El fiscal anticorrupción Aurelio Vásquez dejó ayer martes al descubierto la forma como un grupo de exfuncionarios del periodo 2009-2014 se distribuyó el dinero producto de una coima que pagó un contratista del Estado, a cambio de una obra pública.
El tema surgió durante la audiencia ordinaria celebrada ayer martes por el denominado caso Blue Apple, cuando Vásquez exponía la vinculación de Adolfo Chichi De Obarrio con los delitos investigados en esta trama: asociación ilícita, blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos
En el caso, dijo el fiscal, se usaron dos esquemas: el factoraje (factoring) y otro “más burdo”, el de depositar dinero para “fondear” cuentas receptoras del dinero y una de ellas era la cuenta canasta Blue Apple.
Sustentó que al exsecretario privado del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) se le vincula con la causa por dos proyectos que fueron ejecutados a través del antiguo Programa de Ayuda Nacional (PAN): la construcción de paradas o zonas pagas y la ampliación y mejoras del sistema de alcantarillados de Chitré, Herrera.
El fiscal narró a la jueza penal Baloisa Marquínez que, como parte de la investigación, se llamó a indagatoria a Giácomo Tamburrelli, exdirector del PAN, y que este explicó que tramitó un contrato para la ampliación y mejoras del sistema sanitario en Chitré, una obra de $41.9 millones que se le asignó a Rodsa, S.A. Además del PAN, que funcionó como una dependencia del Ministerio de la Presidencia, en este proyecto también estaban involucrados el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Idaan).
Tamburrelli confesó a la fiscalía que llamó al dueño de la compañía, Juan Alexis Rodríguez, y le exigió un pago (soborno) de “más de $3 millones” y le dio “las coordenadas de a quién se debía pagar”. Todo a través de sociedades anónimas similares a la de Blue Apple. Los pagos eran -siempre según lo declarado por Tamburrelli- para Demetrio Jimmy Papadimitriu y Frank De Lima, que entonces eran ministros de la Presidencia y de Economía y Finanzas, respectivamente. Según el exdirector del PAN, Papadimitriu recibió $940 mil y De Lima, $500 mil. A Sergio González Ruiz, quien era el director de la Lotería Nacional de Beneficencia, le correspondieron $300 mil, ya que como presidente del partido Molirena tenía control sobre el Idaan. A Tamburrelli le tocó $1 millón. “Esta es la declaración indagatoria de Giacomo Tamburrelli”, insistió el fiscal.
Pero el caso tomó otro giro por una llamada que hizo el presidente de la República de ese entonces, Ricardo Martinelli, a Tamburrelli. Le pasó a Chichi de Obarrio y este le exigió devolver la coima a Rodríguez, el contratista de Rodsa. Tamburrelli le pidió el dinero a Papadimitriu y este le dijo que él se lo entregaba directamente al “boss”. González Ruiz, le contestó que se lo daría a De Obarrio. Solo él y De Lima se lo devolvieron a Rodríguez. “El que me dio las coordenadas de cómo se iba a regresar el dinero fue De Obarrio”, remarcó Tamburrelli, según el fiscal.
La fiscalía llamó a Rodríguez y este contó que no recibió la totalidad de los fondos que había dado. Solo recibió una parte. Después fue abordado por Rafael Guardia, el hombre que remplazó a Tamburrelli como director del PAN, quien le exigió el pago de coimas y así tuvo que darle el dinero que le habían retornado. En declaración jurada, Guardia manifestó que en efecto, recibió el dinero de Rodríguez, pero que tenía instrucciones de De Obarrio para entregárselo a él. Rodríguez le entregó el dinero en cajas y él se lo dio a De Obarrio.
“Ese es el blanqueo”, añadió el fiscal.
En la audiencia celebrada ayer, De Obarrio, quien se encuentra en Milán, Italia, estuvo representado por el abogado particular Víctor Collado y el defensor público Fernando Peñuela. Collado no intervino en la fase de alegatos. La jueza se acogió a los 30 días que dicta la ley para emitir un veredicto.
