Las cárceles de Panamá, lugares en los que conviven al menos 21 mil presos día y noche, esconden un robusto mercado negro en el que se comercializa de todo: armas de fuego, drogas, celulares, licores y electrodomésticos. Todo eso con la complicidad de algunos funcionarios vinculados a la administración penitenciaria.
La corrupta cadena que alimenta el tráfico de objetos prohibidos en las cárceles enlaza a custodios, policías, abogados y familiares de los internos, quienes se arriesgan a introducir artículos prohibidos.
Datos de la Dirección General de Sistema Penitenciario (DGSP) revelan que en los primeros tres meses del 2023 se han abierto 49 procesos de investigación por temas relacionados con casos de corrupción.
Uno de los ejemplos más recientes se dio en la tarde del martes 4 de abril. Las autoridades penitenciarias destituyeron a tres custodios a raíz de que les encontraron artículos que no podían entrar a la cárcel La Joya. La DGSP anunció que acudiría al Ministerio Público para presentar las denuncias correspondientes.
Estadísticas de la institución revelan que en lo que va de este año, se ha “desvinculado” a 33 funcionarios de la entidad, justamente por incurrir en prácticas corruptas. Según los datos, 18 funcionarios presentaron su renuncia y 15 fueron destituidos por la gravedad de las faltas cometidas.
También se investiga a 20 familiares de reclusos que fueron sorprendidos intentando introducir artículos y sustancias prohibidas a las cárceles durante las horas de visita.
El pasado 8 de marzo, otras dos funcionarias del sistema penitenciario fueron sorprendidas cuando intentaban ingresar la suma de $1,500 en efectivo y dos celulares a la cárcel La Joya. En tanto que el 13 de febrero, el propio ministro de Gobierno, Roger Tejada, anunció la destitución de 12 funcionarios del sistema penitenciario, entre custodios, psicólogos, trabajadores sociales y funcionarios de la junta técnica penitenciaria, por otorgar concesiones a los privados de libertad.
La destituciones se produjeron poco después de un tiroteo en la cárcel La Joya, en el que falleció un subteniente de la Policía Nacional y un preso, tras el enfrentamiento de bandas rivales.
Las investigaciones de este hecho revelaron que los internos tenían armas escondidas en el interior del penal y que las usaron para un ajuste de cuentas.
Tras el incidente se practicó una requisa en La Joya, La Joyita y la Nueva Joya, en la que se decomisaron 20 armas de fuego, dinero en efectivo, platinas y pequeñas cantidades de droga.
En requisas anteriores, las autoridades han ubicado en los penales chicha fermentada y hasta gallos de pelea.
El pasado 27 de marzo, durante una requisa en La Nueva Joya, se ubicaron tres pistolas 9 milímetros, tres proveedores, 162 municiones, pequeñas cantidades de droga y armas punzocortantes.
Mientras que el 6 de marzo pasado, un agente policial fue destituido del cargo, tras ser detenido por llevar cinco teléfonos celulares a La Joya.
Algunos internos pagan hasta $2,000 por un celular que les permita mantener contacto con el exterior.
Investigaciones del Ministerio Público revelan que desde las cárceles operan redes que se dedican a realizar estafas telefónicas y simular secuestros para obtener dinero.
En diciembre de 2019, un enfrentamiento entre bandas rivales en La Joyita dejó 12 presos muertos y otros 13 heridos. Tras el tiroteo, las autoridades encontraron fusiles y pistolas dentro del penal.
Un informe de la Fundación de Investigación y Análisis del Crimen Organizado, InSight Crime, revela que las cárceles panameñas son altamente vulnerables por la falta de tecnología y personal calificado para realizar las tareas de control de la población penitenciaria.
Entre las principales falencias encontradas por la fundación se encuentra la falta de detectores de metal, escáneres y bloqueadores de señales de telefonía celular.
El ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, advirtió que todo funcionario de la Policía que sea sorprendido introduciendo artículos prohibidos en las cárceles será sometido a un proceso disciplinario y destituido del cargo.
Pino explicó que el personal que se encarga de las requisas no tiene nada que ver con el personal del sistema penitenciario. Se trata de un “sistema híbrido que está funcionando, porque nosotros no estamos de acuerdo con la corrupción”.
