Nueve testigos de los defensores de varios de los imputados desfilaron ante el estrado del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales durante el tercer día del juicio por el caso Blue Apple, proceso en el que se investiga presunta falsedad de documentos, corrupción de funcionarios y blanqueo de capitales.
Doris Zambrano, fue la primera. Ella es una educadora jubilada y madre de Alcides Bernal, uno de los imputados. Dijo que se dedica a prestar dinero y a la compra de bienes inmuebles. Aseguró que casi toda su familia se dedica a ese negocio. Manifestó que no conoce las interioridades del caso y supo de esta investigación cuando su hijo fue detenido.
Afirmó que le hizo un préstamo a Edward Domínguez, quien alcanzó un acuerdo de 66 meses de prisión con la fiscalía por este caso, pero añadió que ella nunca tuvo relación con la sociedad Blue Apple. Reconoció que su hijo Alcides Bernal fue procesado en otro caso por blanqueo de capitales, en el que aceptó un acuerdo de pena, pero que en ese caso, el dinero era legítimo y no procedía de actividad ilícita alguna.
Después subió al estrado Isabel Fernández Alfaro, abogada de profesión y quien laboró en la Superintendencia de Bancos de Panamá. Ella es asesora en temas de blanqueo de capitales. El testimonio de Fernández Alfaro fue solicitado por el abogado William Parodi, defensor de Luis Alberto Arias.
La fiscalía anticorrupción tiene la teoría de que Arias es el destinatario final de Inversiones y Servicios LJ S.A., que habría recibido $500 mil de Blue Apple.
Fernández Alfaro explicó el concepto de beneficiario final de una sociedad. Se trata, contó, de la persona natural que tiene el control y beneficio de los fondos en una estructura legal. Relató que hace 10 años las regulaciones para identificar al beneficiario final de una cuenta no eran tan exigentes como hoy.
También sostuvo que cuando se registran movimientos inusuales por transacciones comerciales o bancarias, corresponde a la Unidad de Análisis Financiero emitir una alerta y enviarla al Ministerio Público para una posible investigación penal.
Según Parodi, Luis Alberto Arias no era el destinatario final de la sociedad Inversiones y Servicios LJ.
La tercera testigo en comparecer fue Julissa Domínguez Vargas, abogada en ejercicio. Ella también acudió al juicio por solicitud de Parodi.
Relató que trabajó en la sociedad Power Press, que se dedicaba a la compra de facturas de empresas estatales. Dijo que esa era una actividad que dejaba algunas ganancias, ya que había empresas a las que el Estado tardaba mucho en pagar y necesitaban efectivo para seguir operando, por lo que vendían las facturas para tener liquidez. Narró que conoció a Juan Alexis Rodríguez, de la constructora Rodsa, uno de los que pagó sobornos a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas a cambio de contratos.
Luego le correspondió el turno a la testigo Yenny Bonilla Muñoz, especialista en banca, finanzas y factoring. Contó que laboró en Power Express, que estaba a cargo de Hernando Arias (q.e.p.d.), hermano de Luis Alberto Arias, como ya se dijo, empresa dedicada a la compra de facturas. Manifestó que conocía a Rodríguez Salcedo, de Factor Global, pero que desconocía los motivos de las reuniones que se realizaban en esas oficinas.
Alegó que el imputado Luis Alberto Arias nunca estuvo a cargo de esta empresa y por tanto, no giraba instrucciones a los empleados.
Geneva Estrada, se convirtió en la quinta testigo. Ella también laboró en Power Express y confirmó que Rodríguez Salcedo sostenía reuniones con los directivos de la empresa.
José Alberto Serrano, sexto testigo del día, también dijo que Power Express era una empresa de factoring, propiedad de Hernando Arias. Manifestó que su labor era realizar actividades de mensajería. Añadió que tras la muerte de Arias, las que se hicieron cargo de la empresa fueron sus hijas.
Dijo que en su momento, tramitó la constitución de la sociedad Inversiones y Servicios LJ.
Isaac Alvarez Martínez, fue el séptimo testigo. Contador de profesión, alegó que Luis Alberto Arias no mantenía relación con Power Express, ni con Inversiones y Servicios LJ S.A.
Mabel Miranda, fue la octava testigo en hablar. Ella es docente en ejercicio y acudió al juicio a solicitud de Roberto Moreno, defensor de Alcides Bernal, quien también refirió sobre sus actividades préstamo de dinero y aseguró que sus cuentas bancarias nunca han sido intervenidas. Miranda es prima de Bernal. Admitió que se dedica al negocio de prestar plata, con su tía Doris Zambrano (que en la mañana declaró en el juicio como testigo) y su primo Alcides Bernal, pero no tiene licencia.
El fiscal Manuel Barrías le presentó un cheque por $11,000 emitido a su nombre por la Corporación Libuma, una sociedad utilizada para recibir y transferir dinero a la cuenta canasta de Blue Apple Service. También de otro cheque procedente de Blanche International Inc., por $29,700.
La testigo declaró bajo juramento que los dos cheques se los entregó Edward Domínguez.
El último testigo en pasar a la sala fue Amado Bernal Prado, contador y abogado. Ingresó a la sala como testigo del abogado Roberto Moreno, defensor de Alcides Bernal. Dijo que fue llamado por el entonces fiscal Sofanor Espinosa, para hacer un análisis sobre el grupo de prestamistas conformado por Dora Zambrano, Alcides Bernal y Mabel Miranda. Recordó que entonces Alcides Bernal recibía ingresos por unos $8 mil mensuales, producto de alquiler de inmuebles y director de algunas empresas, “además de los ingresos por el tipo de negocios que hacía”.
Señaló que ninguna de las cuentas de Alcides Bernal ha sido cerrada por los bancos. También dijo que el grupo era una empresa “informal”, que prestaba su plata y, por tanto, no tenía que cumplir con la ley. “No encontré ningún tipo de tema de blanqueo... Había suficientes fondos propiamente de ellos para trabajar”, indicó. Reconoció que encontró 10 cheques que venían de la sociedad Blue Apple.
El juicio sigue este viernes 25 de agosto.
