Aunque las cifras del Ministerio Público indican que hasta noviembre pasado, a las fiscalías anticorrupción llegaron 1,972 denuncias, 479 más que en 2021 (cuando se recibieron 1,493), un repaso a los acontecimientos del país durante el año pasado muestra que no se destacan acciones promovidas por la entidad para perseguir la corrupción en ministerios y otras oficinas del Gobierno. Las denuncias contra funcionarios fueron interpuestas por particulares.
En cambio, sí destacan acciones de las fiscalías en hechos ligados a la administración de justicia. Se encuentra la investigación contra Nicel Solano, abogada que laboró en el despacho de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Maribel Cornejo, y que, de acuerdo al MP, filtraba información a la pandilla Humildad y Pureza, vinculada al Clan del Golfo, grupo colombiano dedicado al crimen organizado.
Otro de los casos que acaparó la atención en 2022 es la imputación de cargos al exjuez Gerardo Ríos, por la excarcelación de José Cossio, presunto líder de la pandilla Calor Calor, condenado por delitos relacionados con drogas.
También está en la lista la investigación a funcionarios del Órgano Judicial y de la Dirección General del Sistema Penitenciario, por la liberación de cuatro narcotraficantes colombianos que habían sido condenados a 10 años de prisión.
El Banco Nacional
Otro caso relevante que acaparó las miradas públicas en 2022 es el que está relacionado con el hurto a la sucursal del Banco Nacional de Panamá (BNP) en Calidonia. Se investiga a tres personas que laboraban en la entidad bancaria, por la presunta comisión de blanqueo de capitales y corrupción de funcionarios.
Las fiscalías anticorrupción también pusieron su mirada en otro grupos de funcionarios del Ministerio de Salud por supuestas irregularidades en la contratación para el servicio de recolección de desechos en varios hospitales a raíz de la pandemia de Covid-19. Las diligencias realizadas por el Ministerio Público en este caso incluyeron allanamientos en Condado del Rey, donde se dio con la aprehensión del exdirector Nacional de Administración del Ministerio de Salud. La investigación se inició en abril de 2022, por hechos relacionados a 11 contrataciones a través del procedimiento especial de emergencia para la pandemia de la covid-19.
Panamá salió mal parado en el índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional. En el índice de percepción (en el cual 0 significa más opaco o corrupto y 100, más transparente), Panamá obtuvo la calificación de 36, ocupando la posición 106 en una lista de 180 países que fueron evaluados. Panamá está igual que Costa de Marfil, Ecuador, Moldavia y Perú, todos con 36 puntos.
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, estimó que entre la lista de agravios a la institucionalidad democrática está la impunidad en los casos de corrupción; el uso de la planilla estatal como un botín político; el uso discrecional de fondos públicos; el clientelismo y los gastos injustificados; la falta de transparencia y rendición de cuentas en los contratos y concesiones estatales, y la falta de transparencia y rendición de cuentas en el uso de fondos en el estado de emergencia, declarado en pandemia.
Abogados denuncian
Una de las críticas surgidas en el 2022 relacionada con el manejo de fondos públicos está relacionada con la asignación de auxilios económicos por parte del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu). El abogado Gonzalo Moncada Luna denunció al director de la entidad Bernardo Meneses, por la presunta comisión de los delitos de peculado y tráfico de influencias. Se desconoce el estatus de esta pesquisa.
En enero de 2022, el abogado Abdiel González denunció al contralor Gerardo Solís por la presunta omisión de sus funciones como servidor público, a raíz del escándalo por los millones usados en los gobiernos locales para salarios, dietas y gastos de movilización, entre otros. En agosto pasado Gonzalez pidió información sobre el avance del caso y en el MP le dijeron que no le podían mostrar la carpetilla, porque está “en reserva”, a pesar de su condición de denunciante. No obstante, le dijeron que el proceso seguía activo. Hasta ahora no se ha informado el estatus de este proceso.
Mientras que en diciembre pasado, el abogado José Moncada Luna, en representación del ciudadano Heraclio Bustamante, interpuso una denuncia para que se investigue la asignación de fondos para el alumbrado navideño de diferentes parques del distrito de Panamá. El alcalde capitalino José Luis Fábrega otorgó un contrato directo ($2.9 millones) a Contraseñas, S.A., para este servicio. Recientemente, Fábrega comunicó al presidente de la empresa que tomaría medidas a raíz de las deficiencias en los trabajos.
