El Ministerio Público aportó una serie de pruebas durante el segundo día del juicio por el caso Blue Apple. Le correspondió al fiscal Edwin Juárez presentar los argumentos ante Baloisa Marquínez, jueza segunda liquidadora de causas penales.
Marquínez admitió asistencias judiciales procedentes de Suiza, relacionadas con depósitos realizados en cuentas bancarias aperturadas por Jorge Churro Ruiz, exdirector de administración de contratos del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
En Suiza, El Churro Ruiz depositó $8 millones, de los cuales $4 millones se usaron para comprar maquinaria para la Hidroeléctrica El Síndico, en la que tiene participación Federico Suárez, exministro del MOP y otro de los imputados.
La jueza también dio luz verde a varias certificaciones de la Fiscalía Especial Anticorrupción y la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, sobre el estatus de varias investigaciones adelantadas en ese despacho en las que se menciona a Riccardo Francolini y Valentín Martínez Vásquez, otros dos vinculados a la causa.
También admitió como prueba un certificado de matrimonio entre Francolini e Iraida García, relacionado con la compra de una villa en Buenaventura, una comunidad de playa en el Pacífico.
Barrios, testigo
A la vez, avaló la declaración de Federico Barrios como testigo. Barrios alcanzó un acuerdo de colaboración con la fiscalía para ser interrogado sobre la creación de la sociedad Blue Apple.
La jueza Baloisa Marquínez también acogió la presentación del testimonio del abogado Mauricio Cort y García.
Otra de las pruebas extraordinarias admitidas, fue la solicitud que hizo Arturo Sauri, abogado de George Moreno, para presentar una auditoría confeccionada por el contador Emanuel Jaén Agrazal. Además, dio el visto bueno a una auditoría de la Contraloría General de la República, solicitada por Rosendo Miranda, abogado Federico Suárez. Este documento es referente al patrimonio de su cliente.
Según Miranda, el informe revela que su cliente no tiene un incremento patrimonial desmesurado, pese a que la fiscalía dice que supuestamente recibió fuertes sumas de dinero.
Vínculos
En la mañana, se le dio lectura al documento que contiene los elementos para llamar a juicio a Génesis De Gracia, Octavio Samaniego y Evelyn Vargas Reynaga, tres personas que de acuerdo con la fiscalía “participaron activamente” en la creación de sociedades usadas para transferir fondos públicos hacia la sociedad Blue Apple.
De Gracia fue la representante legal de Corporación Libuma y Nightmare Overseas, al igual que de otras sociedades usadas para recibir y transferir dineros ligados a las irregularidades investigadas.
Samaniego, por su lado, fungió como representante legal de Desarrollo Lineal y Servicios Maravilla S.A. empresas que movieron fondos y giraron cheques que fueron a parar a Blue Apple.
A Evelyn Vargas Reynaga se le vincula con la distribución de $4 millones a las sociedades Corporación Energía del Istmo, Bosques Arrecifes, y Corales del Atlántico S.A., que también movieron fondos.
Federico Barrios confesó en una indagatoria que Vargas Reynaga creó sociedades que sirvieron para encubrir los dineros provenientes de actividades de corrupción y que luego fueron transferidos a Corporación de Energía del Istmo, Bosques Arrecifes y Corales del Atlántico S.A.
Señaló a Luis Enrique
Sin embargo, en su indagatoria, Vargas aseguró que los documentos relacionados con esas sociedades y contratos no fueron creados por ella, aunque sí los firmó. También detalló que suscribió los contratos porque su jefe en ese momento, Luis Enrique Martinelli Linares, le dio la orden. Luis Enrique es hijo del expresidente Ricardo Martinelli. Él y su hermano Ricardo Alberto, son dos de los vinculados al caso pero, su proceso pasó al pleno de la Corte Suprema de Justicia debido a que la semana pasada se juramentaron como diputados suplentes del Parlamento Centroamericano.
Suárez, el beneficiario
En tanto que la razón por la que Federico Suárez está llamado a juicio, según la fiscalía, es a raíz de que se valió de su posición de servidor público y nombró a Jorge Churro Ruiz y a Melina Cano, en el MOP, quienes realizaron maniobras para encubrir que Suárez, era el beneficiario final de fondos provenientes de un delito contra la administración pública, mediante el uso de la estructura brindada por Blue Apple y otras sociedades creadas con ese fin.
El escrito (auto de llamamiento a juicio) dice que la sociedad Inmobiliaria GS del Mar, ligada a Suárez, recibió cheques que suman $180 mil de Corporación Libuma y de $330 mil de la propia Blue Apple.
Parte de los fondos obtenidos por Suárez eran procedentes de los contratos otorgados por el MOP a empresas como Bagatrac, Rodsa, Conalvías, entre otras. Los mismos fueron canalizados para la compra de turbinas del proyecto hidroeléctrico El Síndico, en la provincia de Chiriquí, también vinculado al exministro.
El vínculo de Jaime Ford, exministro del MOP, con el caso, se deriva de las declaraciones de los contratistas de Rodsa, Ingeniería REC y de la empresa Conceptos y Espacios S.A. Además, se sustenta con la declaración de Eduardo Di Bello Robles, quien aseguró que durante una reunión con Ford, este le informó que para obtener un proyecto en Nueva Providencia, Colón, debía entregar “un apoyo” para la ejecución de la obra.
La vinculación de Riccardo Francolini, surge de la Fundación Olimpo, creada por la firma Martínez- Acha & Asociados, con la que se adquirió una villa en el proyecto turístico Buenaventura. Parte de esos fondos, según el auto de llamamiento a juicio, guardan relación con la sociedad Blue Apple. Esto hechos surgen de la declaración rendida por Valentín Martínez Vásquez.
