisión de la juez Ortiz fue presentado por la fiscal Sandy Cedeño, que solicitó la imputación de la mujer, por considerar que había recibido fondos de su esposo que podrían estar relacionados con la investigación adelantada por su despacho.
Este caso inició por una denuncia presentada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la firma de abogados Caballero Almengor y Asociados.
Estos hechos habrían ocasionado un perjuicio aproximado de poco más de un millón de dólares al Programa Médico Extranjero del Departamento de Asuntos de los Veteranos de Estados Unidos (conocido por las siglas VA).
Los doctores Kravcio y Alvarado estuvieron detenidos preventivamente, pero ahora gozan de la medida cautelar de arresto domiciliario con posibilidad laboral; es decir, que están autorizados para acudir a atender sus obligaciones como médicos.
Kravcio, Alvarado y algunos de sus negocios y sociedades están en la lista de 36 proveedores médicos en Panamá que han sido suspendidos del programa VA, por supuesto fraude en perjuicio de veteranos estadounidenses.
