Transcurridos dos meses desde que la jueza segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, dictó una sentencia condenatoria contra cinco personas, entre ellas el expresidente Ricardo Martinelli y absolviera a otras 10 en el caso New Business, aún el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales no ha resuelto los escritos de apelación anunciados tanto por la fiscalía como de los abogados defensores.
Ayer lunes se conoció que el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales negó dos aclaraciones contra la decisión de ese despacho de acoger un recurso que permite a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada apelar el fallo de Marquínez que absolvió a Gonzalo Germán Gómez, Nicolás Corcione Pérez Balladares, José Carlos Corcione Pérez Balladares, Iván Clare Arias, Aaron Ronny Mizrachi, Vernon Salazar Zurita, Salomón Btesh Btesh, Jack Btesh Hazan, Leo Cohen Mugrabi y Marcos Ángel Acrich.
Se informó que tras notificarse el pasado 4 de octubre el rechazo de las aclaraciones, la fiscalía tiene un término de cinco días para sustentar su apelación y los abogados defensores otros cinco para sustentar su oposición a los argumentos del Ministerio Público.
En cuanto, a las condenas aplicadas a Martinelli, Daniel Ochy, Janeth Vásquez, Iván Arrocha y Valentín Martínez Vásquez se informó que sus abogados y la fiscalía ya sustentaron los recursos de apelación, pero que el expediente con las apelaciones aún no ha sido enviado al Tribunal Superior de Liquidación, ya que se está en el proceso de notificación del recurso de hecho concedido a la fiscalía para que pueda sustentar sus apelación contra las absoluciones.
Fuentes ligadas al proceso explicaron que se trata de un trámite complejo y en el que existen formalismos que se deben cumplir para evitar el surgimiento de nulidades procesales.
También en este caso se encuentra pendiente la realización del juicio a David Ochy, a quien se le decretó ruptura procesal, ya que al momento del juicio mantenía fuero penal electoral por ser precandidato presidencial del partido Realizando Metas. Aún el juzgado no ha fijado una fecha para realizar el juicio contra Ochy.
A David Ochy Diez, directivo de Transcaribe Trading (TCT), la fiscalía lo acusa porque a través de su empresa supuestamente transfirió fondos a la cuenta canasta de New Business Services Ltd., que en realidad eran adelantos que el Estado había entregado a cambio de remodelar la autopista Arraiján-La Chorrera.
En tanto, su hermana Dina Ochy Diez y las italianas Pía María Tolomei Friguerio e Isabelle Bruno Tolomei Friguerio, fueron declaradas prófugas e incluso se emitieron alertas rojas de Interpol para su ubicación, detención y conducción.
Las Friguerio Tolomei están ligadas a la sociedad Condotte Panamá, que logró contratos con el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) para la construcción de las ciudades deportivas de David y de Colón, que nunca se construyeron.
El caso New Business comenzó en el 2017 y tiene relación con la compra con presuntos fondos públicos de la Editorial Panamá América S.A. (Epasa) por 43.91 millones de dólares en diciembre de 2010 cuando Martinelli era presidente.
Durante la audiencia quedó claro que el beneficiario del 60% de las acciones de Epasa era el expresidente Martinelli y el 40% Henry Mizrachi, quien pactó un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público, que implicó la devolución de parte de esos recursos al Estado.
