Tras ocho horas de alegatos, la Fiscalía Anticorrupción solicitó una sentencia condenatoria y la aplicación de penas “ejemplarizantes” para 14 personas por delitos que van desde el blanqueo de capitales, la corrupción de funcionarios y la asociación ilícita para delinquir, en el juicio del denominado caso Blue Apple. Además, pidió la absolución para otras dos personas.
El fiscal Edwin Juárez pidió a la juez penal Baloisa Marquínez un veredicto condenatorio para Federico Pepe Suárez y Jaime Ford, quienes fungieron como titulares del Ministerio de Obras Públicas entre 2009 2014, por haber solicitado “ayudas políticas” (coimas) a empresas contratistas del Estado a cambio de facilidades para la ejecución y el cobro de proyectos de infraestructura.
Pepe Suárez
En el caso de Suárez, la Fiscalía Anticorrupción aseguró que mantenía relaciones comerciales con Felipe Lechter, quien pactó un acuerdo de colaboración y aceptó haber sido receptor de dinero procedente de Blue Apple, que acabó beneficiando a Suárez. Lechter reconoció que recibió dos cheques por $10 millones provenientes de Blue Apple.
El fiscal también sustentó que esos fondos procedían de la estructura societaria creada por Federico Barrios, quien se alió con el exjefe de administración de contratos del MOP, Jorge Churro Ruiz, para elaborar una estructura societaria con el propósito de canalizar fondos procedentes de los pagos de las empresas que fueron beneficiadas con contratos del Estado. Explicó que Suárez utilizó contratos de su grupo empresarial para canalizar dineros producto de delitos contra la administración pública y que fueron movidos a través de varias sociedades, entre ellas Blue Apple.
También recalcó que el exministro canalizó dineros de Blue Apple para la compra de equipo para el proyecto hidroeléctrico El Síndigo, que se desarrollaba en la provincia de Chiriquí. Alegó que así lo sustentaron Teodoro Garrido (q.e.p.d.) y Federico Barrios.
Dijo que para ejecutar esta operación también contó con la colaboración de Churro Ruiz y de la que fue su asistente en el MOP, Melina Cano.
Ruiz se convirtió en colaborador de la fiscalía y Cano, al igual que Suárez, está imputada.
Recalcó que Cano, para quien el fiscal también solicitó una condena, participó directamente en la tramitación de los documentos para el proyecto El Síndigo.
Ford
De acuerdo con el fiscal, las declaraciones de los empresarios Eduardo Di Bello, Julián París y Jorge Espino, cuyas empresas lograron contratos con el Estado, fueron determinantes en la imputación de Jaime Ford. Los tres confesaron que entregaron fondos a Ford en concepto de “ayudas políticas”.
Con el dinero entregado a Ford, según la fiscalía, se realizaron compras de bienes inmuebles en el corregimiento de San Francisco, el Casco Viejo y en la provincia de Panamá Oeste. El intermediario de estas transacciones fue Jorge Espino, quien también tiene acuerdo de pena con la fiscalía.
También se solicitó el llamamiento a juicio de Manuel Ruiz Vigil, Luis Antonio Donadío, Alcides Bernal, Valentín Martínez Vásquez, Riccardo Francolini, Juan Daniel Girón Samaniego, César Jaramillo, Luis Alberto Arias, Jaime De La Espriella, George Moreno y Octavio Samaniego.
En cambio, se pidió a la juez Marquínez un veredicto absolutorio a favor de Silvia Rojas y Marcelino Martínez. Ambos participaron en la creación de sociedades anónimas utilizadas para mover dinero a Blue Apple. Según la fiscalía, Rojas y Martínez desconocían para qué fueron creadas esas sociedades y no recibieron ningún beneficio o provecho de esos actos.
El día antes, Barrios había declarado que Silvia Rojas era la nana de sus hijos y fue él quien le pidió la cédula, para usar su nombre y otras datos personales para crear las sociedades, a cambio de “un par de dólares”. Él mismo declaró que Rojas era muy humilde y tenía baja escolaridad, por lo que era muy difícil que comprendiera toda la trama.
Defensores inician alegatos
El primer abogado en presentar sus alegatos fue Roberto Moreno, defensor de Alcides Bernal, quien aseguró que la fiscalía no logró probar la vinculación de su cliente con el supuesto delito de blanqueo de capitales.
Moreno aseguró que el solo hecho de que su cliente recibió dinero no lo convierte en un lavador. Advirtió que como prestamista, su defendido está ligado a muchas transacciones comerciales y reconoció que alguna vez pudo recibir dinero sucio, pero siempre desconociendo su procedencia ilícita.
El juicio se reanuda este viernes, con los alegatos de más defensores.
