La jueza primera liquidadora de causas penales, Agueda Rentería, alegó que la prescripción de la acción penal decretada a favor de 337 personas en el caso de irregularidades en la compensación económica a dueños de buses tipo diablos rojos, se produjo por la lentitud en la tramitación del caso. Esta afirmación está contenida en el Auto Mixto No.10 del 12 de diciembre de 2022, con el que Rentería abrió causa criminal y decidió enjuiciar a 198 imputados.
En el documento, Rentería advirtió que “la prescripción implica la impunidad de un delito que ocasionó una significativa lesión patrimonial al Estado”. No obstante, reconoció que esta investigación involucró a muchas personas y, por tanto, requirió múltiples diligencias.
Sobre los 198 investigados que serán enjuiciados, manifestó que la pesquisa realizada por la Fiscalía Anticorrupción demostró que la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) nunca tuvo el registro de todos los diablos rojos que operaban en la capital y San Miguelito. Añadió que esa falta de control, " provocó un desenfreno que golpeó el erario” .
Según Rentería, el Estado pagó “en exceso” a propietarios de buses que ni siquiera prestaban el servicio de transporte. También reconoció que hubo una inacción de la ATTT y de las organizaciones transportistas, quienes debían actuar de oficio ante las irregularidades en el proceso de compensación.
Entre los llamados a juicio hay 79 funcionarios que laboraban en la ATTT, fiscalizadores de la Contraloría y de la Secretaría de Metas de la Presidencia de la República y representantes legales de prestatarias del servicio de transporte público.En ese grupo están, por ejemplo, los exdirectores de la ATTT Jorge Ricardo Fábrega, Marcos Mora, Ventura Vega y Roberto Moreno.
Entre las evidencias valoradas por el tribunal se encuentra una inspección ocular realizada por la fiscalía al recinto donde se recibían los buses ya compensados. El lugar está ubicado en Howard, en el área oeste de la capital, y allí se detectó que algunos de los vehículos fueron pintados con brocha con la intención de adoptar los colores que usaban los diablos rojos que sí calificaban para la indemnización. También encontraron calcomanías sobrepuestas para ocultar las huellas de distintas rutas de transporte y certificados de operación alterados.
La jueza Rentería también valoró las auditorías de la Contraloría General de la República en las que estableció que existió una lesión patrimonial de $24 millones. La investigación de la Contraloría también reflejó que hubo un incremento de la flota que prestaba el servicio de transporte por los corredores Sur y Norte y que se asignaron cupos con la única intención de compensar a dueños de buses, aunque no prestaran el servicio.
El juicio debe empezar el 1 de septiembre de 2023 a las 9:00 a.m. y se extenderá hasta el 29 de septiembre. Como fecha alterna, se reservó del 9 de octubre al 7 de diciembre de 2023, ambas audiencias a las 9:00 a.m.
Por este caso, la fiscal anticorrupción Anilú Batista –durante la audiencia preliminar celebrada entre los meses de marzo y mayo pasado, en el gimnasio Roberto Durán – había solicitado el llamamiento a juicio de 541 personas.
