La Procuraduría General de la Nación dio a conocer este miércoles que, desde el 1 de diciembre pasado, inició una investigación por la presunta comisión del delito contra la administración pública en perjuicio de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), el mismo día que la denuncia fue presentada por el subadministrador de esa entidad, Luis Carlos Stoute.
En un comunicado, la Procuraduría informó también que, mediante una resolución emitida este miércoles 6 de diciembre, el caso fue remitido a la Fiscalía Superior Anticorrupción, despacho que lo recibió ese mismo día, a las 4:30 p.m.
Esta fiscalía se encargará de la práctica y completar las diligencias “ya iniciadas”, se detalló en el escrito oficial.
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— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) December 6, 2023
En este caso, hay que decir que el subadministrador de la AIG, Luis Carlos Stoute, fue el que presentó la denuncia en cuestión y en la cual uno de los posibles implicados podría ser Luis Oliva, el que hasta hace unas semanas fue el administrador general de esta misma entidad. Oliva es ahora candidato a diputado en el distrito de San Miguelito por el oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD).
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Lo que señala la denuncia
La denuncia de Stoute indica que se han hecho hallazgos −definidos como “irregularidades o claros indicios”− en la posible perpetración de “delitos contra la administración pública, por lo que se solicita las averiguaciones correspondientes”.
La denuncia tiene relación con la plataforma digital denominada “Listo”, usada para pagar a los beneficiarios del programa del vale digital, cuyo desarrollo inició la AIG en 2020, a inicios de la pandemia de la covid-19. No obstante, actualmente dicha plataforma es administrada por una empresa privada que cobra a los proveedores del vale digital por su uso; también se encarga de un programa de “factoring”, por la cual igualmente recibe una comisión.
El vale digital fue un mecanismo implementado por este gobierno para brindar apoyo a los trabajadores despedidos o con contrato suspendido, como consecuencia del cese de actividades económicas producto de la pandemia respiratoria.
En su denuncia, Stoute contó que Luis Oliva, administrador de la AIG hasta octubre pasado, puso en marcha los planes de migrar el software a la plataforma Listo, luego de que Cable & Wireless (C&W) comunicara que suspendería la prestación del servicio, alegando falta de pago, en diciembre de 2022.
Stoute sospecha que Oliva aprovechó el desacuerdo con C&W para entregar la administración del programa a otra empresa privada.
“Nuestra conclusión es que lo acontecido realmente debe investigarse, incluyendo la versión de CWP, y las intenciones reales de la migración”, indicó Stoute en su denuncia, pues “desde el mes de julio de 2022 ya existía una motivación y estrategia para pasar la operación de pagos a la nueva empresa [proveedora del servicio, llamada Fintek, S.A.], sin que pareciera obvia una necesidad o justificación legítima para hacer esto”, porque la plataforma de CWP “funcionaba correctamente”.
Es por ello que Stoute sospecha de “acciones indebidas e irregulares, y posiblemente delitos en el proceso”, que es lo que ahora deberá investigar la fiscalía.
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En medio de estos señalamientos, Oliva presentó este miércoles ante el Tribunal Electoral su renuncia al fuero penal electoral, del cual goza como candidato a diputado del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) en San Miguelito.
“Como no debemos nada, no tenemos ningún problema que se investigue”, afirmó Oliva.
