Los señalamientos efectuados por el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli “constituyen un elemento de convicción que permite establecer que existe fundamento para determinar la existencia de posibles actos delictivos del ahora diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y presidente del partido Cambio Democrático, Ricardo Martinelli”.
Esta es la conclusión del fallo que aprobó el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el pasado 28 de enero, con ponencia del magistrado Oydén Ortega, en el que admitió el conocimiento de un proceso contra Martinelli por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.
La investigación del caso se inició a partir de una querella penal interpuesta contra el exgobernante por el ex candidato presidencial Juan Jované el 7 de enero pasado. Siete días después, el 14 de enero, la Fiscalía Segunda Anticorrupción –que acusa a Tamburrelli de peculado– envió copia autenticada del expediente a la CSJ para que determinara si investigaba a Martinelli.
En su declaración indagatoria, Tamburrelli indicó que el contrato para la compra de comida deshidratada por $45 millones con fondos del PAN fue ordenado por el exmandatario Martinelli.
En el fallo de la CSJ, al que este diario tuvo acceso ayer, se niega el recurso presentado por Jované, debido a que “no posee la condición de legítimo querellante”.
Sin embargo, Ortega sustentó la decisión de admitir la denuncia en la indagatoria de Tamburrelli y citó textualmente varias partes de esta. Una de esas citas fue: “No hubo estudios [;] eso vino directamente del presidente Ricardo Martinelli, con cantidades y montos. El Presidente me llamó telefónicamente al teléfono de la oficina del PAN y me dijo que ejecutara el proyecto, porque eso va porque va”.
Los magistrados Luis Ramón Fábrega y José Ayú Prado razonaron sus votos. El primero argumentó que antes de admitir la denuncia se debió suspender el proceso hasta que el Tribunal Electoral (TE) le levantara el fuero electoral a Martinelli. “Queda la incertidumbre de si con la petición de levantamiento del fuero electoral de que goza Ricardo Martinelli, se entiende suspendido el término previsto por ley”, planteó Fábrega.
Por su parte, Ayú Prado coincidió con Fábrega al considerar que no solo se debió suspender el proceso, sino que ni siquiera se debió designar al magistrado fiscal y al juez de garantías hasta que se levantara el fuero electoral a Martinelli. Además, dejó clara su preocupación de que al admitirse la causa penal sin suspenderse la investigación “fácilmente se puede malinterpretar que a partir de mañana (29 de enero) se inicia el plazo de dos meses para investigar”.
No obstante, concluyó que el hecho de que Tamburrelli mencionara a Martinelli en su indagatoria “es suficiente para que se inicie una investigación”.
Alegó que, de igual forma, el pleno debió considerar la solicitud de impedimento de Fábrega, porque en la indagatoria Tamburrelli mencionó a su hermana, la exviceministra de la Presidencia María Fábrega.
Además de asumir el conocimiento de la denuncia y de no admitir a Jované como querellante, en el fallo se designó al mismo Ortega como fiscal en el proceso y al magistrado Jerónimo Mejía como juez de garantías.
El fallo, cuya decisión fue unánime, ordenó pedir el levantamiento del fuero de Martinelli al TE, pero hasta ayer este trámite no se ha concretado, debido a que no se había notificado a Jované ni a los abogados del exgobernante, Rogelio Cruz y Sidney Sittón.
Martinelli está fuera del país y su paradero es desconocido. El pasado 30 de enero acudió a la sesión plenaria del Parlacen y allí se le informó de que no goza de inmunidad.
NOTIFICACIÓNJované acudió la mañana de ayer a la Secretaría General de la CSJ y solicitó copia del fallo. A su vez, entregó una carta abierta a los magistrados de la CSJ, que enumera siete puntos.
Argumentó, por ejemplo, que “cualquier mala utilización de los fondos públicos en un país cuyo déficit lo obliga a endeudarse, genera una doble victimización de todos los panameños”.
Por su parte, Cruz y Sittón se notificaron en la tarde y anunciaron un recurso de reconsideración del fallo. Sittón informó que pidieron una audiencia al juez de garantías, para advertirle sobre las que consideran causales de nulidad del proceso.
El abogado no reveló dónde está el expresidente, pero confirmó que su gira en el extranjero culmina a finales de este mes.Pidió que la Fiscalía Segunda Anticorrupción, que lleva una investigación por el caso de la comida deshidratada, llame a los ex directivos del PAN Demetrio Papadimitriu, Federico Suárez, Susie de Varela, Alcibiades Vásquez y Guillermo Ferrufino, para que declaren en cuanto a su obligación de fiscalizar los fondos de dicha entidad y que se determine su responsabilidad.
