Los abogados de los exministros de Obras Públicas, Federico José Pepe Suárez y Jaime Ford Castro, pidieron la absolución de ambos este viernes 1 de septiembre, durante el noveno día del juicio por presunto blanqueo de capitales en el denominado caso Blue Apple.
Mientras el abogado de Suárez alega que su defendido desconocía que los fondos que recibió de la cuenta canasta de Blue Apple tenían una procedencia ilícita, el de Ford acusó al colaborador Jorge Espino de engañar a la Fiscalía Anticorrupción para implicar a su cliente, “sin aportar una sola prueba”.
Espino ha sido identificado como testaferro de Ford y tiene un acuerdo de pena por el que ya fue condenado a 42 meses de prisión y al pago de una multa de $1 millón. En el caso de los sobornos de Odebrecht, también tiene un acuerdo de pena y confesó haber participado en el esquema para encubrir dineros de la constructora que habrían favorecido a Ford.
Por el caso de Odebrecht, Ford y Suárez también serán enjuiciados, a partir del próximo 27 de septiembre.
En el juicio de Blue Apple, la fiscalía pidió una condena “ejemplarizante” para Suárez, Ford y 12 personas más, así como la absolución de dos.
Jaime Ford
Contra Jaime Ford (que antes de ministro del MOP fue viceministro de Vivienda) está la declaración de Jorge Espino, de la empresa Conceptos y Espacios, quien ya reconoció haber solicitado dineros a contratistas del Estado para beneficio de Ford. Espino no declaró en el estrado durante el juicio, pero su testimonio está incorporado y es pieza clave del expediente. Tampoco declaró Ford.
Pero el abogado González, en su alegato ante la juez penal Baloisa Marquínez, sostiene que Espino no puede probar nada de lo que dice y aseguró a la juez que las cosas ocurrieron al revés: que fue Espino el que extorsionó a otras constructoras, a las que engañó diciéndoles que actuaba en nombre de Ford. Y Ford sin enterarse de esto.
Según González, la declaración rendida por Espino es falsa y prueba de eso es que ningún otro implicado en el esquema de Blue Apple ha identificado a Ford como parte de los ilícitos. Tampoco hay cheques que lo vinculen al caso.
No obstante, en el auto de llamamiento a juicio que firmó la juez Marquínez en noviembre de 2021 consta que los representantes legales de las constructoras Rodsa e Ingeniería REC, además de la ya mencionada Conceptos y Espacios, hicieron señalamientos “directos, reiterativos y consistentes” sobre las “ayudas políticas” que Ford les solicitó en su condición de ministro del MOP.
En el expediente también consta que Espino confesó que, respecto a Ford, las “comisiones” ascendieron a la suma de $2.9 millones, que fueron pagados por los contratistas a través de las sociedades Blue Apple Services, Corporación Libuma, Nightmare Overseas, Blanch International y Dover Agency, todas creadas por el abogado Federico Barrios, quien también tiene acuerdo de pena con la fiscalía. Barrios declaró que esas sociedades eran utilizadas para captar fondos públicos, “tercerizados” por los contratistas del Estado.
Jaime Ford usó su condición de ministro para solicitar a empresas que mantenían contratos con el Estado, provechos ilícitos denominados "ayudas políticas". pic.twitter.com/ZkAs1JybXp
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) August 31, 2023
Eduardo Di Bello, de Ingeniería REC, declaró bajo juramento que solo por la adjudicación de un proyecto residencial en Nueva Esperanza, en Colón, se le pidió un “abono” de $800 mil, supuestamente a favor de Ford.
📹 El fiscal superior Anticorrupción Aurelio Vásquez se refiere, a su llegada a la novena jornada del juicio #BlueApple, a los delitos por los cuales se procesa a los implicados en el caso y explica el motivo de la extensión del alegato contra uno de los acusados. pic.twitter.com/W8wNAplEET
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) September 1, 2023
Suárez no sabía nada
Rosendo Miranda, abogado de Pepe Suárez, inició su alegato acusando al Ministerio Público de imputar cargos por lavado de dinero contra sus clientes (también defiende a Valentín Martínez Vásquez) sin un fundamento legal.
Aunque reconoció que en el expediente está la declaración de varios contratistas en contra de Suárez, Miranda aseguró que los fondos que recibió su cliente no procedían de instituciones del Estado. En otro momento dijo que Suárez sí recibió plata de Blue Apple, pero él desconocía el origen de esos dineros y no actuó con dolo.
Señaló que ni uno de esos contratistas ha podido asegurar que Suárez amenazó con paralizar sus proyectos.
