“Yo siento que a la canciller le toca hacer su trabajo”.
Esa fue la respuesta del expresidente de la República y excanciller, Juan Carlos Varela, cuando los periodistas quisieron conocer su opinión por la actual situación del también exmandatario Ricardo Martinelli, atrincherado en la embajada de Nicaragua, en La Alameda, desde el 7 de febrero de 2024, cinco días después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admitiera un recurso contra la sentencia que lo condenó a 128 meses de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business.
Recientemente la Cancillería panameña hizo un llamado de “atención” al Ministerio de Relaciones de Nicaragua por permitir “las reiteradas declaraciones y otras acciones” del expresidente Ricardo Martinelli. En una carta fechada el martes 27 de febrero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá le recuerda a su par de Nicaragua que su misión diplomática tiene la “ineludible responsabilidad de no permitir la práctica de actos contrarios a la tranquilidad pública” y por tanto, de asegurar que la conducta del “señor Martinelli Berrocal se mantenga dentro de los límites establecidos”.
Varela recordó que cuando fue canciller de la República (entre 2009 y 2011, precisamente en el gobierno de Martinelli) atendió el caso “muy puntual” del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram, asilado en Panamá de 1997 a 2017. “Nos tocó tomar medidas”, dijo.
Agregó que se le pidió a Bucaram que no “se metiera” en temas políticos internos de Ecuador.
“Hay precedentes de asilos que ha dado Panamá, como fue el caso del expresidente Bucaram”, remarcó Varela, quien subrayó que hay “parámetros claros” que como canciller le correspondió ejercer.
“Cada uno en la vida es responsable de sus acciones y sus decisiones”, comentó Varela, al ser consultado sobre la decisión del expresidente Martinelli de asilarse en la sede de la embajada de Nicaragua en Panamá.
Las declaraciones de Varela se dieron el jueves 29 de febrero, en la Corte suprema de Justicia, donde acudió a notificarse como parte de la medida cautelar personal por el caso Odebrecht, proceso en el que será enjuiciado en noviembre próximo.
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