La investigación por supuestas irregularidades en el manejo de fondos en 11 juntas comunales de las provincias de Panamá y Panamá Oeste se encuentra paralizada desde hace siete meses.
¿La razón? Un amparo de garantías constitucionales para desestimar el proceso interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia desde febrero pasado, que hasta la fecha no se ha resuelto.
Un informe del Ministerio Público (MP) detalla que en diciembre del 2022, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales concedió una prórroga de un año a la Fiscalía Anticorrupción de Descarga para seguir con las investigaciones, pero dos meses después ese despacho solicitó el expediente a la fiscalía, tras la presentación del amparo. Este recurso fue presentado ante el Primer Tribunal de Justicia, despacho que no lo admitió, y por eso fue apelado en la Corte.
Los efectos de un recurso
El amparo paralizó 49 diligencias de indagatorias que la Fiscalía Anticorrupción de Descarga tenía pendiente, luego de que el juzgado le dio la prórroga para culminar las pesquisas sobre el manejo de fondos en las juntas comunales en el período comprendido entre 2009 y 2014, que corresponde al gobierno del presidente Ricardo Martinelli.
No es la primera vez que esta causa queda en pausa debido a las acciones legales de abogados defensores. Por ejemplo, estuvo paralizada 18 meses, luego que en 2020 se presentaron dos amparos de garantías constitucionales que fueron resueltos en julio de 2022.
Esta investigación se inició a partir de 2014 a raíz de una serie de reportajes periodísticos, pero fue suspendida temporalmente por falta de una auditoría hasta 2018, cuando el entonces contralor Federico Humbert entregó al Ministerio Público 223 cajas con el resultado de los análisis.
En este caso, el liquidado Juzgado Quinto Penal decidió que solo tramitaría los casos concernientes a las juntas comunales que están dentro Primer Circuito Judicial, es decir, las provincias de Panamá y Panamá Oeste.
Según el informe del MP, en las 11 juntas comunales investigadas en Panamá y Panamá Oeste, la lesión patrimonial asciende a $3.3 millones, pero a nivel nacional la lesión se calcula en $25.1 millones.
Se repite el modelo
Las auditorías revelaron graves irregularidades en el manejo de fondos asignados a diputados de diferentes partidos políticos, como facturas falsas y ausencia de documentos que justificaran transacciones por millones de dólares.
El binomio juntas comunales-diputados volvió a escena con el escándalo de la descentralización paralela. El gobierno de Laurentino Cortizo, que ha tenido ya dos directores al frente de la Autoridad Nacional de Descentralización -Francisco Vigil (julio de 2019- abril de 2022) y Edward Mosley Ibarra (abril 2022 a la actualidad)- desafió la Ley 37 de 2009 y engordó los presupuestos de aquellos gobiernos locales que coinciden con los feudos de diputados del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) y de otros diputados aliados a esta administración.
Entre el 7 de junio de 2021 y el 8 de mayo de 2023, se distribuyeron $242.9 millones. Y entre el 9 de mayo y el 23 de junio, se recargó: se desembolsaron otros $18 millones.
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