También se refirió al testimonio de Jorge Churro Ruiz, exdirector de administración de contratos del MOP, quien el pasado 22 de agosto (el mismo día que inició el juicio) logró que la juez Marquínez validara un acuerdo de pena a favor suyo y de su esposa María Antonia Lee. Se desconocen los detalles, pero la fiscalía ya advirtió que el acuerdo de Ruiz incluye una condena superior a los 60 meses de prisión.
Ese mismo día (22 de agosto), Suárez propuso un acuerdo de colaboración, pero la fiscalía lo rechazó por considerar que no era “viable”.
Federico Suárez mantenía interés en participar del proyecto El Síndigo, según documentación entregada por Mauricio Cort a la Fiscalía. pic.twitter.com/nO1mmalYig
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Según el alegato del abogado de Suárez, Ruiz declaró que solicitó dinero a los contratistas del MOP, atendiendo instrucciones de Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijo del expresidente de aquella época Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014). Suárez -según su abogado- desconocía esos hechos porque Ruiz (que era un funcionario de su máxima confianza) no se lo contó.
Ricardo Alberto y su hermano Luis Enrique Martinelli Linares también están imputados por el caso Blue Apple, pero serán procesados por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, ya que cinco días antes del inicio del juicio, la juez Marquínez perdió la competencia: el 17 de agosto pasado, fueron juramentados (vía virtual) como diputados suplentes del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Rosendo Miranda dijo que la fiscalía ha intentado atribuir responsabilidad de una actividad ilegal a Suárez, solo porque su subalterno Ruiz cometió un ilícito del cual él no tiene culpa alguna.
Miranda agregó que la plata que recibió de Blue Apple la usó su defendido para comprar el apartamento 10-B en el PH Windrose, a través de la sociedad GS Del Mar, así como para adquirir turbinas para el proyecto hidroeléctrico El Síndigo, desarrollado por Los Naranjos Overseas. El PH Windrose, ubicado en Coco del Mar, fue desarrollado por la constructora de la familia de Suárez.
Sobre su otro defendido, el abogado Valentín Martínez Vásquez, Miranda alegó que se le hicieron cargos por aparecer como creador de la Fundación El Olimpo, a través de la cual se compró una villa en Bristol Resort, en Buenaventura, pero que su cliente no fue el beneficiario final de los cheques usados para la adquisición de este bien. El beneficiario final de El Olimpo es Riccardo Francolini, dijo Miranda y agregó que su cliente aporto documentación que sustenta este señalamiento. Fracolini también está imputado en el caso Blue Apple.
Martínez ya está condenado a 80 meses de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business, sobre la compra de las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), en diciembre de 2010. Aquí también está condenado el expresidente Martinelli, a 128 meses de prisión y al pago de una multa de $19.2 millones. Al ser una decisión de primera instancia, fue apelada.
Más alegatos y el caso de la nana
En la jornada de este viernes también presentaron sus alegatos los abogados de los imputados Jaime Martín De La Espriella y Luis Antonio Donadío.
Roummel Salerno, abogado de Martín, aseguró que la fiscalía no describió cuál fue la participación de su cliente en este esquema de blanqueo. Su defendido, aseguró, no transfirió, depositó o se aprovechó de los fondos depositados en Blue Apple.
Dijo que la fiscalía le atribuye responsabilidad por ser parte de Inversiones y Servicios, S.A., que supuestamente recibió o transfirió dinero de Blue Apple, pero aseguró que su cliente no tenía el control de los depósitos y no era el beneficiario final de esa cuenta.
Gilberto Bernal, abogado de Donadío, reconoció que su representado prestó sus servicios de abogado para la constitución de Nightmare Overseas, Dover Agency y Blanch International, sociedades que movieron unos $13 millones captados por Blue Apple, pero que no se benefició de esas transacciones. De hecho, el propio Barrios declaró que Donadío era su empleado y desconocía para qué se crearon esas sociedades. Bernal dijo a la juez que Barrios admitió haber falsificado la firma de su cliente.
Bernal consideró que el perito Eliseo Ábrego, de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), actuó con intención “maliciosa” al vincular a su cliente con fondos de Blue Apple.
Por su parte, Eduardo Sequeira, abogado de Silvia Rojas (la nana de Federico Barrios), para quien la fiscalía solicitó un veredicto absolutorio, aseguró que su cliente fue víctima de algunas circunstancias de las que no tenía conocimiento y que ello la llevó a un proceso judicial en el que nunca debió estar.
Sequeira pidió a la juez que acogiera la solicitud de la fiscalía, de declarar la absolución de Rojas.
